ESCUCHARPor Dr. Eduardo Bittar (*)
En todos los sentidos posibles, el año 2020 que pasó fue anómalo, escapó a las reglas de la normalidad. Una situación mundial inédita, cuya veloz propagación nos mostró el lado menos amable de la globalización y del mundo hiperconectado. Como ocurre con las crisis más profundas, aceleró el ritmo de ciertos avances y transformaciones tecnológicas, que en condiciones normales tardarían mucho más tiempo para instalarse.
La Justicia en Córdoba ya venía experimentando fuertes transformaciones digitales, las relativas al expediente electrónico, las notificaciones digitales, la subasta electrónica, etcétera, pero la pandemia lo cambió todo, aceleró los procesos de digitalización procesal y el recurso a la tecnología como herramientas imprescindibles de la práctica judicial.
Son notorios los denodados esfuerzos del Poder Judicial para lograr poner en práctica, en apenas un puñado de días, cambios y rutinas que en condiciones habituales tardarían años para ser implementados y aceptados. Estos cambios tecnológicos no se limitaron a dicha esfera de actuación sino que fueron desarrollándose también en el seno de los poderes Ejecutivo –mayor interacción a través de la plataforma Ciudadano Digital- y Legislativo, así como así se comenzó a desarrollar un notorio e intenso proceso de modernización en la órbita municipal de la ciudad de Córdoba.
Sin embargo, todo este proceso de transformación tecnológica digital del Poder Judicial -el cual, es justo decir, comenzó hace varios años ya- posee matices. No se trata de cuestiones anecdóticas sino de sucesos que nos obligan a prestar atención a los tópicos de los procesos con una mirada abierta a la complejidad de la realidad, que rehúye los absolutos.
De este modo, las medidas adoptadas en el último año fueron necesarias pero no suficientes. No alcanzaron, por lo pronto, para liberar completamente a todos los operadores judiciales de las repercusiones psicofísicas de la pandemia. La rotación quincenal del personal y la habilitación de presentación de escritos digitales produjeron, en no pocos casos, sobrecarga laboral, agotamiento psicofísico y estrés. Como un efecto espejo, también se vio afectado el ejercicio de la profesión de abogado: también los letrados debieron adecuarse a estas medidas y ejercer la actividad en condiciones harto difíciles.
No pretendo desmerecer los enormes y desmedidos esfuerzos del Poder Judicial por intentar estar a la altura de esta situación sin precedentes, sino más bien destacar la complejidad de la escena y de la existencia de ventajas e inconvenientes en la administración de justicia digital y presencial.
Claramente, la pandemia ha sobrepasado las previsiones de todas las instituciones del mundo, por lo que ningún reproche retroactivo resulta razonable. Simplemente, llamamos la atención respecto a la necesidad de ejercitar un pensamiento multidimensional, que habitualmente se nos escapa, pero deviene imprescindible en contextos de crisis, en el que ninguna variable puede dejarse fuera de consideración.
En una situación como la actual, el progreso técnico y tecnológico no puede ser pensado o planteado sin prestar atención a las actividades y rutinas que mantienen su desarrollo con cierta “normalidad”. Una buena complementación de la nueva digitalización de los procesos jurídicos con los procedimientos habituales es crucial para el buen desempeño del derecho y la justicia, así como para el cuidado de las personas que forman parte de todo proceso jurídico.
Aún más: no sería adecuado concebir el estado actual de cosas como un punto de llegada en materia de implementación de tecnologías en el proceso. La automatización de decisiones abre un debate difícil y con múltiples aristas, que cuenta con enérgicos promotores (enfocados en la eficiencia y rapidez que proporcionan las soluciones automatizadas) y detractores (centrados en la imposibilidad de los ordenadores para administrar justicia propiamente humana, impregnada de virtudes como la equidad y la prudencia). Podremos posicionarnos en este debate donde nuestras razones y nuestra sensibilidad personal lo indiquen, pero no podemos abstenernos de darlo, pues toda alternativa que se abre a los operadores jurídicos como un camino de perfeccionamiento del servicio judicial debe ser objeto de nuestro riguroso estudio.
Desconocemos qué nos plantea el futuro. Hemos aprendido, también, a tomar todo pronóstico como provisorio e incierto. Pero sabemos que los sensibles cambios ocurridos en la Justicia no tienen retorno. No se volverá atrás en el recurso de la tecnología, en la despapelización, en las audiencias virtuales, en las notificaciones electrónicas. Seguramente se conjugarán mecanismos remotos con otros presenciales, en casos que requieran de manera imprescindible preservar la inmediación con el tribunal. También se corregirán las falencias que se adviertan sobre la marcha, como en todo proceso de cambio.
Este momento reclama más que nunca actitudes innovadoras, cooperativas, dinámicas. Nos interpela a todos los operadores y demanda de nosotros flexibilidad, capacidad de adaptación, capacitación continua. Debemos prepararnos para ese desafío, teniendo en cuenta todas las aristas y puntos de vista que lo atraviesan, intentando no dejar a nadie desprotegido o fuera del progreso, para que éste sea realmente un avance en la dirección correcta.
