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En un reciente artículo publicado en el Diario Comercio y Justicia, el Dr. Rubén Atilio Remigio alertó sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la capacitación obligatoria para magistrados, al señalar que ésta afecta la independencia del Poder Judicial y, con ello, la necesaria división de poderes. El destacado magistrado concluye que la capacitación de los jueces es esencial para mejorar la calidad del servicio de justicia pero que debe ser voluntaria, no impuesta bajo amenaza de sanción.
Chesterton decía que “a cada tiempo le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales”, en referencia a que es muy fácil seguir las modas pero hay que tener valor para opinar diferente, sobre todo en este tiempo, en el cual opinar diferente sobre ciertos temas, v.gr. la cuestión de género, puede -incluso- constituir un delito tipificado en el Código Penal.
Los seres humanos somos el único animal que puede tropezar dos veces con la misma piedra, dice el refrán popular, y algo hay de cierto en esa máxima, ya que, pese a que a la humanidad le ha tocado vivir los horrores de la inquisición, cuando pensar diferente era una herejía que condenaba a muerte -previo tormento- al infame hereje, así como así a los argentinos nos ha tocado sobrevivir a sangrientas dictaduras, durante las cuales, por el solo hecho de tener un libro “prohibido” e podía ser detenido -sin juicio previo- y la vida y los bienes quedaban a merced del dictador de turno.
Luego de mucha sangre derramada y como consecuencia de la lucha y el esfuerzo de valientes ciudadanos, se llegó a la democracia, en la que las ideas podían expresarse libremente. Recuerdo a Sandro Perttini, el anciano presidente italiano, cuando visitó Argentina en la época de recuperación de la democracia, durante el gobierno del presidente Alfonsín, en su discurso señaló -en perfecto castellano- una frase, cuyo autor desconozco, que decía: “Yo no pienso como tú, no participo de tus creencias ni comulgo con tus ideas, pero daría mi vida para que puedas expresarlas libremente”, con lo que señalaba que los hombres deben debatir ideas y refutarlas con otras, no censurarlas ni sancionarlas por pensar diferente ni, mucho menos, combatirlas con armas y palos.
Sin embargo, en este oscuro siglo, ya no es la libertad un valor supremo. Se ha devaluado, por utilizar un término económico actual. Ha quedado relegada, muy atrás, por otros valores que, para quienes tienen el poder real, deben prevalecer sobre el resto. Y nadie puede controvertir esa nueva forma de pensar, porque el derecho de las minorías o aquellos derechos que los grupos de poder consideran relevantes, estarán siempre por encima del resto. Y para imponer esta forma de pensar no basta con sancionar sino que tienen necesariamente que adoctrinar.
Compartimos la valiente opinión del Dr. Remigio, pero le agregamos (por nuestra cuenta y riesgo), que la capacitación obligatoria de los jueces no tiene hoy por finalidad mejorar la calidad del “servicio de justicia” -que, por enésima vez, negamos que sea un servicio, ya que es una función esencial del Estado, el cual se ha reservado el monopolio de su ejercicio, aunque decir eso también es contra-sistema, porque al conceptualizarla como servicio, está sujeta al pago de una tasa, al igual que el alumbrado, barrido y limpieza de las calles; en cambio, si decimos que es una función esencial y monopólica del Estado, tendría que ser necesariamente gratuita- sino que la verdadera finalidad es el adoctrinamiento; ello así, porque al ser la capacitación obligatoria importa que, para lograr aprobarse, el cursante debe responder correctamente las preguntas, y -para ser correctas- las respuestas deben ser conforme lo que ha “predeterminado” como correcto el capacitador. Una respuesta diferente es considerada errónea y, por tanto, inaceptable.
La independencia de los jueces
La sociedad, a veces, no se da cuenta de que el último valladar contra los atropellos de los poderes del Estado y de los grupos de poder lo constituye el Poder Judicial. El humor social tiene arraigado que los jueces ganan mucho, que no pagan impuesto a las Ganancias y que algunos de sus integrantes son corruptos. Pero cuando ve seriamente afectados sus derechos, se da cuenta de que el único lugar al que pueden acudir para recomponer el orden jurídico violado es el Poder Judicial. Sólo entonces empiezan a tomar conciencia de la importancia del Poder Judicial como el último refugio o bastión que les queda a los miembros de la sociedad para resistir. Y, en ese momento, oran para que los jueces sean independientes e imparciales. Para que sus plegarias sean atendidas, es muy importante la formación del juez, que haya forjado una férrea voluntad, que no se deje influenciar, presionar ni adoctrinar por el poder de turno o los grupos de presión. Ni siquiera bajo el ropaje de que las nuevas ideas son las más justas o las mejores.
En mis 42 años de profesión, no recuerdo un tiempo tan complejo como éste, en el que, permanentemente, el poder les pretende enseñar a los jueces cómo deben fallar. Así escuchamos a diario: “Señores jueces, ustedes deben juzgar con perspectiva de género; señores jueces, ustedes deben redactar las sentencias en lenguaje claro; señores jueces, ustedes deben tener en cuenta los tratados sobre derechos humanos por encima de la ley local; señores jueces, ustedes deben resolver de acuerdo con los principios generales del derecho; señores jueces ustedes deben… (siempre el sentido imperativo).
Conclusión
Muy probablemente este artículo sea mal interpretado, en el sentido de que, desde estas líneas, se predica contra las nuevas tendencias en materia de género, ambiente, lenguaje claro, lenguaje inclusivo, personas vulnerables o muchas otras. Nada más lejos de la intención de este autor; por el contrario, lo que se quiere señalar es el peligro que trae aparejado imponer capacitaciones obligatorias a los jueces, porque, pensemos la vida como una rueda y hoy en el Ejecutivo nacional, hay un cambio de concepción respecto a alguna de las ideas que hemos señalado; sería tan peligroso que éste pretenda ahora, desde allí, adoctrinar a los jueces para que estén en contra de las ideas de género, de ambiente, de lenguaje o muchas otras…
En definitiva, ni el poder Ejecutivo ni mucho menos el propio Poder Judicial debe decirles a sus jueces cómo redactar sus sentencias ni disponer capacitaciones obligatorias, ya que éstos han accedido a su cargo por concurso, lo que les otorga idoneidad.
Ésta es una lección que tendríamos que haber aprendido hace muchos años y, cuando se publicó El espíritu de la leyes espíritu de la leyes, de Montesquieu…
(*) Miembro del Insight21
