Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Entre los años 1879 y 1883 Chile se enfrentó a Bolivia y Perú en el conflicto que se conoce como la guerra del Pacífico o Guerra del Guano o el Salitre. Una guerra vergonzosa, apadrinada por capitales ingleses para apoderarse de los ricos yacimientos de salitre que estaban ubicados en la provincia peruana de Tarapacá y la provincia boliviana de Antofagasta. Por ese tiempo, tal material tenía un importantísimo valor económico, pues era uno de fertilizantes de campos preferidos en Europa. La guerra que terminó con un triunfo total chileno que llegó hasta a ocupar Lima.
Al triunfo siguió el expolio en más de un sentido. La Biblioteca Nacional, fundada por José de San Martín, fue saqueada y hasta usada de caballeriza. La hoy Universidad Nacional de Ingeniería fue convertida en un cuartel y todos sus instrumentos científicos remitidos a Chile. Esa tristísima página de la historia latinoamericana recibe el nombre de “Saqueo de Libros de Lima”. Más de diez mil volúmenes y otros tantos miles de documentos históricos fueron sustraídos del estado peruano bajo la invocación de ser un “botín de guerra”, propiedad del vencedor.
En cuanto a la geopolítica, el fin de la contienda significó, entre otras cosas, la pérdida de la salida al mar del Estado boliviano y la amputación de la parte sur de Perú, en ambos casos a favor de Chile. Y si bien los actos beligerantes concluyeron totalmente en 1884, recién en 1904 finalizó la contienda formalmente con la firma del tratado por el que se fijaron las nuevas fronteras entre Chile y Bolivia.
Con Perú, Chile firmó el Tratado de Lima recién en 1929, con una devolución parcial de territorios por los que la Provincia de Tacna se reincorporó a Perú.
El haber cedido la región de Atacama y consecuentemente la salida al Pacífico trajeron consecuencias gravosas para el pueblo Boliviano, el cual desde aquella época bregó porque se le reconozca el acceso al mar, lo que ayudaría enormemente a mejorar su desarrollo económico. Sin embargo, sus reclamos siempre obtuvieron una respuesta negativa.
Precisamente hace unos días la Corte de la Haya rechazó las pretensiones de Bolivia de sentar a negociar la cuestión a Chile en un fallo que fue un duro golpe para las expectativas del pueblo boliviano, que pretendía poner fin a lo que en el país del Altiplano denominan “la dependencia y sobrecostes logísticos” que tiene que afrontar para importar y exportar sus productos a través de los puertos chilenos.
La decisión consolidó, al mismo tiempo, la posición chilena como país dominante en el Pacífico sur.
Los jueces fallaron contra la pretensión boliviana por 12 votos a favor y 3 en contra, debido a que Chile, a su entender, “no está jurídicamente obligado a hacerlo, porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por ambos países a lo largo de los años así lo indica; tampoco lo indican otras resoluciones internacionales”.
Al explayarse sobre la decisión el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf, manifestó que Santiago no tiene la obligación de negociar con La Paz un acceso soberano al océano Pacífico. Sin embargo, ambas partes han sido invitadas “a continuar dialogando en busca de una solución”.
El caso había creado gran expectativa en ambos países, sobre todo en Bolivia y especialmente para el gobierno del presidente Evo Morales, quien había dado las gracias “al pueblo (…) porque siempre permaneció unido”, según dijo, poco antes de la lectura del fallo. Frente a estos dichos el gobierno de Chile prefirió la cautela: “Hemos escuchado demasiadas cosas del presidente Morales. Escuchemos a los jueces”, fue la respuesta oficial antes del anuncio del tribunal.
Lamentablemente, la tan ansiada salida al mar que reclama Bolivia ha sido jurídicamente rechazada por el tribunal de la Haya, el que para tomar la decisión se basó en pactos firmados por ambas administraciones (recordar lo acordado en el Tratado de 1904) y en otras resoluciones internacionales. Lo que demuestra que las acciones de los gobernantes repercuten a lo largo de la historia en los derechos y condiciones de vida de los países y sus ciudadanos, aún mucho tiempo después de ser llevadas a cabo.
Una lección que no deberíamos nosotros pasar por alto, en un país donde, sin importar quien se halle en el gobierno, se toman medidas cuanto menos apresuradas en no pocas oportunidades.