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El presidente Javier Milei dijo que su plan es “entrar al sistema para dinamitar al Estado”, que él es “un topo que destruye el Estado desde adentro”; todo ello, en una verdadera actitud anárquica delictiva de “sedición”, por la que se pretende impedir la ejecución debida de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales.
Así, en una segunda etapa de su estrategia destructiva, busca centrar su ataque, particularmente, contra los derechos humanos de la “educación” y la “información”, porque un pueblo educado e informado resulta más difícil de colonizar y de afectar su juicio crítico.
Ataque a la docencia
La Ley Nº 26206 de Educación Nacional dispone que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” y “es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa”, (arts. 2 y 3).
Sin embargo, el Gobierno pretende empobrecer, cada vez más, a la docencia, en todos los niveles, con sueldos indignos y constantemente la desprestigia socialmente, siendo que son los agentes fundamentales en el proceso educativo. Les quiere quitar, además, el “derecho de huelga” y condicionar la “libertad de cátedra”. En eso último, se intenta transformar a los propios alumnos y/o a sus padres en espías gendarmes de la educación, para que denuncien a los docentes, si entienden, al decir de Milei, que están “adoctrinando”.
En la estrategia política que se desarrolla no se respeta el Pacto Internacional de “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22 de la CN), que determina que se debe garantizar “continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente” (art. 13, apartado 2, inc. “e”). Sin embargo, ilegalmente, el presidente no quiere pagar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y ha desfinanciado a las universidades públicas, entre otros ataques directos a la educación.
De esa manera, se quiere afectar gravemente la “educación pública, gratuita y de calidad”, que ha sido una herramienta fundamental de ascenso social, libertad e igualdad de oportunidades.
A su vez, Milei pretende, en una tercera etapa de su proyecto, dejar a la enseñanza en manos total de la llamada “inteligencia artificial”. Estos aspectos los viene negociando con representantes de Google, Apple, Meta, Open AI y otros ámbitos que manejan el mundo digital. Con ello busca, cada vez más, condicionar la educación con criterios de un discurso único, abaratar costos y desvalorizar el “acto humano de educar”. Ello, con alumnos y alumnas colonizados virtualmente y direccionados por cálculos matemáticos algorítmicos, sin contemplar que los y las docentes “forman y no sólo informan”.
Asimismo, la escuela -como tal- es el lugar donde se practica la convivencia social; es el primer ámbito de ejercicio del pluralismo democrático y donde se reafirma la identidad nacional. Allí, el alumnado desarrolla los primeros ritos que nos unifican como pueblo con historia común, como izar la bandera cantando “Aurora” o entonar el himno, algunas de esas vivencias que articulan la patria y anudan las generaciones.
Aún más, en aras de subestimar la escolaridad, en el primer proyecto de la ley “Bases” presentado por Milei, conocida como “ley ómnibus”, se proponía que los niños/as desde los nueve años puedan transitar la escuela de manera virtual desde su casa y se quitaba la obligatoriedad de la presencialidad establecida en la Ley de Educación (art. 127 inc. f). De esa forma, el alumno quedaba encerrado en un reducido universo individual, con vivencias colectivas sólo desde lo tecnológico virtual. Este aspecto del proyecto de ley no prosperó pero la intencionalidad gubernamental subsiste.
A su vez, se rebajó el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de “Capital Humano”. En el concepto de “capital humano” se degradó el acto mismo de enseñar porque se lo presenta como una etapa de aprestamiento, para mejorar a los sujetos de la educación, como un producto, que se analiza desde su rentabilidad. No se tiene presente que se trata de un proceso edificante de personas que tiene mucho valor, pero que no cabe analizar en su eficacia, sólo desde la perspectiva de precio y/o ganancia. Es inaceptable concebir la educación como un servicio lucrativo y menos que se mercantilice la educación pública.
Ataque al periodismo
A su vez, las personas que se dedican al noble oficio del periodismo y garantizan el derecho humano a ser informado son agredidas, mal pagas y ninguneadas constantemente por Milei. A quienes no coinciden con lo que él piensa se los trata de “ensobrados” o comprados para discrepar con su accionar y los amenaza y señala públicamente, generándoles un riesgo de agresiones inaceptable.
A su vez, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, a fines de junio pasado, publicó que era obligatorio tramitar una matrícula de periodista para ejercer el periodismo. Más ante la reacción a lo dispuesto, se borró dicha obligación. Ello atento a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, de aplicación obligatoria en el país, ha establecido que “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de quienes están inscriptos (en una matrícula), como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano” (“La Colegiación Obligatoria de Periodistas” Opinión Consultiva OC-5/85, párrafo 71).
También, fundándose ilegítimamente en el DNU 70, que es nulo, sin autorización necesaria del Congreso, como lo regula la ley 20705, cerró la agencia Télam de noticias, que tenía 79 años de existencia. Era la agencia más importante de Latinoamérica, que producía información pública y nacional, con perspectiva federal. Ella le daba presencia soberana al país y personalidad informativa propia. Milei, el pasado día 28 de junio, la transformó en una agencia de publicidad y propaganda del Gobierno nacional (Dec. 548). Asimismo, va buscando cerrar o precarizar a Radio Nacional y la Televisión Pública, medios que pretendió privatizar.
Además, el Gobierno, sin explicación, cerró las redes sociales de todos los medios públicos, incluidos los canales de televisión educativos. De esa manera, se destruyeron los espacios públicos de información en las redes sociales.
Pero en dicho impulso de acallar voces e información, se le ha sumado la Universidad Nacional de Córdoba, que -luego de 66 años- prácticamente, está matando el importante producto cultural cordobés que significa el multimedio de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT).
Tenemos que oponernos a que condicionen a los periodistas y hagan desaparecer medios de difusión valiosos, que garantizan el acceso al derecho humano a la información y a la libertad de expresión amplia.
No hay que permitir que nos precaricen la educación pública y nos desinformen monopólicamente con discursos únicos, publicidad y propaganda y, de esa manera, nos roben la democracia plural.
(*) Abogado constitucionalista
