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Cuando aún está vigente el escándalo por la criptomoneda conocida como el caso “Libra” en el que se ve involucrado el presidente Milei, y parte de su equipo de Gobierno, se conoció la decisión de la Cámara de Casación Federal que rechazo el Recurso extraordinario presentando por la ex presidenta Cristina Kirchner, en contra de la decisión que confirmara su condena en el juicio de Vialidad, lo que la obligo a presentar la Queja ante la Corte, como última instancia para que la resolución no quede firme.
Casi al mismo tiempo en que se conocía la decisión del Tribunal de Casación se hizo pública la prohibición de entrada al país ordenada por el gobierno de Estados Unidos. La medida, que también alcanza al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a los hijos de la ex presidenta, fue dada a conocer a través de un comunicado del Departamento de Estado, el cual justificó la restricción en el compromiso de Washington de «combatir la corrupción global, incluyendo en las más altas esferas del gobierno».
Según el mismo comunicado «Cristina Fernández de Kirchner y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino».
Lo lamentable de todo ello, más allá de cualquier excusa, justificación, pretexto que se quiera esgrimir (suelen ser más chicanas políticas que razones defensivas genuinas) es que da la impresión de que los argentinos que estamos acostumbrados a que nuestros funcionarios, se vean involucrados en actos de corrupción.
Es que ninguno de los dos casos, son hechos aislados. En un simple racconto de acontecimientos de este tipo que se nos viene a la cabeza, y de manera solo enunciativa, tenemos que en los gobiernos democráticos de los últimos años, han existido dos presidentes condenados, aun sin que las sentencias hayan quedado firmes por cierto, un vice condenado y cumpliendo la pena en la cárcel, un presidente con un acuerdo de reparación integral del daño causado por violar su propio decreto de confinamiento por el COVID-19, lo que implica una asunción de responsabilidad penal, para “zafar” de una condena, por no decir la cantidad de funcionarios de distintas jerarquías, que han pasado y están pasando por similares condiciones.
Siguiendo un principio liminar de derecho penal, reducimos la cuenta a los casos que existe condena o situación semejante. Muchos otros con fuertes denuncias no han avanzado, debido a la ineficiencia de nuestra Justicia. En todos los casos, respecto de funcionarios electos o con poder político. En contraste a eso, por causas mínimas o temas de moda sí se avanza respecto de empleados o funcionarios públicos de carrera cuando no parece divisarse ese paraguas político.
No se nos escapa que existen causas que se “arman” o se “fogonean” por diversos motivos. Y que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero también, que un funcionario público debe tener decoro en la función y eso implica estar alejados de sospechas fundadas de inhabilidad moral. En particular y en especial, los funcionarios de carácter político.
Una cuestión es que exista una causa por una denuncia maliciosa o una investigación dirigida a perjudicar, que normalmente a la corta o a la larga, exhiben su falta de sustancia. Otra muy distinta es tener una condena en un juicio llevado a cabo con todas las garantías y posibilidades del caso. Puede que exista el “lawfare”, pero usualmente no se verifica en quienes lo invocan. Una cuestión es que el funcionario del caso pueda dar las pruebas que acrediten su actuación conforme la ley. Otra que se refugien en excusas o contesten a lo jurídico con campañas políticas.
Debe existir un equilibro que contemple todo esto. Sobre todo, cuando se trata de empleados públicos de carrera, que no ven afectadas sus posibilidades políticas futuras, sino su fuente de sustento presente. Lamentablemente, la amplísima definición de funcionario público, sin distingos, pone a todos en la misma bolsa. Y, por, sobre todo, se hace necesario una justicia que actúe rápido y conforme a los cánones del debido proceso para despejar y establecer lo realmente ocurrido frente a una denuncia. Sea de quien sea.
Se necesita de políticos que lleven al cargo público por curriculum y no por prontuario, como se suele decir. Resultan vitales para administrar la cosa pública y gran parte de nuestros problemas como sociedad existen por los déficits de la política.
Contra lo que usualmente se declama, sobre la idea de que la población se inclina por apoyar a aquellos que “roban, pero hacen”, las encuestas marcan una opinión social diametralmente opuesta. Un estudio de un par de años atrás de Horus Inteligencia Cognitiva, que demostró, que, ante la pregunta de si consideraba “mejor un gobernante deshonesto, antes que un gobernante inoperante”, solo un 35% apoyo esta afirmación mientras que el 65% restante prefería la honestidad incluso por sobre la incapacidad a la hora de elegir a quienes los van a gobernar. Lo que demuestra que, pese a lo que nos quieren hacer creer, la honestidad, paga, incluso en política.
No escribimos este articulo pensando en apoyar o criticar algún color político ni ideológico, lo hicimos pensando en la necesidad de que nuestros gobernantes (ocupen el lugar que ocupen y sean de poder estatal que sea) honren como es debido sus cargos. Estamos convencidos que la honestidad para un gobernante no solo es una virtud, sino que resulta una exigencia inexcusable que tienen con los ciudadanos que han confiado en ellos.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
