Por Graciela Calvi de Barcellona / Abogada, mediadora – Asociación Mediadores de la Pcia de Córdoba
A punto de escribir esta columna, un caso de mediación se presentó y atrajo mi atención la cantidad de causas de similares características que habían pasado por mi mesa. El discurso de estos mediados resulta ser más o menos el siguiente: “En realidad venimos acá porque queremos que todas las cuestiones en las que estamos plenamente de acuerdo, queden patentizadas en ‘un papel’ así estamos todos tranquilos”. Cuando escucho esta forma de iniciar los relatos, me acomodo en la silla dispuesta a una larga sesión en la que las partes, a la menor profundización de las demandas, mostrarán el resquebrajamiento de los ítemes en los que aparentemente estaban totalmente de acuerdo. Y me lleva a pensar y a indagar cuáles son los motivos por los cuales la gente acude al mediador si, al menos en la superficie, no hay conflicto. El requerimiento del servicio de mediación, la demanda de mediadores, será el tema de esta columna.
En primer lugar, la cuestión pasa por la ley: en todas aquellas cuestiones en las que ésta marca y encuadra la obligación del paso por el proceso de mediación (léase causas judicializadas en los casos previstos por la ley 8858/00, y los casos que determina la ley 9032). Dentro de este espectro se trabaja en mediación en el Centro Judicial de Mediación, en donde está el plantel de mediadores judiciales, es decir aquellos que, cumplidos los requisitos pertinentes, califican para trabajar en ese ámbito. En otros espacios como la Dimarc, la Municipalidad de Córdoba, la Defensoría del Pueblo, las demandas del servicio pasan por otros carriles, pasan por la gente. Y en ámbito de la mediación privada pasa en general por los profesionales del derecho, contadores, administradores de Empresas, entre otros. Y me paro en este punto: a quince años de formación, once de la Ley Provincial de Mediación, y otros tanto de trabajo en distintos espacios, la demanda de mediadores sigue siendo no todo lo importante que se espera.
Analizando la cuestión, hay una cantidad de factores exógenos a los mediadores que deberíamos puntualizar para un acabado entendimiento de la cuestión. En primer lugar, la demanda está atada a las políticas públicas: el Estado en sus diversas formas es el que promueve, dinamiza y marca las pautas de este tipo de servicio en la sociedad, no sólo con el dictado de las leyes sino también con el impulso y creando bases sustentables: estructuras, recursos humanos, programas, etcétera. En segundo lugar, promoviendo cambios en el discurso que llega a los ciudadanos. En tercer lugar, legitimando y reconociendo el servicio como valioso para la sociedad. A la luz de la envergadura de los conflictos personales, interpersonales, sociales, políticos, empresariales, etcétera, la demanda de mediadores debería ser mayor.
El camino trazado inevitablemente desembocará en la profesionalización, con status propio del trabajo del mediador. Aún estamos atados a las profesiones de base, que son las que nos dan sustento, pero poco a poco, la creación de asociaciones que nuclean mediadores de distintas profesiones, nos van marcando el futuro. Es posible que una cuestión cultural, que tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos, y específicamente de los cordobeses, haga que el proceso de cambio sea más lento que en otros países, o, sin ir más lejos, que en otras provincias (véase el avance en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia). Y no estamos hablando de la calidad sino del cambio que se necesita para que la demanda social sea mayor, sobre todo en el sector privado.
Otro punto es el tema de las competencias, entendido esto no por la rivalidad sino por el campo intelectual y de trabajo de los mediadores en comparación con otras profesiones. Cuando la gente busca un mediador es confuso determinar lo que busca. ¿Busca un abogado? ¿un psicólogo? ¿un asistente social? ¿alguna intervención mágica? ¿a alguien que le resuelva los problemas? ¿Busca a alguien que, por medio de la ley, le asegure sus derechos y sus pretensiones? Cuando el mediador devuelve el problema y lo pone en las manos de quien debe resolverlo, es decir los propios requirentes, recién allí se enfrentan con el trabajo que esto exige. Y allí reside exactamente el problema de la demanda. Mediar es un trabajo, un camino arduo que nunca se sabe cómo termina, y menos aún cómo empieza.
Es una propuesta de movilizar recursos internos, es un aprendizaje de comunicación, de respeto, de creatividad. Pero todo esto, convengamos, es difícil. Para todos. Culturalmente es más sencillo poner el problema en manos de otros. Y eso está bien, cuando no se puede porque necesariamente el ciudadano debe acudir a los órganos jurisdiccionales apropiados o se desconoce cómo hacerlo de manera diferente. Sin embargo, hay que recordar que los mediadores no estamos solos. Compartimos con todos los operadores del sistema: con los jueces, con los abogados, con los contadores, con los terapeutas, con los organismos del estado, con las organizaciones privadas etcétera. El mecanismo de la demanda es diferente. Si la gente no puede sola, el abogado, el contador, el terapeuta pueden ayudar, acompañar, cada uno en su rol. Concluyo con lo que empecé: Estamos todos de acuerdo, pero