La necesidad de integración, equilibrio y armonía para un Programa de Finalidad Común

“Los argentinos hemos aprendido por la experiencia que nos permitió vivir esta democracia, que el que no participa de las decisiones queda afuera de los resultados, de aquí que la convocatoria a la concertación es funcional con la maduración del pueblo argentino en su camino inexorable hacia la construcción de una comunidad organizada, por la que los intereses de un actor deben ser armonizados y resueltos en relación al resto de los sectores participantes y en compatibilidad con un Programa de Finalidad Común, para todos los argentinos”.
Jorge A. Dall’Aglio

Provincias y regiones que conforman una nación

Por cuestiones partidarias o sectarias se fueron construyendo concepciones separatistas que de alguna manera incidieron sobre las comunidades y modelos democráticos, alimentando odios, egoísmos y posturas distintivas, perdiéndose la alternativa de concentrar los esfuerzos de todos en el combate contra los estigmas y tragedias que padecemos los argentinos.

Antes de avanzar en otras consideraciones, reitero lo que sucede en el sector político como en el público en general cuando se confunde Estado con gobierno. “Estado es el concepto político donde se integran territorio, población y poder. Se basa en la distribución funcional del poder, creando organismos a los que se les atribuyen funciones. En resumen: el Estado es la máxima forma de organización jurídica de los ciudadanos que integran una sociedad. Es la organización política, mientras que el Gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de las finalidades que establece el Estado”.

Por lo tanto, deberíamos considerar que la responsabilidad sobre la existencia y proyección de la nación no es atribución exclusiva del gobierno nacional. Su misión debe ser convocar -en el caso de una guerra, de cualquier cercenamiento de nuestro territorio, de una pandemia o de la elaboración de un proyecto nacional, etcétera- a todos los estamentos del Estado, como también instituir un comité de emergencia que vehiculice las decisiones establecidas, para que la sociedad participe en la superación de tales tragedias porque está en peligro la subsistencia misma de la nación.

Algunos Estados provinciales han pretendido -bajo estas políticas que desdibujaron la esencia de lo nacional, que comprende todo el territorio argentino, las provincias y regiones, las Islas Malvinas y nuestra proyección hacia el Atlántico Sur- establecer proyectos propios, desligándose de las cuestiones inherentes al tratamiento de tales problemáticas. Como si porteños, santafesinos, cordobeses o salteños nada tuviéramos que ver con el destino de Argentina.

Las fronteras interprovinciales o interregionales son meras líneas, no murallas infranqueables que nos impiden armonizar las diferentes posibilidades y alternativas según vías de comunicación, tratamiento de los ríos y recursos, o fijar políticas internacionales cuando deban ser compatibilizadas en función del proyecto que identifique a Argentina como nación libre, independiente y soberana. 

Esta actitud y decisión deberían ser más que suficientes para disponer que los potenciales recursos que la naturaleza ha distribuido a lo largo y ancho de nuestro territorio, sean compartidos por el país en su conjunto, ya que es una incongruencia competir y no compartir con el resto, como si dichos recursos y producciones no debieran usufructuarse en beneficio del país y de las necesidades que tiene toda la sociedad. 

Lo mismo ocurre con las diferencias económicas y sociales, ya que la Argentina se realizará plenamente con todos los que la integramos. 

Por lo tanto, es esencial comprender que el progreso de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe o de cualquier otra provincia no puede realizarse en soledad e independientemente de lo que pase en el resto del país. Si esto sucede es porque hemos dejado de considerarnos argentinos y nos hemos encerrado en nuestras propias y especulativas particularidades. 

Pensar sólo en la solidaridad social es quedarnos a mitad del camino cuando lo fundamental es integrarnos, con equilibrio y armonía, a un proyecto común. La pérdida temporal de las islas Malvinas, el endeudamiento externo, una pandemia, el cuidado y defensa de nuestras fronteras, la pobreza extrema o el desempleo, el modelo de país, etcétera, son tesis esenciales y corresponde que todos los argentinos nos preocupemos y ocupemos del tratamiento y solución de cada una de ellas.

