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El termómetro no es el único instrumento que registra altas temperaturas en el caluroso verano cordobés; si hubiera algún elemento para medir el mal humor de los cordobeses al recibir los cedulones de la “contribución que incide sobre los inmuebles” seguramente superaría ampliamente las marcas térmicas.
La verdad sobre este desmedido aumento en el llamado vulgarmente impuesto inmobiliario municipal es que se produce por el efecto combinado de varias medidas tomadas por la administración Mestre, votadas por el Consejo Deliberante con su nueva composición.
Medidas tomadas por esta gestión
Ellas fueron, en primer término, la eliminación total de la reducción de 30% para contribuyentes cumplidores; en segundo lugar el incremento en las bases imponibles (vulgarmente llamado revalúo); y por último la eliminación de reducciones tales como las vigentes hasta el año 2011 que establecían un importe fijo a deducir en propiedades cuyas bases fueran inferiores a $200 mil o la exclusión para viviendas de la cuarta categoría
Analizaremos cada una de estas modificaciones de la ordenanza Tarifaria anual, que finalmente se traducen en un incremento potenciado de la mencionada contribución.
Con respecto a la primera medida citada, es bueno aclarar que la eliminación de la reducción general de 30% sobre el valor de la contribución ya había sido dejada sin efecto por la administración anterior y sólo se aplicaba para aquellos contribuyentes que cumplieran puntualmente con el pago, por lo que operaba como un estímulo al cumplimiento fiscal que significaba -a tasa de interés- un beneficio para el contribuyente cumplidor del orden de 42,86%. La eliminación de este beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada por la actual administración en cuanto a sus efectos sobre la recaudación, ya que su eliminación desalienta el pago puntual y puede suceder, al eliminarse este incentivo, que los ingresos teóricos presupuestados por este concepto disten bastante de la recaudación real.
Respecto de la virtual y real actualización de las bases, el Revalúo de propiedades ya fue realizado en el año 2008 y se aplicó para 2009, poniendo allí fin a dos de décadas en las que no se actualizaron las bases imponibles de los inmuebles. Oportunamente, al momento de llevar esta tarea adelante la dirección de Catastro, se observó que los valores teóricos de las propiedades eran excesivos y se decidió morigerarlos aplicando un coeficiente de 80% sobre dicha formula. Hoy ese coeficiente se llevó a 100%, lo que por sí solo significa un incremento de 25% en las bases de valuación.
Otra modificación establecida mediante el art. 6 de la ordenanza 12017 es la incorporación de coeficientes de ajustes sobre la base ya calculada en función de los valores de las propiedades de los distintos barrios de la ciudad que implican incrementos por zonas, que oscilan entre 1% y 7,5% más sobre dichas bases, lo que implica un nuevo ajuste sobre el revalúo ya realizado.
Paralelamente, se han eliminado virtualmente todas las reducciones que pretendían morigerar los efectos del revalúo para aquellos sectores más sensibles, como eran la deducción de un importe fijo en caso de propiedades de bases imponibles inferiores a doscientos mil pesos y también la exclusión de la base de tributación de las viviendas de cuarta categoría, ya que ellas son de propiedad de un sector de mayor vulnerabilidad y cuyo mantenimiento en la base produce escaso interés fiscal. Sobrevive aún, felizmente, la llamada “tarifa social tributaria” destinada a planes de viviendas construidas por organizaciones sociales y que sancionó el anterior Concejo Deliberante, tal como lo contempla también la legislación provincial.
Evidentemente, este “combo” de reformas destinadas a obtener mayores recaudaciones tendrá un efecto explosivo sobre el valor de las contribuciones que han comenzado a recibir los contribuyentes y que se traducen en incrementos que oscilan entre 40 y 90 % en la carga impositiva.
Incrementos desiguales
El tema, para los contribuyentes cordobeses, es: ¿qué ingresos han tenido en el último año un incremento de 40% y más?
Los asalariados formales no han visto incrementados sus salarios en estos porcentajes y ni hablar de quienes permanecen aún en la informalidad. Es difícil pensar que 75% de los vecinos de la ciudad de Córdoba pertenecen a las franjas más altas de la distribución del ingreso como para que este incremento pase desapercibido en sus economías familiares.
Al momento de decidir a qué obligaciones hará frente una familia, es seguro que priorizará cuestiones mas inmediatas como son la alimentación, salud y educación y servicios esenciales como agua, luz y gas, y relegue a un segundo plano el pago de contribuciones inmobiliarias, lo que producirá un incremento importante en la morosidad, con lo cual los resultados en las arcas municipales seguramente no serán los esperados.
Mientras tanto, el municipio, con intenciones de privatizar servicios, busca desesperadamente ingresos, ya que deberá afrontar su pago. Los privados no concurrirán a prestarlos reduciendo su rentabilidad. Difícilmente ello redunde en beneficio de TODOS los vecinos y vecinas
