Cerca de 50 mil haitianos cruzan cada año la frontera con la República Dominicana. Es una apuesta desesperada contra el hambre extremo y por la vida. No importa lo que le espera en el “Paraíso blanco” de La Española, isla a la que arribó Cristóbal Colón, allá por diciembre de 1492, tras su fantástica aventura ultramarina impulsada por los violentos vientos del Sahara.
La fecha de la emigración haitiana no es casual. Coincide con el comienzo de las labores de la zafra. La esperan ansiosos los braseros, macheteros y cargadores, que intentan salir de la pobreza como los ingenios Central Romana, Cristóbal Colón, Barahona, y Porvenir, que se disputan el primer puesto en crueldad para con sus trabajadores.
La historiografía forense caribeña nos dará invaluables resultados sobre esa enorme tragedia humanitaria.
Las labores agrícolas, desde tiempos inmemoriales, se han prestado para “explotar in extremis” al hombre por el hombre. Esta afirmación no pertenece a ningún pensador marxista sino que fue incluida en el “Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina”, confeccionado por Juan Bialet Massé a pedido del presidente Julio Argentino Roca, un liberal de pura cepa.
La mayor parte de los trabajadores que cruzan la frontera que divide Haití de la República Dominicana llega seducida por promesas de salarios extraordinarios que les efectúan verdaderos chacales, traficantes de carne humana.
En ese estado de indefensión, pronto, muy pronto, los inmigrantes quedan atrapados por los engranajes extorsivos de los guardias fronterizos o de bandas parapoliciales que, después de apropiarse de todos sus documentos, acaban hacinados en los bateyes, galpones cercados con alambres de púas sin electricidad ni agua potable y guardias armados, situación que termina quebrándoles su voluntad.
Razones más que suficiente para que se les exija el cumplimiento de jornadas laborales extenuantes en el mejor de los casos de sol a sol a cambio de un salario miserable.
La OMS, en reiterados informes compartidos con la OIT, se ha preocupado no sólo por una cuestión humanitaria sino por el hecho de que nadie nunca reunió el dinero suficiente para regresar a Haití al estar altamente endeudados o en la situación de ilegalidad, con la visa vencida o en poder de los guardias de frontera, financiados por el Estado y los dueños de los ingenios.
Estado de situación en el que no se han contabilizados los niños que nacen durante el periodo de cosecha y que a los diversos gobiernos dominicanos no les importa su estado de salud, crecimiento y escolaridad.
Diversas organizaciones humanitarias coinciden en señalar que en 2023 sumaban un poco más de 500 mil niños apátridas.
Hace uno poco más de veinte años la sociedad y el Congreso dominicano modificó su política migratoria y adoptó una nueva ley general de inmigración, aun más discriminatoria tanto para los trabajadores negros y sus descendientes como para el resto de los inmigrantes blancos centroamericano.
Fue un extraño retorno a los tiempos de Rafael Leónidas Trujillo. Resurgió desde las cenizas de aquella atroz dictadura que le negaba a los inmigrantes negros y blancos centroamericanos, entre otras cuestiones, la nacionalidad dominicana.
Jesús de Galíndez, en su tesis doctoral -que le costó la muerte- titulada la Era de Trujillo (Editorial Americana, Buenos Aires, 1956), anota el martirologio de dos mil centroamericanos que murieron ahogados en el mar a punta de fusil. Eran, en su mayoría, oriundos de Honduras y El Salvador.
En 2007, el Estado dominicano, siguiendo su tradición segregacionista, aprobó nuevos modelos de documentación personal. A los hijos de extranjeros indocumentados se les otorga un certificado de nacimiento impreso en color rosa.
Este hecho recuerda las antiguas instrucciones de la Inquisición que recibían curas y frailes sobre el uso de márgenes y espacios vacíos en los libros parroquiales para anotar líneas de parentesco y el “extraño hábito de los cristianos nuevos” de bañarse los viernes y vestir de blanco, para celebrar en secreto su antiguo culto.
Esta decisión no hace más que institucionalizar la discriminación, que priva a “ciertas categorías sociales”, específicamente a las personas de origen haitiano, del derecho a la nacionalidad, en función de su pertenencia étnica y del color de la piel, según consta en la denuncia internacional formulada por el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR).
Diversas misiones humanistas han visitado en forma reiterada la República Dominicana, en busca de soluciones integrales a las políticas de segregación que caracteriza la sociedad dominicana, la cual, según informes coincidentes de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, “vive un grave y arraigado racismo (…) respecto a grupos como los haitianos, los dominicanos de origen haitianos, mestizos, indios, morenos, mulatos y negros”.
Un dato curioso que diferencia a la sociedad dominicana del resto de las sociedades caribeñas es el fuerte tono racial de la iglesia Católica, tal como informó en 2007 el relator especial de la ONU sobre el racismo, Doudou Diène:
“La República Dominicana se encuentra en el Hemisferio Norte, marcado profundamente desde su primer contacto histórico con el colonialismo y la esclavitud por la importancia del paradigma racial. El factor racial, el factor del color es un factor de peso que ha estructurado a toda la sociedad en este hemisferio”, señaló.
El relator agregó que durante el régimen de Trujillo existía una política oficial racial que promovía la inmigración de blancos y excluía la de negros.
Por último, destacó que el recibimiento dado a él y a la experta de la ONU sobre las minorías, Gay McDougall, no tiene precedente en las visitas que ha realizado a otros países.
“El tercer día, el Senado adoptó una resolución que decía que mi visita y la de Gay McDougall era parte de un complot internacional contra la República Dominicana. Y el arzobispo, jefe de la iglesia dominicana, dijo que cualquier investigación sobre racismo era irresponsable”, apuntó Diène.
Por su parte, el consejero de la Misión Dominicana ante la ONU, Francisco Álvarez, respondió que el relator especial contra el racismo siempre será bienvenido a su país, pero calificó su informe de prejuicioso.
“En un país donde más del 80% de la población es de ascendencia negra, no podemos hablar de racismo. En un país donde más de un millón de hermanos haitianos viven y conviven junto a los dominicanos no podemos hablar de racismo. El gobierno de la República Dominicana mantiene una política de amistad y de apoyo al gobierno y al hermano pueblo de la República de Haití, con la cual compartimos una sola isla”, puntualizó.
El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en marzo de 2010, ha expresado su desacuerdo con el reporte de la ONU, en el que la República Dominicana es acusada de practicar el racismo y el mal tratamiento frente a la población haitiana.
El 17 de marzo la ONU publicó un reporte en el que afirma, entre otras cosas, que la República Dominicana debería “adoptar amplias estrategias para combatir el racismo, así como medidas específicas sobre las condiciones y la protección de las personas de origen haitiano”.
A tal reporte, el cardenal López Rodríguez ha afirmado, en una nota enviada a Agencia Fides, que la ONU en vez de criticar a la República Dominicana debería destacar mejor la solidaridad y la velocidad con la que el gobierno dominicano se ha movilizado para ayudar al pueblo de Haití el 12 de enero, cuando padeció el terremoto.