Nación vs. autonomías provinciales

A esta altura de los hechos y realidades resulta evidente que nuestro país, como expresión de una comunidad con cultura e identidad propia y de un territorio perfectamente delimitado, ha vivido un proceso de desglose, no sólo en lo social y sectorial sino también en lo  territorial. Muchas provincias fueron extremando la utilización del concepto de autonomía para paulatinamente sustraerse de las responsabilidades que les corresponden por ser parte de la Nación, desentendiéndose de los problemas integrales y estratégicos que la afectan.

Los sucesivos gobernantes -absorbidos por cuestiones partidarias, proyectos personales y el renacer del caudillismo- hicieron que sus gestiones provinciales quedaran ceñidas a intereses exclusivamente locales y a veces partidarios.

La primera observación que se me ocurre exponer es que cuando una nación no tiene definido el rumbo de su destino y no ha elaborado con todos los actores políticos, sectoriales y sociales (o sea, la sociedad en su conjunto) un proyecto de alcance nacional, cada región, provincia o municipio desarrolla su gestión bajo la única preocupación de resolver sus problemas y proyectos, independientemente de lo que pasa en el resto del país, y sólo reacciona cuando algo supera las posibilidades de solucionarlo por sus propios medios.

Como simple ciudadano preocupado por las controversias institucionales entre los gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por las cuales ésta interpuso un amparo en la Justicia provincial, busqué en la Constitución Nacional y en las reformas introducidas por la Convención Constituyente del 22 de Agosto de 1994, los alcances y atribuciones que les otorgan a las autonomías provinciales.

En el Título Segundo – Gobiernos de provincia – desde el artículo 121 al 128 se establecen los poderes delegados por la Constitución a las provincias, y específicamente en el 128 dice textualmente: “Los Gobernadores de Provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la Nación”. Pero el art. 99, inc.3, de la Constitución expresa que los DNU (decreto de necesidad y urgencia) sólo tienen rango constitucional sin son refrendados por la Comisión Bicameral Permanente. 

A su vez, el artículo 129 dice en su introducción lo siguiente: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su Jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación”. 

Con estos antecedentes constitucionales -que para mí particularmente no son suficientemente claros y precisos- el Gobierno nacional como otros muchos gobernantes han venido utilizando los DNU y han impuesto determinadas políticas sin que tal vez se hayan cumplido todos lo pasos constitucionales, y sólo son protestados por los que sostienen controversias interesadas o expectativas electorales.

Por tales hechos, estas disposiciones no logran restablecer el sentido de la construcción conjunta entre todos los estamentos institucionales, debido a la falta de altruismo de muchos dirigentes e instituciones del país en la misión de encontrar el diálogo y el consenso que nos permita superar juntos la presente crisis.

Por un Programa de Finalidad Común

Esto requiere decidir por dónde debemos empezar antes de determinar un cronograma electoral o gobernar sólo por haber ganado una elección. Resulta primordial que la sociedad argentina consensúe, entre todos sus actores que sientan la responsabilidad de ejercer, un Programa de Finalidad Común que cubra los temas que son de consistencia estratégica, profundo sentido social y participación preponderante de todas las organizaciones y entidades intermedias.

La Nación, sus regiones, provincias y municipalidades, junto a todos los argentinos sin discriminación de ninguna naturaleza, estamos sustraídos por la interferencia que ejercen confrontaciones sectoriales o partidarias. 

Por lo tanto, no contar con un proyecto estratégico, con un rumbo preciso del crecimiento económico y desarrollo social y no saber con precisión qué es lo que debemos hacer para salir definitivamente de esta crisis, es asimilarnos a las mismas circunstancias de aquellos que pelean en un barco sin rumbo ni timón.

En medio de una tempestad, corremos serio peligro de hundirnos en las oscuras aguas de la decadencia.

^{(*) Presidente del Foro Productivo Zona Norte (FPZN)}