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La Ley de Financiamiento Educativo garantizó que el gasto público en esa materia alcanzara 6% del PIB. Pese a ello, todavía persisten desigualdades entre las provincias.
Garantizar el derecho a la educación requiere una importante inversión pública. Por eso, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que planteó alcanzar una inversión pública en educación, ciencia y tecnología equivalente a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010, es una excelente noticia.
La LFE se sancionó en un contexto crítico de la educación argentina. La crisis de 2001 había hecho estragos en la sociedad y las finanzas públicas. Las escuelas, con menos recursos y docentes peor pagos, tuvieron que afrontar prácticamente solas el impacto de la crisis social sobre los alumnos. Los efectos sobre los aprendizajes fueron feroces: entre 2000 y 2006 Argentina fue el país que más empeoró sus resultados en las evaluaciones de la OECD (PISA, por sus siglas en inglés).
Ante este escenario, la sanción de la LFE en 2005 fue auspiciosa. Tanto el Gobierno nacional como el conjunto de las jurisdicciones cumplieron la ley, y en 2010 el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología fue equivalente a 6% del PIB. Además, al estar atado a un PIB que durante este período tuvo tasas de crecimiento anual equivalentes a 8,5% y 9% (salvo en 2009), el aumento fue mayor al esperado en tiempos de menor crecimiento económico.
El contexto fiscal de este incremento de recursos fue el aumento del gasto público total y de la recaudación impositiva: el primero, consolidado, pasó de representar 32% del PIB en 2005 a 43,2% en 2009 (último dato disponible), y la presión tributaria consolidada llegó a 33,5% del PIB en 2010, cuando en 2005 era 26,9%.
Los recursos adicionales se destinaron principalmente a la construcción de escuelas, el incremento de cargos docentes, el equipamiento (recientemente con Conectar Igualdad) y proyectos de mejora en escuelas técnicas, entre otras cosas. El aumento de los salarios docentes fue clave: su poder adquisitivo mejoró 23%.
La ley no solamente estipuló objetivos presupuestarios sino que planteó metas educativas. Algunos logros son auspiciosos: entre 2005 y 2010 se incrementó la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 5 años de 64,5% a 72,9%, la tasa neta de escolarización del 25% más pobre de la población aumentó en secundaria de 67,4% a 78,4%, y los resultados en PISA mejoraron, sobre todo en comprensión lectora (6,4% de mejora entre 2006 y 2009).
Los desafíos pendientes, sin embargo, son varios. En el plano presupuestario, el sistema de coparticipación federal perpetúa desigualdades fiscales entre las provincias. Por eso la inequidad en el financiamiento educativo es inmensa. Las más ricas fiscalmente (Tierra del Fuego y Santa Cruz) triplican la inversión por alumno de las más pobres (Misiones, Salta, Corrientes, Tucumán o Santiago del Estero). En el plano educativo, los datos comparativos internacionales siguen mostrando falencias y desigualdades en los logros de aprendizaje de los alumnos.
Después del fin del período de implementación, entra en vigencia la Ley de Educación Nacional, que fija un piso de inversión consolidada en educación equivalente a 6% del PIB. No obstante, no se establece cuánto debe invertir cada gobierno, especificación que ha sido clave para el cumplimiento de la LFE. En este contexto, vale la pena plantearse si esa inversión de 6% es suficiente y si deberían utilizarse otros indicadores para orientar la inversión. Además, es clave debatir sobre los objetivos educativos que deberían ser priorizados y financiados en los próximos años, así como el rol de cada nivel de gobierno en el financiamiento.
En este contexto, es fundamental reducir las brechas en la inversión educativa de las provincias. Para afrontar estos desafíos es preciso abrir un amplio debate con la participación de todos los sectores sociales y políticos.
