ESCUCHARPor Alicia Migliore (*)
“¿No se puede nombrar porque es mujer? Tráigame el texto constitucional que lo dice, por favor”.
Esa frase contaba risueña María Teresa Merciadri de Morini evocando la voz del Dr. Oscar Orgaz, en el año 1939. Ésa fue la fecha en que logró acceder al cargo de secretaria de un juzgado Civil, “rentada” después de siete años de desempeñarse ad-honorem.
Tan revolucionaria fue la medida que el noticiero radial de la época, “El Reporter Esso”, difundía que en el Palacio de Justicia de Córdoba ingresaba una mujer como funcionaria por primera vez en el país.
La noticia sacudió los estrados y esa enorme mujer, escondida en un cuerpo tan pequeño, cambió sus lágrimas, antes de impotencia y frustración, por otras de orgullo y alegría: había roto una tradición cruel que excluía a las mujeres.
No conocía entonces, como muchos desconocen hasta la fecha, que en San Juan, durante el gobierno de Aldo Cantoni, en 1927, se había designado como defensora de Pobres, Menores y Ausentes a Emar Acosta, una abogada riojana. Hasta donde investigamos, las dos primeras mujeres con funciones destacadas en la Justicia.
Emar Acosta, además, fue la primera diputada provincial en América, al asumir como tal en 1934, en la provincia de San Juan.
Los silencios las han envuelto a ambas en la oscuridad del olvido: nuestra conciudadana María Teresa Merciadri de Morini no alcanza aún el grado de conocimiento en su ciudad natal, y Córdoba ignora su actuación trascendente en defensa de los derechos humanos. Los riojanos se jactan de haber aportado dos presidentes de la Nación -se refieren a María Estela Martínez de Perón y a Carlos Saúl Menem-; pero desconocen que Emar Acosta fue reivindicada en toda América como primera legisladora.
En otra ocasión hemos abordado someramente la presencia de las mujeres en la Justicia nacional. Señalamos que la Nación llevaba siglo y medio de existencia para ver sentada en un sillón de la Corte Suprema a una mujer, Margarita Argúas, en 1970. Ese avance, negado y olvidado, fue retomado casi 35 años después, al asumir tales responsabilidades Highton de Nolasco y Argibay, en 2004.
La presencia masiva de mujeres conscientes de sus derechos está transformando una cultura patriarcal anquilosada que cede y cede, no sin resistencias, casi con resignación, ante el grito joven de “se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer”.
El ingreso de las mujeres a espacios de poder genuinos es lento, pero ahora, sostenido; ya no se permite construir baches con ausencias femeninas: se reclaman cupos y cuotas y se defienden espacios.
Se tiene conciencia clara de la discriminación que se sufre por ser mujer, la que antes se naturalizaba, y por eso las pioneras ni siquiera la registraban o referían, absortas en custodiar su propio espacio.
En la Justicia de nuestra provincia la participación femenina mantiene cierta similitud con la realidad de la Justicia nacional: la mujer es mayoría en el Poder Judicial, con un más de 60% del total de empleados, lo que significa que los varones no alcanzan 40% en su conjunto. Las cifras parecen auspiciosas hasta que se asciende en las jerarquías: esa proporción se invierte al observar la cantidad de fiscales mujeres, que no alcanza 30% y, si nos detenemos en el rubro de los magistrados, los varones representan 66%, relegando a 34% a las mujeres; las vocales de cámaras no alcanzan 30% del total.
Aunque resulte sobreabundante, es necesario destacar que en ningún caso la proporción se invierte: significativamente los varones son menos pero son los que tienen el poder real.
En la actualidad se puede augurar un avance importante si se analiza la mayoría de mujeres en la planta de funcionarios en cargos inmediatos a jueces, fiscales y asesores.
Además de celebrar las conquistas es necesario homenajear a aquellas que iniciaron y sostuvieron auténticas epopeyas, sin conciencia clara del desafío; sostenidas por un empeño rayano en la tozudez; animadas por la convicción de una igualdad legal que distaba mucho de ser real.
Actualmente existe un compromiso feminista tan absoluto que ofrece suspicacias: a quien se le acerque un micrófono nunca se le escuchará un discurso políticamente incorrecto, aunque su trayectoria anterior indique lo contrario. Elegimos creer que han cambiado quienes hasta no hace mucho tiempo nos enviaban a “lavar los platos” y hoy nos resisten o padecen pero están obligados a respetarnos.
Los refranes y dichos populares refieren saberes indiscutidos. En la justicia, aquello del largo trecho entre el dicho y el hecho es moneda corriente e indiscutida.
Se reclama el machismo que trasuntan los fallos cotidianos y se encienden las alarmas ante la falta de visión de género de quienes administran justicia. Personas formadas con leyes machistas, en una sociedad de igual tenor, requieren formación y un proceso social que acompañe los cambios por los que se libran las batallas. Aunque la vehemencia de quienes creen posible la transformación inmediata y perdurable indique que no se avanza, nuestra militancia y búsqueda permite afirmar lo contrario.
Se avanza en igualdad e inclusión. El desafío es sostener tales avances. Ese “techo de cristal” fue perforado en distintas ocasiones en luchas bastante solitarias e individuales porque no existía el colectivo feminista que hoy gana las calles.
Si esas pioneras en ganar espacios no son reivindicadas por sus congéneres, nadie lo hará. Si los logros se desconocen, volveremos siempre al punto de largada. Si celebramos como novedoso algo que sucedió hace tiempo, por desconocimiento, siempre alcanzará a los machistas que ejercen el poder con mostrar una fémina entre ellos para declararse progresistas.
Decimos que exponen a una mujer como la frutilla de la torta, para decir: “allí está, qué más quieren?”
Igualdad. Igualdad es la respuesta. Surgen entonces los artífices de la meritocracia decididos a negar todo mérito a quienes arribaron, con éxito, a la meta propuesta; dedicarán mayor ahínco en la negativa y la calumnia si en la compulsa fueron superados por una mujer.
Trabajamos cotidianamente para modificar esos prejuicios que tanto daño han hecho a la humanidad a través de los siglos. Y rendimos homenaje a cada osada que quiso, y a veces pudo, romper mandatos y abrir caminos.
En esa lista inscribiremos a María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno, quien quiso ser abogada cuando pocas se atrevían; se interesó por el derecho penal cuando era el reducto más áspero del machismo judicial; fue presidenta del consejo del Menor; fue la primera mujer agente fiscal de la Provincia de Córdoba; después la primera jueza de Instrucción de la Provincia, después integrante de la Cámara del Crimen y en 1983 presidenta de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Córdoba. Nadie puede imaginar después de casi 40 años, la intensidad de machismo de esa entidad, fundada en 1965. La Dra. Spinosa de Ruiz Moreno dio batalla… y la ganó. Hasta la fecha, la única mujer que presidió esa entidad. La otra pionera fue María Esther Cafure de Batistelli. Ambas promovidas por un político que no era feminista pero leía los cambios sociales que se avecinaban. Es justo reconocer, entre tanto cuestionamiento, el coraje de Eduardo Angeloz al remitir sus pliegos al Senado de la Provincia.
Ambas mujeres honraron con creces esa responsabilidad primigenia de debutar entre sus pares varones.
Quienes encabezan las luchas de hoy deben abrevar en estas historias que recuperan las luchas de ayer, con más resistencias y menos adeptas.
(*) Concejal de la ciudad de Córdoba. Abogada-Ensayista. Autora de los libros Ser mujer en política y Mujeres reales.
