ESCUCHARPor Marcelo Álvarez (*)
El gran potencial de recursos que presenta nuestro país nos permite pensar en la implementación de un marco regulatorio de alcance nacional que autorice a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a abastecerse con energía limpia con la posibilidad de inyectar a la red. Éste es el modelo más virtuoso para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable generado cerca del consumo, de manera descentralizada y que reduce las perdidas por transporte y distribución.
La acuciante crisis energética que presenta nuestra querida Argentina se presenta a la vez como una oportunidad para planificar y desarrollar políticas de Estado de mediano y largo plazos con el acento en la utilización de energías renovables. Así avanzan las principales potencias y nuestro país está en condiciones de subirse a este barco con perspectivas de liderazgo.
Según las conclusiones obtenidas por un informe que elaboramos en la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), será necesario instalar 1.500 MW de potencia por año para recuperar la reserva técnica de generación eléctrica y cubrir las perspectivas de aumento de la demanda.
El Programa “RenovAr” que lanzó el Gobierno nacional mediante la Subsecretaría de Energías Renovables que conduce Sebastián Kind, es un paso en la dirección correcta ya que, de concluir exitoso, permitirá la instalación de 1.000 MW hacia el año 2017, lo que significará 1.500 millones de dólares de inversión.
Si bien es valorable esta iniciativa, además de avanzar en la construcción de grandes centrales eólicas, de energía solar, biomasa o minihidroeléctricas, es imprescindible trabajar en una nueva ley de generación distribuida que permita a los consumidores particulares adquirir equipos para inyectar energía renovable a la red en los momentos cuando la generación supera la demanda, facilitando el proceso con tarifas promocionales y créditos de los organismos financieros.
Varias provincias iniciaron este camino -Santa Fe, Salta, Mendoza e inminentemente Neuquén- y otras están estudiando el tema con interés de conseguirlo en 2016, pero un marco regulatorio nacional es la vía más veloz y adecuada que permitirá un virtuoso desarrollo del mercado. Así lo revelan las experiencias de otros países.
Con una nueva normativa, el sector eléctrico y la propia macroeconomía gozarán de importantes beneficios: la creación de miles puestos de trabajo y el desarrollo de una industria local, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ahorro de divisas por la no importación de combustibles fósiles, disminución de la presión sobre las redes eléctricas. Y desde el punto de vista social, sin dudas aumentará la conciencia sobre la importancia del cambio climático.
En lo que respecta al empleo en el sector, según un análisis de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) a escala mundial aumentaría de 9,2 millones de puestos de trabajo actuales a 24 millones en 2030.
Y en relación con Argentina, cumpliendo con el objetivo que plantea la ley 27191 de lograr que 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformado por energías renovables, en Cader calculamos que se crearán 60.000 nuevos empleos hacia el año 2017.
En línea con estas propuestas, nuestra entidad está coordinando y colaborando junto con legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas -FpV, FR, Cambiemos, Socialismo, UCR, Bloque PJ-, autoridades y otras asociaciones del rubro, la unificación de criterios sobre nueve proyectos de ley ya presentados en el Congreso Nacional que proponen la regulación de la generación distribuida.
La experiencia es realmente gratificante dado que hemos encontrado gran vocación por parte de los legisladores, por eso esperamos en el corto plazo contar con una sola iniciativa resultante de un interesante proceso de consenso político.
Estas ideas ocurren en un contexto propicio porque el costo de todas las tecnologías renovables viene bajando sustancialmente de precio en el mundo, al punto que en muchas economías son más baratas que la generación eléctrica con base en combustibles fósiles.
Hoy son convenientes para Argentina con respecto a la utilización de gasoil o fueloil importado, pero en pocos años las energías renovables desplazarán las convencionales. Ya está pasando en el mundo y Argentina no será la excepción.
Para citar apenas ejemplos, cabe mencionar que el precio del MWh hacia 2040, según un informe de Irena, estima que en la energía solar bajará 60 por ciento y la eólica 41 por ciento. También son importantes los resultados obtenidos en lo que refiere a acumulación de energía.
Para tomar dimensión del potencial local cabe destacar que la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la energía eólica. Y otro tanto para las solar, biomasa y minihidroeléctrica.
Creo que Argentina tiene la obligación moral de diversificar la matriz eléctrica mediante energía renovable. Si no lo hace por la “mera” responsabilidad ambiental, debe hacerlo porque es más barato, genera más trabajo local y reduce la salida de divisas al exterior. Recordemos que nuestra generación no ha heredado el planeta: sólo lo tenemos en préstamo de nuestros hijos.
(*) Presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
