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José Orué Rolandi, defensor público del niño, de Paraguay.
Si bien Paraguay ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y ha avanzado en la adaptación de su marco jurídico a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, todavía existe el desafío de traducir el marco normativo en una efectiva protección de los derechos de la infancia.
El derecho a la identidad es particularmente importante porque representa la puerta de entrada para el cumplimiento de los demás derechos del niño. En Paraguay, el índice de inscripción tardía es muy alto, aun con las modificaciones de la legislación. Según datos oficiales, 70 por ciento de los niños que nacieron durante 2010 en ese país no fueron inscriptos por sus padres en el registro civil.
A nivel nacional se ha iniciado un debate sobre la calidad educativa y la pertinencia sociocultural, y esta reflexión se aplica no solamente a la educación en los pueblos indígenas sino a todo el sistema educativo. Un informe de Unicef demuestra que los estudiantes del 6° grado sólo logran 50% de los aprendizajes esperados en lengua y matemática, siendo los resultados más bajos del Mercosur. Los niveles de repitencia también son elevados, especialmente en el primer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB). La deserción se agrava en el tercer ciclo de la EEB (entre el 7° y 9° grado) y en la Educación Media, afectando particularmente a estudiantes rurales.
Otra realidad que aqueja a la niñez paraguaya es la explotación sexual:; 2 de cada 3 trabajadores sexuales son menores de edad. Este fenómeno, combinado con la trata de personas, es frecuente en las zonas de frontera.
Para dialogar sobre la situación de a infancia en Paraguay, Comercio y Justicia entrevistó a José Orué Rolandi, defensor de los niños en ese país y un gran conocedor de la problemática que a ellos les toca vivir.
-¿Qué evaluación hace de la situación de la infancia en Paraguay?
– Bueno, creo que como en toda América Latina, en Paraguay existe una facilidad increíble para sancionar leyes y adherir a normas internacionales, sin embargo, el problema surge cuando todo ese sistema normativo hay que llevarlo a la práctica. Creo que es una cultura muy latina, esta picardía que tenemos por eludir las leyes. Se trabaja con mucha ligereza. Doy un ejemplo: cuando Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño lo hizo con reserva en lo que se refiere a la adopción internacional. En Paraguay, sin embargo, cuando se dieron cuenta de lo que implicaba la adopción internacional, tuvieron que sacar una ley de adopciones por la que se aceptaba la adopción internacional pero, siempre y cuando, a la hora de adoptar no hubiese ningún candidato paraguayo. Tuvieron que hacer una ley especial para lo que ellos restringieron o no hicieron en un comienzo.
– Las cifras de organismos como Unicef hablan de una situación alarmante en materia de infancia. ¿Cree que esos datos se condicen con la realidad?
– Sí, absolutamente. Tal como iindican esos organismos, tenemos un alarmante problema de educación con adolescentes en el área rural, que no terminan la educación media; tenemos niveles alarmantes de violencia intrafamiliar; tenemos problemas de identidad, uno de cada cien niños menores de un año no está inscripto en el registro civil. En fin, una serie de problemas que demuestra que falta más presencia del Estado y más políticas sociales.
– ¿Cuál es el rol que ha asumido la Justicia en todo esto?
– En lo judicial creo que hay buen capital humano, aunque falta estructura para poder cubrir toda la demanda. Hay que recordar que en nuestro país se ha desjudicializado al niño de la calle. En la sociedad latina hay una tendencia a esperar que el juez lo solucione todo y eso no puede funcionar así. Yo creo que en Paraguay la justicia cumple.
– ¿Ha sido positiva esta desjudicialización de la infancia?
– Sí. En 2001 entró en vigencia la desjudiciliazación y comenzó a funcionar la Secretaría Nacional de la Niñez, que tiene rasgo ministerial y es la encargada de elaborar las políticas sociales que tienen que ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo.
– ¿Y cómo ha sido esa tarea de la Secretaría de la Niñez?
– Creo que hay más voluntad política por mejorar la situación de lla niñez pero, evidentemente, no es suficiente. La voluntad está pero no hay una política emanada de un presupuesto del Estado. Hay subprogramas, planes pilotos, alianzas con asociaciones civiles, pero falta mucho. La deuda pendiente con la infancia desde el ámbito social es muy grande. No hay educación, no hay salud, no hay identidad. Todos los derechos están carentes.
