miércoles 20, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

La necesidad de acciones de seguridad sólidas y eficientes

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 Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Cualquier encuesta de opinión coloca la cuestión de la seguridad como uno de los temas que ocupan el top 5 de las principales preocupaciones de los argentinos.
Uno de los factores que contribuyen a ello es la desconfianza que tiene la población en la actuación de sus fuerzas de seguridad, sobre todo de los policías locales. Respecto de otras fuerzas, de tipo intermedio con elementos de las estructuras militares, la aprehensión decrece. Sin embargo, éste no es un tema solo local sino que es compartido en Latinoamérica. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 47% de los latinoamericanos no confía en su policía.
El auge de los sistemas de seguridad privada es una muestra de ello. Una modalidad que ya no se reduce a instalaciones fabriles o grandes superficies comerciales, sino que también abarca en un porcentaje cada vez mayor presencia con casillas en barrios o grupos de vecinos que la contratan para una determinada zona.
Aun cuando logre algún resultado específico, no es lo deseable ni mucho menos soluciona el problema global de la sociedad. En una sociedad “sana” en la materia, la actuación privada se reduce al interior de lugares igualmente particulares y no “comparte la calle” con la actuación de las fuerzas públicas. Ni se erige en una forma tácitamente aceptada de salvar las deficiencias de estas últimas.

Uno de los errores que se cometen es creer que el problema reside en la poca inversión y en la falta de recursos económicos para combatir la criminalidad. Sin embargo, la relación entre aumento del gasto y una mayor seguridad no siempre se verifica. Según el informe citado, en la última década nuestra región ha aumentado un 34% su gasto en seguridad y, sin embargo, los indicadores de seguridad “no avanzan tan rápido como se desearía”.
Es que mejorar los indicadores de seguridad no depende sólo de aumentar el presupuesto sino de muchos otros factores. Entre ellos, contar con fuerzas de seguridad sólidas y eficientes, que es considerado el punto de partida.
La pregunta es cómo lograrlo. Inicialmente hay que tener en claro cuáles son los problemas que presentan las fuerzas policiales. Para ello, no hay más que ver los diarios o hablar con nuestros vecinos para detectar algunos como la corrupción policial, su utilización política, la escasa preparación con la que entran a la fuerza y la idéntica deficiencia en su educación o formación profesional posterior. Incluso, especialistas en seguridad señalan también la escasa representación femenina.

Detectadas estas falencias -y aceptadas- es necesario desarrollar políticas para desarrollar fuerzas de seguridad eficaces. En este sentido, la especialista en seguridad Nathalie Alvarado señaló que los ingredientes para lograr dicho propósito son, además de contar con un buen diagnóstico de la situación, invertir en capital humano: “Es fundamental que los cuerpos policiales cuenten con condiciones laborales saludables y que además promuevan políticas de género inclusivas”. Incorporar nuevas tecnologías, fomentar la transparencia en las fuerzas policiales y generar un acercamiento con los ciudadanos se unen a tal conjunto de necesidades. “Un ejemplo de esto es el sistema CompStat de Nueva York, en donde los jefes policiales se reúnen semanalmente para definir estrategias y rendir cuentas”, afirmó Alvarado.
Entendernos que éstas son algunas ideas necesarias para mejorar la labor de las fuerzas de seguridad y desarrollar políticas contra la criminalidad eficientes, que estén legitimadas por los ciudadanos. No desconocemos que en los últimos años se ha avanzado en este punto, sin embargo es mucho todavía el camino por recorrer.
Esperamos que nuestras autoridades profundicen las políticas destinadas a mejorar la formación y actuación policial. Con ello, no hay dudas de que mejorará la seguridad y los ciudadanos recobrarán la confianza en sus instituciones y mejoraran su calidad de vida.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales

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