ESCUCHARPor Silverio E. Escudero
Por este tiempo en que están cuestionadas, por una enorme diversidad de motivos, la industria farmacéutica y las políticas sanitarias de los gobiernos debemos recordar que, alguna vez, hubo un gobierno muy lejos de nuestras playas que decidió adoptar una política de medicamentos basada en las necesidades del pueblo y dar la espalda a las reglas del mercado.
La decisión que el gobierno de Bangladesh tomó definitivamente en el año 1982 abrió un enorme debate en todas las naciones del Tercer Mundo.
La controversia generó una fuerte respuesta de la industria farmacéutica que, como en muchas ocasiones en la historia, armó guerrillas, financió golpes de Estado y protegió a una legión mercenarios (entre los que se contaban una docena de argentinos) autores de magnicidios de trascendencia mundial.
Bangladesh, decidida, enfrentó tamaño poderío. Estaba acompañada por casi la totalidad de una sociedad que se prepara para enfrentarse –nuevamente- a las tendencias que sugieren que durante el siglo XXI el 80 por ciento del comercio mundial estará en manos de las transnacionales. ¿Y los gobiernos?
La motivación primaria si no la única de las corporaciones internacionales es obtener el máximo posible de las utilidades, superando, quizás, hasta las previsiones de sus actuarios. En algunas áreas de la economía puede ser comprensible, pero en el campo de la producción de medicamentos es inaceptable.
Cuando nos damos cuenta, las utilidades constituyen la única fuerza motriz de las campañas de promoción de tales medicamentos. Por lo que tenemos derecho a preguntar, si existen, cuáles de los medicamentos para los que se hace promoción son de interés para mejorar la salud de quienes realmente los utilizan o si sirven para comercializar preparaciones sin valor curativo alguno.
El gobierno de Bangladesh –que nos recuerda en mucho al de Arturo U. Íllia y sus leyes de medicamentos- aprobó una política racional de medicamentos basada en las necesidades de la mayoría de su población. Su política así orientada provocó un grave conflicto de intereses.
Representado por un comité de ocho personas, el gobierno de Bangladesh prohibió con efecto inmediato la venta de 237 medicamentos “perjudiciales” y ordenó, para marzo de 1983, la reformulación o retirada de otros 1.505 “innecesarios”.
El comité hizo una revisión de los 4.140 productos farmacéuticos registrados y de venta autorizada disponibles en el país, con intención de formular una Política Nacional de Medicamentos que estuviera de acuerdo con las necesidades del pueblo. Los productos eran vendidos por 176 compañías, aun cuando ocho transnacionales controlaban 80% de los medicamentos en Bangladesh.
La prohibición afectó a tres categorías principales: a) medicamentos perjudiciales o innecesarios; b) medicamentos producidos por las transnacionales que requerían sólo una tecnología sencilla, y c) medicamentos producidos bajo convenios de licencias a “terceros”.
Entre la primera categoría, el reglamento prohibió los medicamentos que eran una combinación de diferentes antibióticos, los analgésicos, las preparaciones de valor dudoso o los placebos tales como el agua contra los cólicos, los preparados contra la tos, las multivitaminas (excepto el complejo B), y así sucesivamente. En tanto, se recorría el vademécum oficial confrontado con los que promovían las multinacionales de los medicamentos.
El mejor ejemplo de un medicamento en la categoría de los perjudiciales, según la información del gobierno de Bangladesh, era el Orabolin –un esteroide oral anabolizante derivado de la nandrolona-. En Bangladesh la desnutrición afecta a 97% de los niños y en su literatura de propaganda el fabricante del Orabolin, la compañía Organon, lo recomendaba para los niños desnutridos.
Un folleto explicaba: “El líquido con sabor a frambuesa administrado en gotas está destinado, especialmente, a los niños pequeños y a los bebés”. En grandes letras afirmaba: “NO EXISTEN CONTRAINDICACIONES EN EL CASO DE LOS NIÑOS”.