Cada una de las instituciones, organizaciones e individuos que formamos parte del proceso judicial tenemos que trabajar en su agilización, utilizando plenamente así las tecnologías para seguir teniendo una justicia de calidad. Las debilidades organizativas de la presencialidad, tanto en tiempos normales como en los actuales, pueden ser exitosamente resueltas con una buena implementación de las tecnologías de la comunicación y la información, por lo que la justicia debe seguir el camino de la digitalización que inició en este año tan particular, manteniendo una visión abierta a las contingencias que seguirán presentándose en un futuro
Tecnología, transformaciones y eficiencia: muchas herramientas para un solo fin.
El uso de la primera en la sociedad en general y en el Poder Judicial en particular no sólo nos permite cuidarnos durante la pandemia sino también comenzar a saldar la deuda que el exceso de burocracia ha ido generando al dilatar tiempos y complejizar soluciones simples, lo cual termina derivando en la falta de confianza en el sistema judicial, algo que, como sus operadores, no podemos permitir y debemos trabajar para corregir.
Estas falencias no son nuevas sino que han estado presentes desde hace demasiado tiempo, por lo que es momento de que, teniendo las cartas sobre la mesa, abracemos el desafío que se nos impone y demostremos estar a su altura, no sólo cuidando la integridad del sistema como un todo sino también las personas que forman parte de él, aquellas que se merecen trabajar en un ambiente de seguridad.
Ante esto, es importante destacar la necesidad -ahora más que nunca- de la unidad dentro del sistema, dado que está en juego la integridad y confianza en él. Pero la digitalización no es la única herramienta para esta transformación y estos cambios de paradigmas.
De hecho, de un tiempo a esta parte, los abogados hemos venido experimentando una fuerte e irreversible transformación de nuestras prácticas profesionales.
Reformas procesales, adopción de herramientas como la mediación prejudicial o la oralidad en el proceso civil, gradual implementación del expediente electrónico (ahora acelerada) son las novedades y, desde luego, los desafíos que todos los operadores jurídicos veníamos enfrentando en tiempos recientes. Algunos se potenciaron en pandemia, otros quedaron truncos (existiendo fuertes interrogantes sobre cómo se desarrollarán a futuro, en un escenario de nueva normalidad) y otros se transformaron.
Existen aún reformas en estudio, vinculadas con el proceso monitorio, nuevas reformas procesales, cambios organizacionales, modificaciones de principios fundamentales del proceso como el dispositivo (hoy en entredicho).
Quizás no sepamos con nitidez qué es lo que debe hacerse para mejorar el sistema, pero sí tenemos claro qué es lo que no puede hacerse: insistir sobre estructuras procesales pensadas para otros tiempos, para otras sociedades, sin someterlas a una reflexión crítica y a una instancia de reinvención transformadora, tendiente a insuflarles una vitalidad acorde a las demandas actuales.
Pensar para la acción
La voluntad de cambio y de evolución parece, en esta oportunidad, haber arraigado en las convicciones de todos los operadores jurídicos. Existe consenso respecto a la necesidad de transformar desde dentro el funcionamiento de la justicia, para lograr un servicio de calidad, requisito instrumental para asegurar a todas las personas el pleno e igualitario goce de sus derechos.
La reflexión crítica debe preservarse en esta instancia de cambio, para profundizar aquellos procesos que se encuentran bien encaminados, corregir los que avanzan erráticos y encarar con la intensidad necesaria las cuentas pendientes. El aseguramiento del acceso irrestricto a la justicia de sectores vulnerables y de su ejercicio igualitario de sus derechos en juicio sigue siendo uno de los imperativos de la hora.
El acceso al proceso cobra, en estos tiempos, tanta relevancia como la gestión procesal en sí misma. Ya no debe existir margen de tolerancia para un modelo de justicia accesible para algunos y firmemente vedada para otros, pues justicia sin igualdad no es justicia.
Finalmente termina 2020, ese año imposible, surrealista, casi surgido de una ficción distópica. Abordamos 2021 con la esperanza de una vacuna para todos, aunque sabemos que falta un buen tiempo hasta que podamos volver a la normalidad anterior a la pandemia.
En este comienzo de año, ahora que el vértigo ha cesado, que las demandas inmediatas amainan temporariamente, que lo urgente puede abrirle paso a lo importante, podemos detenernos por un momento a analizar retrospectivamente lo hecho y a pensar en lo mucho por hacer.
Buscar el cambio sólo por inercia no garantiza los resultados necesarios para el progreso y el avance. Si no frenamos por un momento y analizamos qué es lo que buscamos y con qué valores queremos trabajar, el proceso de transformación puede terminar echando por tierra las buenas intenciones con las que se realiza y los cambios ocurridos pueden ser reacciones erráticas y respuestas de coyuntura, en lugar de lo que pueden ser: cimientos para una verdadera transformación estructural.
Debemos aprovechar este momento, el comienzo de este nuevo año y la esperanza de que la situación general comience a mejorar, para decidir cómo queremos vivir este proceso que nos atraviesa a todos como profesionales y como sociedad. El desafío no es simple pero en él se cifra nuestro futuro.
(*) Abogado en ejercicio profesional. Derecho Administrativo, MBA IE Business School, Madrid
