ESCUCHARPor Gonzalo Fiore Viani (*)
La figura de la intervención humanitaria es y ha sido ampliamente discutida. Podemos abordarla desde dos aristas: el derecho internacional y la cuestión política. Algo que tiene legalidad desde el punto de vista del derecho no necesariamente puede gozar de legitimidad popular o de apoyo político. Especialmente peliaguda es la cuestión cuando esa intervención se trata en un país de América Latina. Tanto por proximidad geográfica como por la historia política del continente. La contradicción existente entre respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y asegurar la supremacía de los derechos humanos, no debe escapar a los especialistas en derecho internacional ni a los dirigentes políticos a la hora de tomar decisiones.
Lo cierto es que hay numerosos casos, tan sólo en la historia reciente, de intervenciones humanitarias que terminaron en catástrofe para los países intervenidos. Un caso concreto es el de Libia: según Naciones Unidas, este país tenía uno de los índices de desarrollo humano más alto de África en 2010; sin embargo, luego de que la OTAN intervino en 2011, el Estado se encuentra derrumbado y sumido en una prolongada guerra civil.
Luego de los acontecimientos del fin de semana en Venezuela, cuando gobierno y oposición se disputaron el control de la frontera para dejar pasar la ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, vastos sectores de la oposición a Nicolás Maduro están pidiendo abiertamente una intervención humanitaria en el país. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, le pidió a Juan Guaidó que la solicite ante el Grupo de Lima. De la misma manera lo hizo el diputado en el exilio Julio Borges.
La Constitución venezolana deja en claro en su artículo 187 que la Asamblea Nacional tiene entre sus facultades “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Esto podría ser una base legal para que Guaidó, como presidente -autoproclamado- de la Asamblea Nacional, reconocido por numerosa cantidad de países, la solicite. A su vez, los artículos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Global, adoptados por Naciones Unidas en 2005, establecen que la comunidad internacional tiene la “responsabilidad colectiva de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” en caso de que “los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente.”
Rusia ya ha rechazado de plano la posibilidad de cualquier tipo de intervención directa en Venezuela. Probablemente, el “plan B” que el gobierno de Estados Unidos dice tener para implementar sea realizar la intervención mediante sus aliados en la zona. Tanto Brasil como Colombia son conducidos por gobiernos afines a la administración de Trump y comparten frontera con el país bolivariano, si bien anteriormente a los hechos del fin de semana, el ministro de Defensa brasileño, Fernando Azevedo e Silva, descartó tajantemente que las fuerzas armadas de su país crucen la frontera para permitir el ingreso de los contenedores de ayuda humanitaria. A su vez, el canciller colombiano, Carlos Trujillo, sostuvo que es necesario continuar aislando políticamente al gobierno de Maduro y lograr que cada vez más países reconozcan a Guaidó como presidente, rechazando de esta manera, también, cualquier tipo de acción militar contra Venezuela.
No está de más recalcar que América del Sur es una zona de paz desde hace más de un siglo. La última vez que estuvo a punto de producirse un conflicto entre países de la región fue en 2010, cuando el expresidente Néstor Kirchner medió entre el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y Hugo Chávez, para evitar así una escalada de hostilidades entre Colombia y Venezuela.
Hoy, nuevamente, debido a la fuerte crisis humanitaria que azota a Venezuela, la posibilidad de conflicto armado no parece tan lejana. Al mismo tiempo, no parece haber salida clara de la crisis que vive el país. Por lo pronto, sólo queda esperar que se agoten absolutamente todos los canales institucionales y políticos. Ya que la sola posibilidad de una intervención extranjera de cualquier tipo en un conflicto tan delicado y complejo podría traer consecuencias catastróficas para toda la región. Más allá de su legalidad.
(*) Abogado. Maestrando en Relaciones Internacionales