Nuestra fuente, el Foro de Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, agregó que el Orabolin era un esteroide anabólico –como habíamos anotado-, una de las clases de medicamentos mejor conocidas por su utilización “particularmente en el caso de los atletas soviéticos, para desarrollar los músculos”.
Los efectos secundarios de tal medicamento son bien conocidos. En Gran Bretaña es utilizado sólo en el tratamiento de la osteoporosis, la insuficiencia renal crónica, las enfermedades malignas y para fortalecer a los pacientes después de una intervención quirúrgica importante o de accidentes graves. Está siempre limitado a los adultos.
El escándalo alcanzó proporciones siderales. Quedó al desnudo -una vez más- la conducta delictual de los laboratorios medicinales. La comisión científica de Bangladesh profundizó sus investigaciones en las que afirmó que si se daba a los niños anabólicos, el crecimiento acelerado que se producía podía ser seguido por una suspensión prematura del desarrollo. También causar retención de fluidos y tumores de hígado.
¿Las autoridades sanitarias argentinas monitorean el tráfico de anabólicos que se produce en los gimnasios de nuestra ciudad y el resto del país? ¿Quiénes los dispensa? ¿El Municipio, que tiene el poder de policía? ¿Qué acciones preventivas realizan?
Respecto del Orabolín, el British Monthly Index (Índice británico mensual) de medicamentos éticos mencionó, en forma reiterada, a aquél anabólico como “no recomendado para los niños”.
Sin embargo, el fabricante –en plena posesión de los hechos médicos- continuó haciendo publicidad de ese medicamento para los niños de Bangladesh, mientras se dilucidaba la vigencia de la prohibición en los estrados judiciales.
Pero volvamos a la tarea que desarrolló del gobierno bangladesí. Prohibió la concesión de permisos a “terceros”, es decir la práctica por la cual una compañía sin una fábrica en Bangladesh concedía licencia a otra compañía para que produjera su producto y lo comercializara. La prohibición no fue una sorpresa para nadie cuando se piensa en el modus operandi de las compañías transnacionales.
La nueva política de medicamentos de Bangladesh tuvo resultados casi de inmediato. Produjo ahorros en divisas por más de dos millones de dólares en el primer año. Ello le permitió al Gobierno y a los trabajadores de salud concentrar esfuerzos en el suministro de los medicamentos más esenciales en un amplio sector de la población que estaba desprotegido por su escaso nivel económico. La nueva política puesta en marcha seguía estrechamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que los países deben concentrar sus esfuerzos en el suministro de sólo un número limitado de medicamentos esenciales.
El informe que repasamos en esta ocasión cuenta con 600 páginas que revisa toda la situación sanitaria de Asia Central. Pero resulta menester retomar nuestro tema.
De hecho, la entidad benéfica contra la pobreza War on Want y otras dos organizaciones británicas –Christian Aid y Oxfam- ayudaron durante muchos años al programa de atención de la salud en Bangladesh que hace un tiempo estableció sus propias instalaciones de producción de medicamentos.
El programa, llamado Gonoshasthaya Kendra, (Gk –el Centro de Salud Pública-), estableció una compañía de responsabilidad limitada, la Gonoshasthaya Pharmaceuticals Limited (GPL) que en 1981 inició la producción de dos de los 33 medicamentos esenciales para la atención primaria de la salud: la ampicilina y el paracetamol.
En 1982 se sumaron seis medicamentos más.
La propiedad de la GPL está totalmente en manos del GK Charitable Trust que, según sus estatutos, limita sus utilidades a entre 10% y 15% sobre el costo y reinvierte la mitad de sus ganancias en mejorar la fábrica. Además, gasta la otra mitad en investigación médica, incluyendo la investigación de las propiedades terapéuticas de las hierbas medicinales disponibles localmente.
¿Alguna vez ocurrirá algo así en nuestro país o es sólo un sueño de Argentina Año Verde?
