ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Dicen que algunos de los canarios preferidos de Julio de Vido ya no pían. Que -aunque parezca difícil de creer- también sus aves, desde sus “jaulas de oro” han acusado el golpe de la puesta en otra jaula de su dueño.
En cualquier sociedad integrada, libre, inclusiva, sin mayor tensiones, los ejemplos se dan de “arriba para abajo”. En las disgregadas, conflictuadas, en crisis, es exactamente al revés: los gobernados se los dan a sus gobernantes.
Lo que no se conoce sobre la detención de Julio, es que el todopoderoso ex ministro, que conservaba muy buena “llegada” en Comodoro Py, es que fue detonada por la acción de un ciudadano común, un empleado público que no transó con cierto estado de cosas. El ejemplo de un hombre, bien podría decirse.
Casi al término del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Rodríguez se desempeñaba en las oficinas de Yacimientos Carboníferos Río Turbio de la avenida Cabildo en la ciudad de Buenos Aires.
Por esos días, se le dio la orden de “quemar unos papeles”. Al ver de qué se trataba, en lugar de hacer lo que le habían pedido, los guardó en un armario. Tenían, entre otros la firma de De Vido, Roberto Baratta, del ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, y siguen los personajes. Los 36 cuerpos de expedientes que se salvaron de tal forma del fuego, luego del cambio de gobierno fueron entregados al nuevo interventor, radicándose la correspondiente denuncia penal.
El empleado no aprovechó la situación ni pidió nada para sí. Tampoco le importaron los riesgos que llevaba meterse con esas estructuras mafiosas que roban al Estado, es decir, a todos nosotros, desde dentro del mismo Estado. Luego se adhirió a un retiro voluntario y se fue de la empresa para emprender otros proyectos.
Éste es uno de los tantos hechos que se le reprochan al ex ministro. Tal vez el impacto de la noticia de su detención hizo que nos olvidemos que en estos mismos momentos se están desarrollando las audiencias en las que se está enjuiciando penalmente su responsabilidad en la llamada “Tragedia de Once”. El tristemente conocido accidente del tren Sarmiento en Buenos Aires ocurrido en febrero de 2012 en el que murieron 51 personas y quedaron heridas más de 700 y por el que ya fueron condenados los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como el empresario Sergio Claudio Cirigliano, entre otros funcionarios y personas vinculadas a la empresa TBA.
Pero, ojo, De Vido es apenas uno, muy importante sin dudas, de los tantos que en nuestra historia han cometido actos de corrupción. Por ello pensamos que, si bien la judicialización de su situación es importante, no se debe agotar aquí. Sería bueno que nuestras instituciones no sean permeables y ciegas al poder de quienes realizan actos venales y que la sociedad rechace contundentemente esas prácticas. Ojalá que la frase “roban pero hacen” quede para siempre en el archivo de las justificaciones irracionales que solemos escuchar.
Por otra parte, este tipo de hechos necesariamente va de la mano con empezar a sentar en el banquillo de los acusados al otro lado del mostrador y que la “patria contratista” empiece a tener nombre y apellido, datos y cifras. Algo parece vislumbrarse con la condena a Cirigliano o los múltiples procesos a Lázaro Báez. Pero faltan otros, los más “prolijos” y, por lo mismo, más peligrosos para la amputación de los dineros públicos. Ésos que han estado en todas con todos los gobiernos. ¿Se entiende, no?
La salud de la República no se asienta sólo en leyes, organismos estatales, ni menos que menos, en la Guardia de Infantería. Es un sistema de gobierno que requiere, como requisito sine qua non, ciertos comportamientos de todos, cierta “cultura cívica”. También de la honestidad “activa” de los ciudadanos. Esa es la mejor manera para prevenir la corrupción y también su más efectivo remedio, si llega a estar instalada.
Las pruebas están a la vista.
