ESCUCHARLa policía y sus cuestiones. A lo largo de varios siglos, la policía ha dejado su “huella jurídica”.
Por Luis R. Carranza Torres
Hace un año, a partir del día 4 de diciembre de 2013, los cordobeses abjuramos por poco más de un día de la civilización para involucionar hacia la vida salvaje, la barbarie y la rapiña; en definitiva, a la ley del más fuerte y el hombre como lobo del hombre.
Lo ocurrido, dejando a un lado los saqueos, nos remite a la institución policial y sus problemas. Y en ello la historia nos da elementos de compresión para dicha problemática.
En la época hispánica, a los cabildos correspondió tanto la función de policía como la de justicia. Se desempeñaba por funcionarios no rentados y electos por cortos períodos de tiempo, como los alguaciles primero y los alcaldes de barrio luego. No fue hasta el período independiente, cuando el Triunvirato dicta en 1812 el “Reglamento Provisional de Policía”, creando una institución vertical de funcionarios permanentes y rentados.
La historia nos demuestra que los problemas salariales, de personal y medios, si bien han sido una problemática policial recurrente, tuvieron también una solución posible. Como refiere Emilio Sánchez en su obra Del pasado cordobés en la vida argentina, ello ocurrió, por ejemplo, en 1884, cuando el gobernador Gregorio I. Gavier designa a Marcos N. Juárez como jefe de policía de la capital cordobesa: “Con voluntad e inteligencia ha logrado transformar el vetusto local policial sobre la callejuela de Santa Catalina, y concluir con aquel ya deficiente personal formado por ex tropas de la guerra con el Paraguay, y a los que sólo uniformaba el achaque físico y una astrosa vestimenta. La policía de la capital es ahora muy otra. Se impone por sus agentes fuertes y adiestrados; por la planta de ‘policeman’ que da a cada uno de los mismos el uniforme y correaje modernos, y una mayor civilidad”. El tema salarial no dejaba de estar presente, con las notas propias de la época: “Además esos guardianes del orden no sufren ya la mengua de la diaria ración de carne con que el gobierno integraba, desde tiempo inmemorial, el mísero sueldo del gendarme policial, y para recibir la cual, esposa o hijas de esos servidores públicos debían acudir todas las mañanas a la recova del Cabildo, donde el espectacular reparto de la matutina ración, resultaba humillación y pérdida de tiempo, pues esas esposas e hijas tenían que hacer fila, lo que es ahora la mal llamada ‘cola’. Juárez ha obtenido la mejora del sueldo de ese servidor, y con ello ha puesto fin al humillante y viejo espectáculo”.
El final de siglo XX fue especialmente complejo en materia de recursos humanos y medios para la institución. Entre 1980 y el nuevo milenio, la dotación de personal se mantuvo constante, en poco más de 11.000 efectivos, a pesar del aumento de la población y el crecimiento del delito. La consiguiente sobrecarga de funciones, unida a procesos de pérdida del valor del salario, significación social y perspectivas de carrera, desembocaron intermitentemente en algunas medidas de protesta y diversos “acuartelamientos”. El primero de ellos en pleno gobierno de facto militar y el último a finales del pasado año.
Paralelamente, en el último par de décadas la problemática de salarios y condiciones de trabajo dieron origen a una corriente de opinión que postula la agremiación sindical. A la denegatoria de la autoridad administrativa le siguió la vía judicial en un proceso cuyo último pronunciamiento fue el 14 de abril de 2011, cuando el Tribunal Superior de Córdoba en pleno y por voto unánime, rechazó la posibilidad de sindicalizarse en el caso “Rearte”.
Un ex jefe de la institución, Luis Esteban Saravia, cuya gestión dedicó no pocos esfuerzos en los aspectos educativos y de formación profesional, sostiene que uno de sus problemas centrales como organización es el referente al seguimiento en el tiempo de la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos. En una ocupación que demanda tanto vocación como espíritu de sacrificio, el anquilosamiento, la pérdida de expectativas profesionales y baja de posibilidad de progreso de carrera es tan problemática como el nivel de los salarios o los medios disponibles.
Ya en el año 2008, quien esto escribe advirtió de los peligros que conllevaba no tener una instancia no sindical de discusión de salario y condiciones de trabajo respecto de los “cuerpos armados del Estado” -Abeledo Perrot Córdoba, noviembre 2008, fascículo 11, pág. 1231-, y con ocasión de la sanción del fallo Rearte -Abeledo Perrot Córdoba, agosto 2011, fascículo 8, pág. 876-.
No nos enrolamos dentro de los partidarios de la sindicalización pero que los cuerpos armados del Estado no puedan agremiarse ni ir a la huelga o imponer medidas similares, no dispensa al Estado de derecho de arbitrar los medios para generar instancias viables para resguardar sus derechos al salario y condiciones de labor razonables, aun dentro del contexto de riesgo en que actúan. Lo dijimos por escrito en su oportunidad, en este mismo diario: “Entre las muchas cosas que deben analizarse, una no debe ser pasada por alto: si hubiese existido una instancia estatal eficiente que encauce los derechos laborales, que los tienen, del personal policial, no se hubiera llegado al auto-acuartelamiento y todo lo que siguió después”.
No desatendamos las lecciones de la historia.
