ESCUCHARPor Nicolás Barbera *
Los actores del ámbito provincial de la Política de Seguridad Urbana se encuentran transitando un nuevo periodo de tensión institucional producto de una combinación de factores, derivados fundamentalmente del impacto que tiene una categoría de problemáticas del campo de acción e intervención policial actual en el marco de una realidad social cada vez más dinámica y compleja. Entre otras, podrían enumerarse: continuidad de hechos delictivos en el plano de la seguridad urbana, con la violencia como rasgo distintivo de ellos, una mayor dinámica en el desplazamiento espacial o de los tipos de delitos más violentos, un contexto de alta conflictividad social expresada en las calles del centro de la ciudad de mayor conglomerado urbano; en donde se observa con atención, una vez más, la cuestión del proceso de formación de los recursos humanos policiales.
En este contexto, es clave repasar y analizar cuestiones como la preparación al momento de tener que aplicar la fuerza, el nivel de entrenamiento que tienen o necesitan para hacerlo, sus conocimientos sobre la escala gradual de su uso y la templanza para no cometer excesos y abordar profesionalmente una situación de violencia, entre otras situaciones. Entre un “mar de dudas”, que no puede ni debe convertirse en resignación de los actores institucionales involucrados, algunas certezas. Una que parece haber venido para quedarse: la necesidad de insistir en la aplicación de procesos de profesionalización policial sólidos y continuos.
Este aspecto implica para las autoridades gubernamentales y de la propia institución policial un seguimiento y atención de tipo permanentes. Incluso pensar modelos de gestión más flexibles y permeables ante contextos hipercambiantes. En este sentido, se puede resaltar la utilidad que se les otorgue a los denominados “protocolos de actuación policial”. Ante la posibilidad de una radicalización de estos escenarios en el corto y largo plazos, al menos, se imponen rápidas respuestas institucionales y los protocolos aparecen como la herramienta más “a mano” a la hora de lograr actualizaciones de corto y mediano plazos en situaciones como las del uso de la fuerza o violencia familiar, por citar algunos ejemplos. En la actualidad, las organizaciones complejas constituyen sistemas caracterizados por las propiedades del no equilibrio, las relaciones no lineales y la autorregulación, con presencia de una estabilidad limitada.
Desde el paradigma de la complejidad, hoy día pierden importancia los conceptos de orden, estabilidad y control frente a los de desorden, conflicto, inestabilidad y diálogo. Este enfoque posmoderno de la gestión organizacional busca hacer visibles: el aprendizaje complejo, la autoorganización, la adaptación y la gestión estratégica como respuestas
propias del cambio paradigmático. Es decir, una institución policial debe estar preparada para vivir “períodos de crisis” casi de manera permanente, y a la vez -aunque suene paradójico- no dejar de seguir aspirando a cumplir con su visión y misión como tal. Todo representa un desafío para ella, cuyo basamento legal e histórico es ser verticalista en la toma de decisiones; con relaciones de tipo jerárquico muy marcadas de mando y obediencia. Si se trata de cambiar las fuentes de legitimación de las relaciones de autoridad desde la Policía hacia la sociedad y hacia adentro de aquélla, en sus distintas escalas jerárquicas, cabe preguntarse por qué no terminan de afianzarse los diseños de modelos policiales más intensivos en su relación con las comunidades; en tanto se reclama repensar las direcciones adoptadas e ir hacia modelos de tipo más intensamente “policialistas”, que implican -entre otras consecuencias- dotar de mayor grado de poder a la policía, con los pros y los contras que acarrearía tomar una decisión política como ésta.
