ESCUCHARLa inseguridad es un tema -y un problema- recurrente en la preocupación de los argentinos en general y de los cordobeses en particular. Y muchas veces se plantea, tan desdeñosa como equivocadamente, como si fuera una queja exclusiva de la clase media que, según dicen, ve amenazados sus bienes y “privilegios”.
Sin embargo, la inseguridad es un flagelo que no distingue sectores socioeconómicos ni culturales. Más aún, resulta meridianamente claro que castiga más seriamente a los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad, quienes se encuentran entre dos fuegos: por un lado están rodeados de peligros, viviendo en las zonas más epidémicas en cuanto al delito -el avance del narcotráfico es el causante de gran parte de ese incremento en hechos- y por el otro lado la situación de que su voz no sólo no es lo suficientemente escuchada sino que carece de los medios para resguardarse “por la propia”.
Poner una alarma o contratar un servicio de vigilancia en zonas donde el delito parece tener más presencia que la ley, resulta una posibilidad utópica, aun si se contare con los recursos económicos para afrontar su costo. Eso marca una diferencia -no menor- con otros sectores de mayor poder adquisitivo.
Para peor, deben hacer frente a la estigmatización de vivir en un sector “pesado”, “embromado”, “bravo”. Más aún cuando cierto discurso pretende atenuar o, directamente, justificar la comisión de ciertos delitos, relacionando la pobreza con la delincuencia.
Pocas veces vemos en los medios de comunicacion o los diversos actores sociales, y aun en el Estado, diferenciar -al hablar de este tipo de sectores- entre quienes delinquen de aquella otra mayoría que sufren no sólo las penurias propias de la orfandad de recursos sino del problema que implica querer trabajar, estudiar y llevar una vida honesta, bajo el azote del actuar de tales “vecinos” inescrupulosos.
A diario tenemos ejemplos de lo que decimos, pero ahora para terminar sólo trascribiremos lo que dijo la mamá de Jeremías Benítez, el nene de 7 años muerto de un balazo en el barrio Ampliación Cabildo, cuando al salir por detrás de su papá, quien iba al quiosco a comprar una gaseosa, recibió un balazo disparado por un joven que iba dirigido a otro que iba en moto; quien en un reportaje dado a La Voz del Interior dijo: “Vine con la ilusión de que mis hijos iban a tener un futuro digno. Que iban a poder decir que tenían un hogar; la escuela cerca y no a tres kilómetros; con luz, porque donde estábamos antes no tenían luz ni agua corriente… ¿De qué me valió todo esto?
De nada… Me mataron a mi hijo…”, y continuó su exposición refiriéndose a sus otros hijos: “Les mataron un hermano y ellos se preguntan por qué. A la sociedad no le importa. ¿De dónde sacan tantas armas? ¿Cómo hacen para conseguirlas? Acá todo el mundo tiene un arma”.
Lamentablemente, esto es más común de lo que querríamos y lo más terrible de todo es el olvido colectivo respecto de la situación de esta gente que vive atemorizada y con sus sueños hechos trizas por el delito.
Hace un tiempo se hablaba de un fenómeno llamado “favelización” y era preocupante. Se usaba el término como sinónimo del asentamiento en sectores pobres de bandas armadas capaces de disputarle el dominio de ese lugar al propio Estado. No nos gustaba la denominación, pues el sentido correcto del término pertenece al urbanismo, para denominar procesos de “urbanización inversa” en los cuales la consolidación de la vivienda se produce antes de la llegada de la infraestructura y los servicios en un determinado conglomerado urbano.
Pero que no compartiéramos la denominación dada no implicaba que no existiera la posibilidad que ese riesgo de “zonas liberadas” de toda ley. Y hoy debe preocupar, aún más, que nada se hable al respecto.
Ojalá este problema ocupe un lugar más importante en la agenda de quienes se ocupan del delito. No sólo del Estado, pues también se debe desterrar cierto iter discursivo que muy impropiamente pone en un pie de igualdad a delincuentes con honestos.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Magister en Derecho y Argumentación Jurídica.
