ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**
Lo dicho hace un par de semanas sobre la amistad cívica pareció cuajar entre los dos candidatos presidenciales más votados, uno de ellos en ejercicio de la magistratura, para luego desdibujarse a los cinco minutos.
Desde ese momento la crisis ha arreciado con la lógica consecuencia de incertidumbre, angustia y fundados temores en todos.
Se trata de una crisis de la que se habla más en los medios que en donde debería discutirse. Con actores que dialogan con diarios extranjeros antes que con los funcionarios nacionales que deben lidiar con el tema.
En este punto creemos importante recalcar lo básico, precisamente porque las crisis tienen ese efecto: dejar de lado lo normal y lógico.
En tal sentido, primero digamos que somos una República. Y en segundo término que existe algo llamado Constitución, que establece una tríada de poderes para gestionar al Estado. Es desde esos órganos, particularmente el Congreso, que debe hacerse frente a los problemas del presente.
Seamos constitucionales, en lugar de esperar en la desesperación al hombre providencial que llegue a salvar el momento. A los alemanes en la década de 1930; a los italianos, diez años antes, e incluso a los rusos, tras la revolución de octubre de 1917, no les fue bien con ese método. Aun cuando, inicialmente, parecería encaminarse el futuro.
Res-pública. La cosa pública. Los asuntos de todos. Elegimos representantes para que se ocupen de esos asuntos. Les pagamos, y no poco, a tales fines. Pues bien, que trabajen. Que cumplan el rol que deben cumplir.
Una crisis como la presente excede al ejecutivo. El propio presidente lo ha dicho. Lo que no se
termina de poner de relieve es que exige un particular compromiso de parte de todos los funcionarios. Electos o no, y aun de los candidatos a serlo.
No nos ha ido bien, nunca, cuando se convierte al Estado en un partido político. Tampoco, cuando se hace campaña en lugar de gobernar. Menos que menos, cuando se usan las sesiones de los órganos legislativos del Estado para la chicana y los “tejes y manejes” que la ambición de figuración o poder provocan.
No estamos en situación como para actuar con irresponsabilidad, con indolencia o con falta de coraje. Esto es válido para todos y es predicable también en el ciudadano común pero, especialmente, respecto de aquellos que ejercen un cargo público.
Debe institucionalizarse la crisis. Tratarla democráticamente. En la antigua Atenas se reunían en el ágora y en Roma en los comicios y el senado. Nosotros, como democracia representativa, tenemos un lugar por excelencia para tratar los grandes entuertos nacionales: el Congreso de la Nación. Hasta ahora, inexplicablemente mudo.
Si nuestra democracia no encuentra carriles orgánicos y racionales para generar los consensos que permitan sortear las graves dificultades de la hora, no hace más que dejar abierta la puerta a la vuelta del autoritarismo. En cualquiera de sus formas. Más “soft” o más “hard”, como dicen los chicos.
El Congreso debe debatir buscando acuerdos. No se trata de dejar de pensar de una determinada manera, de abandonar ningún principio, sino de comprometerse en conductas que aquieten la situación. Tal como hacen en el parlamento inglés, sin quererse en lo absoluto. O en el Bundestag alemán, con posturas que están en las antípodas unas de otras.
Se trata, en buen romance, como lo hemos puesto de manifiesto al hablar hace un par de semanas sobre la amistad cívica, de “tener códigos”. O en otras palabras: ser gente de bien. Privilegiar los intereses colectivos y no una mirada egoísta de la realidad, invariablemente puesta en función de las propias necesidades individuales del ascenso político.
Dejemos de esperar con ansias al hombre providencial, del sector que sea. Que los órganos de la Constitución empiecen a debatir lo que debe hacerse para salir y no a echarse culpas. Que los funcionarios de la democracia electos o que quieren serlo se quiten de la mente por un rato la campaña y la elección de octubre, para pensar en cómo resguardar el futuro de la república, comenzando por su mismo presente económico.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas
(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
