ESCUCHARPor Pablo Sánchez Latorre(*)
El acceso a Internet es fundamental para la educación, la libre expresión, la participación en la vida cultural, y el desarrollo social y económico
La pandemia también ha desnudado la fragilidad preexistente del sistema educativo para con los sectores sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad digital o que no disponen de conectividad.
La falta de acceso a los servicios de conectividad no sólo significa la creación de una brecha digital entre los residentes de las comunidades no conectadas y el resto del mundo sino que también los coloca en amplia desventaja en términos de desarrollo económico y social.
A menos que se disminuya la brecha digital, que existe en cualquier país en desarrollo, es imposible crear una sociedad de la información igualitaria en la que el conocimiento y la innovación fluyan libremente.
Las zonas rurales del mundo son la última frontera; sin embargo, son también un importante pilar de la revolución tecnológica de la información.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 la resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”, que establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora en adelante, un derecho básico de todos los seres humanos, y afirma también “la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a internet”, y solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital (punto 5 de la resolución “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, documento A/HRC/32/L.20 de la Asamblea General de Naciones Unidas).
Si bien el documento tiene carácter no vinculante, recoge lo que gran parte de la población ya ha asumido: es importante proteger el acceso a Internet porque “facilita enormes oportunidades para la educación asequible e inclusiva a nivel mundial”. Dentro de las múltiples facetas que implican la protección de los derechos a la libertad de expresión y a la información en las redes digitales, la garantía del acceso resulta un piso fundamental y el Estado nacional debe tener un mandato categórico al respecto.
A pesar de que Internet cada vez cuenta con una mayor implantación en el ámbito global, todavía está lejos de ser accesible para todo el mundo. Conforme el último estudio Global Digital, efectuado por las empresas Hootsuite y We Are Social, 57% de la población del planeta ya emplea Internet de forma usual. Europa tiene cerca de 80% de implantación.
El acceso a Internet es fundamental para el ejercicio de derechos humanos como el derecho a la educación, la libre expresión, de asociación y de reunión, la participación en la vida cultural, el desarrollo social y económico, entre otros. Es deber de los Estados trazar políticas públicas a fin de garantizar el efectivo acceso a Internet para promover la innovación social.
Las estadísticas también indican que la región está por debajo del promedio global en cuanto a velocidad de la conexión, que esta velocidad decrece aún más en el interior del país y las áreas rurales, y que existe una concentración de las conexiones en las grandes ciudades.
Asimismo, el precio alto de los planes de banda ancha aparece como un obstáculo en términos de acceso: en Argentina, los planes y mercados se encuentran entre los más caros y concentrados de América Latina.
El impacto del acceso a Internet en el desarrollo de la salud, el empleo, el comercio y la educación también fue reconocido en la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015.
Asimismo, en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), un encuentro anual del que participan múltiples partes interesadas en el gobierno de Internet, se destacó que el acceso a la banda ancha debía ser reconocido como clave para lograr la inclusión social, y se hizo un llamado a implementar las políticas necesarias para conectar a cinco mil millones de personas.
Es hora de reconocer la conectividad como Derecho Humano Fundamental, ya que en la actualidad es, en muchos sectores que padecen marginalidad digital, una linda promesa por cumplir. Si bien el pleno reconocimiento en un instrumento convencional internacional de Derechos Humanos o, en su caso, en una carta constitucional, no puede revestir la “condición” para su plena garantía y efectividad, dado que la conectividad se presenta, sin lugar a dudas, como un “mandato de optimización” o herramienta necesaria para acceder a los demás derechos, la relación -por tanto- que vincula la conectividad con el ejercicio pleno del derecho a la educación, libertad de expresión, información, entre otros, es directa e instrumental.
En definitiva, la operatividad del derecho a la conectividad no puede esperar más dilaciones políticas ni discursivas; deben efectuarse en lo inmediato las asociaciones estratégicas entre el sector público y privado, para promover becas de conectividad, tanto en programas de responsabilidad social empresarial como en el diseño de las políticas públicas sociales.
Si realmente queremos construir una sociedad más igualitaria y equitativa, pues entonces debemos ser parte de la solución y no del problema; pensar en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones.
(*) Docente de las facultades de Derecho de UCC, UNC y UNDEC
