ESCUCHARSilvana María Chiapero (*)
“Una buena política de comunicación no sólo asegura la interpretación correcta de las decisiones de los jueces y fiscales, lo que refuerza el comportamiento global de la institución, sino que subyacentemente valoriza su imagen pública”
Joan Costa. Barcelona, julio 2022.
Desde hace tiempo y mucho más en el actual contexto, los medios de comunicación se han erigido tradicionalmente como canal útil para acercar el Poder Judicial a la sociedad destinataria de su quehacer. Pero la conducta otrora silenciosa de los jueces fue cediendo frente a las nuevas necesidades de la comunidad.
Las circunstancias de la realidad socioeconómica, en la que reina la desocupación y que un alto porcentaje de la población se encuentra sumido en necesidades vitales y grandes desigualdades, enfrentan al Poder Judicial a nuevas exigencias relativas al ejercicio de la función, con especial contemplación del tejido social y el humor reinante. Es ya imposible que la faena jurisdiccional desoiga la gran importancia que implica que sus operadores desempeñen su rol y difundan sus actuaciones como verdaderos servidores sociales.
Es por ello que no pueden conformarse con reducir su tarea a una mera deducción silogística cuya premisa general sea la ley. Ya no es un mérito quedar limitado a formular inferencias lógicas y subsunciones formales porque importaría desentenderse de la realidad concreta de los destinatarios que esperan que cada decisión contemple la realidad que los atraviesa y busque una solución eficiente y pragmática.
Así como el cambio social está en la causa de la movilidad legislativa, también debe estar presente en la adaptación virtuosa de la labor judicial. La magistratura del presente debe reconocer que su quehacer también exige responsabilidad social y requiere buscar nuevas formas para estar más cerca del justiciable. Expresa Joan Costa: “Sería muy positivo para la administración de justicia reconocer que ella se debe a la sociedad, a la que tiene obligación de dar cuenta, como institución pública”.
Una de las mayores transformaciones está vinculada con la intensa irrupción de las tecnologías, que nos invita a revisar de qué manera influye o incide la buena comunicación del quehacer judicial en el vínculo que el Poder Judicial debe mantener con la ciudadanía.
Por ello, es necesario informar a la sociedad “a diario” sobre las cuestiones judiciales, tarea que se debe complementar y coordinar con los medios de comunicación porque ellos forman la opinión pública, a veces de manera “no objetiva” sino respondiendo a otros intereses (vbg. económicos, de grupos de interés o de rating). Ello se potencia con la inmensa repercusión que hoy tienen los medios de internet -redes sociales-, que permiten que cualquiera pueda informar sobre casos judiciales sin contar con el conocimiento, la significación y la experiencia para hacerlo de modo veraz y asequible a la ciudadanía.
Ni el Poder Judicial ni las instituciones pueden permanecer silentes frente al fenómeno ni permitir que se construya una “realidad mediática”, emanada de una sola fuente de información. Deben adoptar, en cambio, una actitud proactiva y no meramente reactiva o defensiva frente a los hechos de interés informativo. Porque en el sistema democrático republicano el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública y la transparencia es requisito de legitimidad de la institución judicial, por lo que generar comunicación directamente desde el Poder Judicial y de las instituciones intermedias es una manera de provocar el anhelado efecto legitimador de la institución judicial. La “política del secreto” o la “política del silencio” cultivada durante muchos años ha contribuido altamente al aumento de la desconfianza que nos aqueja.
Las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales debemos contribuir a generar mayor transparencia y confianza en el sistema mediante la profundización de la comunicación institucional.
Por todo ello es que el próximo 8 de junio inauguraremos la Oficina de Comunicación Institucional, que funcionará con el asesoramiento del licenciado Mario Riorda; de dos colaboradoras estables especializadas en periodismo y comunicación, Mariana Huberman y Paula Barella; y de un grupo de consejeros comprometidos, referentes de los distintos fueros, los doctores. Carlos Ferrer, Alcides Ferreyra, Roxana Peredo, Mónica Traballini, María Rosa Molina de Caminal y Claudio Perona; junto a tantos otros que se irán sumando, todos quienes desarrollarán un trabajo que permitirá acercarnos más a los medios de comunicación que cumplen un rol estratégico con la investigación periodística sobre los asuntos públicos, a fin de brindarles datos exactos y veraces.
Estamos convencidos de que el fortalecimiento de la comunicación institucional es presupuesto indispensable para la transparencia de una sociedad democrática y de que contribuye con el principio de máxima divulgación incorporado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(*) Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba
