ESCUCHARPor Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)
Como juez a cargo del Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba me tocó integrar, a mediados de 1989, la Cámara Federal de Córdoba, para el juzgamiento del general Luciano Benjamín Menéndez, acusado por haber cometido graves crímenes de lesa humanidad.
En la causa, el 4 de diciembre de 1989, de oficio declaré la inconstitucionalidad del decreto presidencial que indultó al antes referido, quedé en minoría, fui el único magistrado que tuvo esa postura, ya que los otros cinco miembros de la Cámara votaron a favor de aplicar el indulto a Menéndez.
Luego, a principios del año 1990, dado que la mayoría de los otros magistrados en otras jurisdicciones del resto del país convalidaron los indultos otorgados a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, presenté mi renuncia al cargo de juez federal. En ese momento, consideré que la impunidad que se consagraba a responsables de crímenes de lesa humanidad hería gravemente la conciencia del valor “Justicia” que debía tener y aplicar el Poder Judicial en Argentina.
Al retirarme del cargo dije que el accionar judicial en la temática mostraba “Una Justicia impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos”.
Quince años después de mi postura, gracias a la fuerza y tenacidad de las organizaciones de derechos humanos, y particularmente de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se logró revertir la impunidad inaceptable. Cabe acotar que, posteriormente, Luciano Menéndez fue la persona con más condenas a cadena perpetua en la historia penal argentina (18 casos) y dos condenas más a 20 años de prisión.
Mas no quise ser profeta en la temática. Pero más allá de mujeres y hombres de bien en lo moral y en lo técnico que integran el Poder Judicial, la realidad sigue demostrando una impronta similar a la que referí, en el accionar institucional del Poder Judicial, particularmente en sus cúpulas y en tribunales con especial poder en determinados temas.
Resulta de mucha importancia democratizar y represtigiar al Poder Judicial. Éste debe ser independiente, pero no indiferente al destino común de la sociedad, de los problemas en su conjunto y no actuar como una corporación que sólo se autodefiende u opera al servicio de otros intereses fácticos.
Asimismo, la tarea del juez en democracia, si bien se debe basar en la ley, únicamente se puede ejercer adecuadamente como poder si está fundada en la “autoridad moral” de quien aplica la norma.
Son los jueces quienes, para tener fuerza moral, deben dar el ejemplo. La sociedad no sólo le reclama al Poder Judicial que trabaje en la búsqueda de la verdad y la justicia desde la ley, sino que demuestre que puede exigir a los demás lo que está dispuesto a exigirse a sí mismo.
Baste señalar, en este aspecto, la imperiosa necesidad de que todos y todas los/as magistrados/as acepten pagar el impuesto a las Ganancias. También los jubilados de la magistratura, que por una simple sentencia y sin poder aducir que les afecta la independencia porque ya no son jueces en ejercicio, tampoco pagan impuesto a las Ganancias (fallo del 11/4/2006, caso “Gutiérrez, O.”).
Tampoco cabe que se acojan a ventajas con privilegios. Esto sucede ahora que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) les dice a los jueces y fiscales que voluntariamente habían optado por sacar la jubilación, que tienen 30 días hábiles para presentar su renuncia o desistir y retirar la carpeta. Resulta que ellos responden ahora que se los persigue, cuando el trámite lo hicieron voluntariamente.
Pero lo que no dicen los supuestos agraviados es que la maniobra de los más de 220 jueces y fiscales que la realizaron pretendía utilizarse para cubrirse cuando se les ocurriera retirarse, por si cambiaba la ley.
Así, decir que se jubilaron con una ley que consideran es más ventajosa. En virtud de ello, si salen nuevas leyes que no les sean beneficiosas, mentendrán la ley del tiempo que optaron o de lo contrario se acogerán a una nueva ley más ventajosa. Es ese juego, que la mayoría de los jubilados no puede hacer, el que pretenden que se convalide; y se ponen en víctimas.
También de esa manera evitan cualquier pedido de juicio político porque, en caso de que éste ocurriera, automáticamente optarían por renunciar y acogerse a la jubilación, ya tramitada. Aún más: en esa maniobra hubo fiscales que, habiendo presentado su renuncia, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo, no querían dejar el cargo. El Poder Judicial no puede convalidar sus propias prácticas, que son de un ventajismo discriminatorio inaceptable.
Tampoco se debe tolerar que se jure por la Constitución Nacional (CN), que establece que los jueces deben retirarse a los 75 años (art. 99, inc. 4, CN), pero cuando llega el momento esa edad se excede. (Una sentencia de un amparo de primera instancia, consentida por el gobierno de Mauricio Macri, permitió a la magistrada de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco seguir en funciones hasta ahora, teniendo 78 años).
Lo referido se potencia negativamente toda vez que los grandes intereses económicos, financieros y políticos saben que cualquier problema grave con la sociedad se arregla teniendo la certeza de que los máximos tribunales de apelación defienden sus intereses. Ellos les garantizan resultados y permiten asegurar la demora de resolver porque, por lo general, las máximas instancias judiciales no tienen plazo para decidir.
A lo que cabe sumar lo que se ha evidenciado recientemente: la participación de jueces y fiscales acordando operaciones mafiosas; condicionando derechos y articulándose con servicios de inteligencia y poderes políticos y fácticos contrarios al bien común.
Así, entre otros múltiples ejemplos existentes en el tema y en una muestra de poder inaceptable, resultó clara la maniobra política de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que no podía desconocer la CN. Sin embargo, se notificó a la vicepresidenta Cristina Fernández que tenía una audiencia en la causa “dólar futuro” el 1 de marzo de este año a las 11, hora en la que debía presidir la sesión en la que el Presidente hace el informe sobre el estado de la Nación (arts. 63 y 99 inc. 8, CN).
¿Querían hacer aparecer que ella no quería ir o mostrar que tiene procesos penales pendientes?
Poder Judicial: ¡basta de genuflexión al servicio de otros intereses contrarios a la ley, la verdad y la justicia!
(*) Abogado constitucionalista. Ex juez federal de Córdoba.
