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Hasta no hace muchos años, todos los que hemos estudiado la carrera de abogacía teníamos por cierto que el derecho se ocupaba de regular la vida civil de las personas desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte.
La primera de las cuestiones, porque el aborto como interrupción del embarazo se encuentra penado por la ley -aunque con las excepciones que posee-, y lo segundo, en relación no ya con la misma vida individual sino en función del patrimonio de la persona y sus derechos sucesorios en términos generales.
En la actualidad, deberíamos señalar que se produjo la expansión tal como conocemos de la autonomía de los derechos de las personas, por la cual las decisiones de proyectos de vida en general de ellas, mientras no afecten a seres humanos o a bienes de terceros, no deberían ser postergados. De tal manera que el sintagma “autonomía y vida personal” no sólo se registra para el capítulo inicial de la vida sino también para el momento final de ella.
Esto es, para cuando el proceso de morir se ha desencadenado, o todavía antes de ello, para cuando la salud se encuentra totalmente afectada por enfermedades que son crónicas, no curables, progresivas y de privación máxima del ejercicio de autonomía por las personas.
La discusión de la eutanasia en sentido lato, y en ese debate lo relativo a la cooperación del suicidio de otro, vuelve a ponerse en agenda por diversos casos clínicos que son viralizados en plataformas y medios, lo que dispara una reflexión para una cuestión que difícilmente encuentre una sola mirada aprobatoria o reprobatoria.
Así entonces, aborto y eutanasia son los capítulos que se han incorporado a la agenda jurídica contemporánea y, como es natural, también son propios a una disciplina que se ocupa de la vida en su relación con los valores morales como es la bioética; sin perjuicio de reconocer los bioeticistas en general, que son tópicos de una excesiva complejidad para su abordaje, en los cuales los argumentos a favor o en contra son múltiples y valiosos todos ellos y, por lo tanto, necesarios por el valor orientativo que tienen para la toma de decisiones ulteriores.
En este orden nos resulta al menos paradójico que las regulaciones jurídicas en términos generales hayan sido más permeables a considerar dentro de sus sistemas legales el aborto antes que la eutanasia. Son más los países del mundo occidental que contemplan el aborto en sentido amplio o restricto que aquellos que han autorizado la eutanasia y el suicidio asistido. Incluso, en alguno de ellos es sólo el suicidio asistido y no la eutanasia.
Decimos que ello es paradojal toda vez que, visualizando el problema desde la perspectiva de la autonomía de las personas, en el caso de la eutanasia no hay -prima facie- ninguna dificultad en considerar que el comportamiento eutanásico importa un proyecto autonómico en el sentido liberal totalmente completo.
No hay ninguna vinculación de afectación directa a ninguna otra persona, y la voluntad de la que desea su eutanasia, en rigor de verdad, no entra en conflicto con ninguna otra voluntad, como es, por ejemplo, la severa discusión que se plantea con el aborto, con el que ya no es tan sencillo decir que la voluntad de la madre es autónoma completamente puesto que existe también otra voluntad silenciada en el útero, de la que no caben dudas acerca de su existencia. Particularmente cuando el aborto se produce ya en un estadio en el que el desarrollo neurológico del feto ya se ha producido como tal.
Sin embargo, volvemos a destacar que en Europa, sólo Holanda, Bélgica y Luxemburgo han legislado sobre la eutanasia. En América, lo han hecho Canadá y Colombia. Mientras que el suicidio asistido está regulado positivamente en cinco Estados de EEUU y también en Suiza. Frente a ello, la legalización del aborto es completamente mayor.
Tampoco se comprenden muy bien las limitaciones legales a la eutanasia, cuando quien quiere su misma muerte -atento al sufrimiento extremo que la enfermedad en cuestión le ocasiona-, expresamente está en condiciones de brindar su consentimiento para ello. Desde este punto de vista, la reciente ley canadiense que la aprueba desde el año 2016 ha impuesto con rigurosidad que el mencionado consentimiento se encuentre despejado de todo grado de opacidad, como puede ocurrir en las otras legislaciones.
Pero ello también lleva a que la persona que quiere acabar con su vida, atento a la inmediatez que debe haber entre consentir y morir, deba en algunos casos precipitar su misma muerte en razón de no saber cuándo la enfermedad le afectará su misma conciencia y, entonces, ya no podrá hacer valer dicho acto.
De todas maneras, en nuestra opinión la autonomía de las personas, sea ella para discutir el aborto o la eutanasia, nunca es tal que pueda ser considerada al margen de los demás. Aunque en el mejor de los casos no perjudique a ellos. Por la sencilla razón de que no se puede vivir comunitariamente creyendo que algunas cosas carecen de efectos transitivos en las demás personas o en el mismo Estado, que es la forma institucionalizada que tenemos para vivir con los demás.
Y si ello es así, naturalmente el argumento de que la eutanasia es sólo la autonomía del que opta por dejar de vivir ingresa en una zona de cuestionamiento de difícil superación. Resulta complejo no advertir que detrás de la admisión legal de la eutanasia -y también del aborto- no exista un interés biopolítico en promoverla. Tal como sabemos, existió otrora en Holanda y no hay por qué pensar que haya desaparecido o sea inexistente en los otros países donde está aprobada la ley.
Pues para medicinas de alta tecnología y completamente socializadas (un enfermo, acaso, de esclerosis múltiple, que lleva gran cantidad de años en ese estado de postración y sufrimiento físico, moral y espiritual), el costo económico es muy elevado y, por lo tanto, con un criterio utilitario bien se podría reflexionar si no sería conveniente que dichos recursos se orienten a fortalecer la medicina preventiva y terapéutica.
Por ello, los proyectos eutanásicos estatales tampoco son tan autonómicos como se puede pensar, sino que tienen una evidente proyección biopolítica. Aunque debemos también decir que es muy complicado encontrar algo en la vida de las personas que no merezca un análisis biopolítico. Por lo tanto, seguir en desarrollo dicha línea de reflexión nos dejará la sensación de que los proyectos autonómicos de las personas nunca serían posibles, puesto que una maximización de la autonomía con otros equivale a sacrificar la misma autonomía.
Lo cierto es que todos los días miles de personas viven y mueren con enfermedades trágicas que les impiden vivir con una mínima calidad de vida. Pues el desarrollo tecnológico aplicado a los cuidados de la vida y toda la batería disponible de soportes vitales han venido a demostrar que cuando los equilibrios naturales son alterados en función de buenas razones, seguramente se producen como consecuencia no querida de ello nuevos aspectos dramáticos.
Para algunos de ellos, la eutanasia aparece un camino que resuelve dicha contingencia vital. Mas crea, tal como hemos considerado, muchos más también.
Recientemente, en Madrid, Ángel Hernández, de 70 años, quien acompañó a su esposa María J. Carrasco durante tres décadas estando ella afectada de esclerosis múltiple, cooperó para que su compañera bebiera la suficiente cantidad de pentobarbital sódico para producirle la muerte.
Este caso nos trae al primer plano una temática que para quienes creemos estar lejos de esa circunstancia sanitaria es algo teórico. Sin embargo, para muchas personas es realmente una cuestión de vida o muerte.
Por ello, en respeto a la misma dignidad de todos los implicados en dichas circunstancias tan dolorosas, el tema de la eutanasia debe ser profundizado en su estudio, sin la perentoriedad que los casos a veces imponen a la agenda pública, los cuales en su mayoría nos devuelven leyes epónimas y anoréxicas de la discusión moral que en ellas se impone.
