ESCUCHARNuevamente, el problema de la inseguridad nos ocupa en esta columna. Como de costumbre, Córdoba se ve sacudida en estos días por un caso que divide la opinión pública y pone el foco de atención en el funcionamiento de las instituciones públicas.
En esta ocasión hablamos del tema de Fabricio Nicolás Castro, el empleado de verdulería de Alta Córdoba que hace unos días baleó a un presunto delincuente que en principio huía de un robo violento a un quiosco de la zona. El joven, estudiante de preceptorado, permaneció detenido un par de días imputado por tentativa de homicidio agravado por uso de arma.
Como tantos casos de la llamada “justicia por mano propia”, conmueve nuestra sociedad y reabre varios debates, todos direccionados al problema de la inseguridad y cómo afrontarlo. La tenencia de armas de fuego por los particulares; si éstos deben o no actuar cuando están frente a un delito (o un delincuente); si la policía hace bien su trabajo o no, si tiene los medios o la preparación adecuados; si la respuesta que da la justicia es la adecuada o no a estos casos, son algunos de los tantos temas de discusión que afloran en momentos como estos y que se olvidan tan rápido como nos olvidamos del hecho que lo motivó.
Sin embargo, los casos de inseguridad siguen ocurriendo y por más que se hayan intentado algunas respuestas poco o nada ha cambiado. Mientras tanto, se siguen sumando víctimas… Basta leer el relato de la damnificada por robo que terminó con la muerte del delincuente en Alta Córdoba, para ver la realidad que padecemos: “Mientras corría (el delincuente) disparaba. Intentó subirse a su auto, cuando el auto no le arranca, le apuntó a una nena”, declaró. Y agregó: “Me agarra de los pelos, me tira al piso y me empezó a golpear. Cuando me arranca los pelos logro escapar y lo encierro en el negocio… Lo contengo lo que más puedo mientras gritaba para que llamaran a la policía. Después rompe la puerta, la suelto y ahí escapa”. Agregó respecto a la reacción del joven detenido: “Solamente quiso defenderme, es lo que hubiese hecho cualquiera”.
Lo cierto es que el joven estuvo detenido y esta imputado a la espera de la investigación que determine si actuó de manera correcta o no, lo que ha generado el rechazo de los vecinos del sector, quienes piden por su liberación. “Mi hermano está asustado. Lo tienen encerrado como a un delincuente y es un trabajador, un buen padre que salió a defender a otra trabajadora. Todo es injusto”, manifestó la hermana del joven a La Voz del Interior, y agregó que “La policía se portó mal. Encima que no cuidan el barrio, vinieron y se lo llevaron preso, engañado…”.
Precisamente ésas son las palabras que demuestran la falencia procesal en casos como el que nos ocupa. No puede ser que no existan, máxime cuando toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, normas que permitan tramitar este tipo de procesos de un modo más rápido y sin que el ciudadano del caso se vea privado de su libertad por actuar para resguardar a otro o a él mismo.
Nadie puede discutir que todos tenemos derecho a defendernos de las agresiones injustificadas de terceros, pero para evitar excesos e injusticias está, justamente, el sistema penal. El cual (debería) monopoliza los mecanismos de prevención y coacción del Estado. El problema está cuando éste cumple deficientemente esa función, ya que los ciudadanos, al sentirse indefensos, actúan por mano propia. Y allí entra la otra parte del problema: los particulares que actúan defendiéndose pasan a ser considerado victimarios y el aparato estatal actúa contra ellos, como si fuera un hecho delictivo más, produciendo en los ciudadanos esa sensación de injusticia que demuestran las palabras de los testigos que transcribimos párrafos arriba.
Una cosa es investigar si ocurrió un delito y otra, muy distinta, si se actuó o no en defensa propia. Es por ello que ese distinto enfoque debe necesariamente tener una distinta tramitación procesal.
Caso contrario, se seguirá con el escándalo jurídico que supone tratar igual lo que es distinto y lo que es más terrible: tratar a quien ejerce un derecho, frente a un daño injusto, como si se tratara de alguien sobre el que se sospecha ha buscado llevar a cabo un ilícito.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas.
** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
