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“¿Qué Estado para qué igualdad?” da cuenta de que la carga de trabajo total evidencia discriminación
Un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sostiene que en esa región las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto a las actividades remuneradas como a las tareas domésticas, alertando así sobre la persistencia de discriminación de género en el mercado de trabajo. Sin embargo, el informe también destaca los logros en materia de reducción de la brecha salarial y el avance de ellas sobre algunos espacios laborales tradicionalmente ocupados por ellos.
El documento titulado “¿Qué Estado para qué igualdad?”, presentado en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer que se desarrolló en Brasilia, arribó a tales conclusiones luego de haberse medido la carga de trabajo total (remunerado y no remunerado) en varios países de América Latina y el Caribe.
De esta manera, en Brasil, por ejemplo, las mujeres dedican 56,6 horas semanales al trabajo total, mientras que los hombres ocupan 52 horas. En México, en tanto, las mujeres dedican 76,3 horas, contra sólo 58,4 de los hombres. Mientras, en Uruguay, ellas trabajan 53,5 horas semanales y ellos 48.
En lo que se refiere a la “cuota rosa” en los gobiernos de la región, si bien existen ejemplos de buenas prácticas, ya sea mediante reformas constitucionales (Venezuela, Ecuador, Bolivia y República Dominicana), como por leyes o políticas específicas que incentivan la igualdad de género en el mundo del trabajo (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México y Uruguay), el aporte sigue siendo inferior al de los hombres.
Si bien en algunos países la participación es más elevada, como en Granada (54,5%), en Argentina, Ecuador y Perú la representación femenina alcanza sólo 30%, pese a que en algunos de estos países las mujeres alcanzaron el más alto nivel de decisión del Estado. Es el caso de Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tabago (Michelle Bachelet fue elegida presidenta en Chile en 2006; Cristina Fernández en la Argentina, en 2007, y Laura Chinchilla en Costa Rica en 2010. Portia Simpson-Miller ocupó el cargo de Primera Ministra en Jamaica, en 2006; al igual que Kamla Persad-Bissessar en Trinidad y Tabago, en 2010).
En tanto, la menor presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo (menos de 15%) se registra en Brasil, Haití, las Islas Caimán, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
Siguiendo con los indicadores de desigualdad de género, la tasa de desempleo de las mujeres asciende en la región a 8,3 por ciento, al mismo tiempo que la de los hombres es de 5,7 por ciento.
Datos de 2008 indican que 31,6% de las mujeres de 15 años o más en la región no tenía ingresos propios, mientras que sólo 10,4% de los hombres estaba en esa condición. Asimismo, las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en ocupaciones con menor nivel de remuneración y subrepresentadas en posiciones de alto nivel jerárquico.
En relación con los niveles de brecha salarial, si bien el ingreso medio de las mujeres pasó de 69 por ciento del de los hombres en 1990, a 79 por ciento en 2008, aún reciben salarios menores que ellos para un trabajo de igual valor.
Estas cifras van de la mano del incremento de la feminización de la pobreza: en 2008, por cada 100 hombres en la indigencia había 130 mujeres en igual situación, una proporción más alta que en 1990, cuando el mismo índice llegaba a 118 mujeres por cada 100 hombres. Se trata de una brecha que, paradójicamente, se hizo mayor en los años de bonanza de la región (2004 a 2008), durante los que se redujo el número absoluto de población pobre e indigente.
“En materia de derechos humanos se observan logros en la adopción de marcos constitucionales y jurídicos igualitarios. Algunos países han aprobado una nueva generación de leyes sobre violencia de género y otras dirigidas a garantizar los derechos humanos de las mujeres, si bien, salvo excepciones, la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos continúa siendo fuente de controversia y rechazo por parte de sectores relevantes en las decisiones públicas”, remarcó el informe.
Sin embargo, los avances en materia legislativa no siempre se traducen en el disfrute efectivo de derechos, lo que es muy visible en el ámbito de la autonomía física: la violencia contra las mujeres se perpetúa, el logro de la meta sobre mortalidad materna sigue manteniéndose lejos en varios países y las adolescentes continúan quedando embarazadas, por lo general, sin desearlo.
Por todo ello, la Cepal enfatiza en la necesidad de realizar políticas públicas que reformen los vínculos entre las tres instituciones fundamentales de la sociedad: Estado, familia y mercado, para articular un nuevo pacto social de redistribución del trabajo total entre hombres y mujeres, que facilite el acceso de éstas al mercado laboral como parte de sus derechos humanos.
A su vez, el organismo cree imprescindible que el Estado tome todas las medidas necesarias, ya sean legislativas, institucionales, educativas, de salud, fiscales o de participación de las mujeres en la toma de decisiones, para eliminar los sesgos de género en el mercado laboral, superar la brecha salarial, la segmentación y, de esta manera, la discriminación.
