La naturalización de prácticas en conflicto con el buen obrar, con el derecho a la vida y con la salud

Por Eliana Álvarez Di Fino (*)

Soy Eliana Álvarez Di Fino. Tengo 37 años, y junto con Pablo, tenemos una hija hermosa de cinco que se llama Josefina.

Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas. Justamente en ese ámbito me gusta invitar a reflexionar a los estudiantes sobre la salud de manera global y a desarrollar una mirada crítica sobre las políticas que se aplican.

Trabajo con colegas en una cátedra en la que abordamos y discutimos temas como el acceso a la salud, a la educación y a una alimentación adecuada como derechos humanos básicos. Derechos que son individuales pero de responsabilidad colectiva. 

Ponemos en tensión el rol de los profesionales de la salud, discutiendo las habilidades sociales básicas que deben desarrollar para su ejercicio profesional en tan complejo entramado, en el que el avance científico, los sistemas de salud y la humanidad misma parecen no confluir nunca. 

Últimamente he puesto en tela de juicio si esta mirada crítica que proponemos tiene algún efecto en la formación.

Durante los últimos años me ha tocado vivir en primera persona cómo la realidad burocrática acaba restringiendo, dificultando y agotando nuestro acceso a la salud.

A los 33 años me diagnosticaron cáncer de vesícula biliar, un tipo de cáncer que afecta con mayor frecuencia a las mujeres y está asociado fundamentalmente a la presencia de cálculos en la vesícula. Si bien no es de las enfermedades oncológicas más frecuentes en el ámbito mundial, su impacto es particularmente importante en la zona andina de Sudamérica y en el noroeste de nuestro país, con incidencias de hasta 21 casos por cada 100.000 habitantes. 

El pronóstico del cáncer de vesícula, como el de muchos otros tipos de cáncer, depende fundamentalmente del diagnóstico temprano y la posibilidad de acceso al tratamiento quirúrgico, combinado en muchos casos con terapia sistémica mediante quimioterapia. 

Desde el momento de mi diagnóstico comencé a recorrer, junto a mi familia y amigos, un interminable camino a través del laberíntico y perverso sistema de salud. 

Hemos soportado todo tipo de ofensas transitando esa compleja situación física y emocional, teniendo, paradójicamente, que luchar por el derecho a cuidar mi salud. 

Convivir con una enfermedad de estas características resulta difícil, angustiante y desafiante. Sumado a ello, nos vimos obligados a lidiar con la burocracia impuesta por quienes deberían garantizar los tratamientos. En este ítem no puedo obviar mencionar la obra social universitaria Daspu (funcional a este sistema, claro), puesto que se ha encargado sistemáticamente de evitar, entorpecer y retrasar todos los tratamientos e intervenciones médicas que el equipo terapéutico ha solicitado. Negó la cobertura de medicación oncológica y retrasó los pedidos de prótesis e insumos para las intervenciones. Todas estas prácticas necesarias y sustentadas en la evidencia científica. 

En este estado de situación hemos sido violentados, maltratados y destratados por el personal, incluso por sus auditores médicos, quienes ostentan una soberbia profesional de tal magnitud que sostienen que debe realizarse un tratamiento específico que se contrapone al indicado por los especialistas. 

Estos médicos, devenidos en burócratas, tienen como misión controlar las prestaciones médicas en pos de proteger la economía del financiador, de manera que en todo el país las obras sociales se niegan a cubrir tratamientos prolongados, especialmente los oncológicos, convirtiéndose de este modo en profesionales completamente funcionales a este siniestro sistema. 

Existen muchas denuncias que detallan estas prácticas: la obra social Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (Iasep) de la Provincia de Formosa, por mencionar algunas. Así queda completamente expuesta la perversa, irresponsable y deshumanizada burocracia, que parece ser más importante que la vida de las personas.

A cuatro años del diagnóstico, gracias a mis afectos y al equipo médico que me asiste, puedo acompañar a mi hija en su crecimiento. Aun así, no dejo de pensar que éste es un “lujo” al que pocos (o casi nadie) accede.

A pesar de todo, seguimos adelante. Soportando las pérdidas recurrentes de los expedientes, el desconocimiento de los recursos de amparo dictaminados por la Justicia federal… y la lista sigue.

Por ello, es necesaria la revisión de los marcos normativos vigentes y los modos de obrar definidos por prácticas cotidianas de repetición y automatización de las “respuestas”. Todo marco normativo y su aplicación ha de estar fundado en la dignidad de las personas, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

No “basta” con que los administradores y profesionales de la obra social universitaria hagan o digan que respetan lo que dice explícitamente (o interpretan de) un protocolo o reglamentación. 

No deberían naturalizarse prácticas que entran permanentemente en conflicto con el buen obrar pero por sobre todo con el derecho a la vida y a la salud. Al menos deberían replantearse sus decisiones y preguntarse si son, como mínimo, prudentes o éticas.

Estas palabras intentan ir más allá de visibilizar la violencia paradójica de Daspu, obra social de la UNC, de la que seguramente mi caso no es el único. 

Esta universidad impulsó la Reforma de 1918. Es la misma universidad que forma constantemente a profesionales de la salud, que es referente en el ámbito internacional en investigación, desarrollo e innovación…

Es la misma universidad que en su currículum académico aborda el Derecho al Acceso a la Salud. La universidad que tiene el tercer presupuesto de la provincia. 

La intención es poner en tensión una vez más estas prácticas penosamente muy habituales en las obras sociales, en las que esta configuración del sistema de salud vulnera sistemáticamente derechos y limita y coarta nuestras oportunidades de vivir, y de vivir con calidad.

Resulta urgente que los profesionales de la salud reflexionen e indaguen en por qué se constituyen en cómplices activos de estos abusos.

La realidad nos interpela con sus desafíos. Es preciso “hacerse cargo” de ella, comprenderla en situación y a partir de un adecuado diagnóstico. 

También “cargar con ella”, lo que requiere tomar las decisiones necesarias de manera oportuna. 

Y, finalmente, “encargarse de ella”, para que sea como debe ser, es decir, asumir las responsabilidades que implica.

La vida de cada persona tiene una coherencia, una concepción propia y de su enfermedad. La vulnerabilidad humana (corporal o biológica y social) debe respetarse. Es necesario -en pleno siglo XXI aún debemos decirlo- el reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos, y un trato con justicia y equidad.

La salud es esencial para la vida y por tanto es considerada un bien social y humano. Los avances de la ciencia y la tecnología han de facilitar una atención en salud de calidad y sus aplicaciones deben compartirse con la sociedad en su conjunto.

Hacia ese futuro quiero dirigirme.

(*) Docente, UNC