ESCUCHARPor Marcela Palacios (*)
Se dio un importante paso para romper viejos modelos con respecto al empleo, que -en lugar de precarizar- tiene como objetivo avanzar y acrecentarlo desde una “nueva sociedad del conocimiento”. La necesidad de que llegue al sector público
La idea del teletrabajo no es nueva. Hace décadas está instalada como una modalidad de prestación de trabajo en muchas empresas multinacionales mediante el reclutamiento de profesionales en todo el mundo. En países como Argentina, pueden aprovecharse las ventajas competitivas respecto a la calidad de los servicios profesionales, el personal calificado y los bajos costos asociados a éstos.
Antes del covid-19, Brasil ocupaba el primer puesto en América Latina en cantidad de teletrabajadores. Le siguieron México y Argentina en tercer puesto.
Estos datos, proporcionados por un estudio indicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, dejan en evidencia la confrontación de una realidad innegable y la ausencia de un marco legal-laboral que atendiera de manera integral esta modalidad de trabajo.
La aparición del covid-19 y el DNU 297/2020 causaron gran influencia y la dimensión laboral fue una de las más sacudidas, ya que la adaptación de los actores involucrados llevó a un aceleramiento en la puesta en marcha de esta nueva modalidad, con un vacío legal que derivó en el urgente tratamiento de varios proyectos sobre teletrabajo, en las cámaras de Diputados y Senadores.
Luego de algunas sesiones controversiales y otras críticas, la Ley de Teletrabajo N° 27555 se promulgó.
Más allá de las cuestiones puntuales que se tratan en esta ley, resulta interesante destacar la intencionalidad de transparencia institucional y un objetivo de desarrollo definido, ya que pone en agenda pública una problemática preexistente que la ley pretende abarcar.
Desde mi punto de vista, creo que con ésta se logra un importante avance para el derecho laboral al intentar regular las relaciones entre ambas partes, en una realidad que ya estaba sucediendo y que es una demanda en muchas ocasiones tanto del trabajador como del empleador.
También, es un paso importante para romper viejos paradigmas respecto al empleo que, en lugar de precarizar, tiene como objetivo avanzar y acrecentarlo desde una “nueva sociedad del conocimiento”, que es el presente y el futuro al que estamos mutando.
El sector público no queda fuera de este análisis.
Si consideramos un microentorno, como las administraciones públicas locales, se puede apreciar que en los últimos años ha habido un detrimento sostenido de la recaudación de recursos propios (como tasas y contribuciones), consecuencia de varios factores socioeconómicos, sumado a la inflación que afecta las cobranzas de dichos recursos, que se hace a precios históricos; pero las compras y servicios que deben abonar siempre están ajustándose a los índices de inflación, por lo que ese “desfase financiero” cada vez es mayor, lo que que obliga a repensar los roles de los municipios, las prioridades de gestión y la inherente incorporación de nuevas metodologías, orientadas a la “eficiencia en el uso de los recursos”.
En esta búsqueda de nuevas alternativas aparece el empleo público como una fuente inexplorada de capital intelectual que ha sido estigmatizada durante décadas.
Es sabido que el capital humano es una gran fuente de valor en cualquier organización. El éxito de ésta depende mucho de las personas que la conforman y en ella trabajan.
El sector público no debería ser la excepción.
Por ello, veo una oportunidad, en este contexto, de aportar la modalidad del teletrabajo en la Administración pública, siendo un derecho del trabajador poder optar por ella y un beneficio para las administraciones públicas locales, ya que puede ser altamente efectiva para contribuir en la mejora tanto del clima laboral como de la productividad y de la calidad en el servicio prestado.
Brindar la posibilidad de que los trabajadores accedan a un trabajo remoto o teletrabajo puede elevar la productividad, reducir costos y gastos corrientes, mejorar notablemente la eficiencia de los procesos internos e incluso obtener valiosos resultados en los indicadores de rendimiento del personal relacionados con la salud y el ausentismo.
Para la Administración pública local puede significar un gran aporte a su misión del desarrollo local, a la vez que, considerando que la masa salarial de la planta permanente no tiene mucho margen de movilidad económica, la incorporación del teletrabajo puede resultar altamente beneficiosa en la busca de objetivos específicos.
Los trabajadores que adhieran a la modalidad de teletrabajo pueden funcionar aplicados a proyectos de gestión que requieran de investigación, análisis, confección de proyectos o informes u otro tipo de funciones o labores que les permitan expresar su potencial, alimentando el compromiso, la motivación, el equilibrio entre la vida laboral, profesional y familiar, lo cual genera un bienestar integral que se convierte en mejores resultados para ambas partes.
La pandemia es la oportunidad que tenemos de reorganizar y “acomodarnos” para enfrentar las nuevas exigencias que traerá la “nueva normalidad”, y el Estado,en todos sus estamentos, debe estar a la vanguardia como principal promotor y gestor de la economía y procurador principal del bienestar común.
(*) Lic. en Administración. Magíster en Administración Pública, especialista en Desarrollo Local y diplomada en Gestión de Proyectos
