ESCUCHARArgentina era, hasta fines de 2015, uno de los países menos endeudados en moneda extranjera del planeta, pero desde entonces ese proceso se ha venido revirtiendo en una medida peligrosa y sin que se incremente la inversión productiva
A fines del año 2003 la deuda externa pública, luego de la poco responsable y poco profesional conducción de la última década del siglo XX, trepó a nada menos que US$174,5 mil millones; cifra récord en esa materia que obligó posteriormente a tomar serias medidas para reducirla y hacerla pagable. En estas condiciones, ese año se concretó el cambio de conducción después de una sucesión de cinco fugaces titulares del Poder Ejecutivo. Cada uno de ellos en pocos días exhibió su precaria y muy preocupante formación que no los habilitaba para asumir las responsabilidades para las que, obviamente, no estaban preparados.
A partir de mediados de dicho año se revirtió exitosamente la tendencia y hasta fines de 2007 la tasa acumulada de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) registro un inédito índice de 42,5%; el más elevado por mucho de toda la vida independiente de nuestro país.
Con posterioridad -entre 2008 y 2014- hubo dos años (2009 y 2012) en que los índices fueron negativos, seguramente influidos por la tendencia en baja generadas por sendas caídas de la economía en el ámbito internacional, especialmente en los países de Europa Occidental y Central. Aun así, el índice acumulado de ese lapso llegó a 27,9% y las exportaciones crecieron de forma tal que en 2013 escalaron al récord histórico, superando US$84 mil millones.
En ese contexto se logró reducir en 71,8% la deuda externa como consecuencia de una política adecuada al efecto.
Desde el 10 de diciembre de 2015, tras el cambio de gobierno, se ha seguido un esquema inverso al precedente pues desde un saldo de apenas US$29.000 mil millones, incluyendo US$14,5 mil millones en poder de lo llamados “fondos buitre” que se negaron a hacer quita alguna, se viene apelando a recursos externos que han hecho trepar rápidamente la deuda.
Se estima que hasta fines del presente año llegará por todo concepto a un total de US$335 mil millones, de esa cifra US$72.700 miles de millones corresponde a los que se han venido tomando por parte del actual gobierno para cubrir desequilibrios ordinarios y no para incrementar el capital productivo; lo cual difiere de lo racional y aconsejable. Cabe advertir que, además, persiste una deuda contraída en moneda nacional que también viene ascendiendo meteóricamente.
En atención a que el nivel de inversión ideal debería ascender a una cifra equivalente a 24,5% del PBI pero llegará a apenas un 17,8%, en tales condiciones se advierte que será muy problemático impulsar una recuperación autosustentable. Ello es así debido a que los bienes de capital, que anualmente cumplen el fin de su ciclo y deben ser sustituidos, equivalen a no menos de 12,4% del PBI; mientras los nuevos equipos y demás bienes de capital deben sumar anualmente un valor no menor que 8,5% del PBI.
Es obvio -en consecuencia- que sumar sólo un residuo de 5,1% neto al capital nacional impide encarar cualquier tipo de recuperación sin correr el riesgo de caer en un nuevo proceso recesivo de mayor intensidad aún. Para evaluar con mayor realismo esa situación se debe recordar que los vencimientos intrasectoriales equivalen a 30% (US$170 mil millones) de esa deuda pero que pueden ser renovados y vienen acumulando los intereses que tampoco se pagan. De todas maneras, sólo postergan obligaciones que con el transcurso del tiempo generan un fuerte compromiso adicional de intereses o, en su defecto, una renovación sin límite de tiempo que los incluye. Esta alternativa genera un aumento de la deuda principal que, en ese caso, trepa en forma piramidal por sumarse los costos financieros.
Las consecuencias más inmediatas
El referido proceso de reendeudamiento que deriva de la magnitud básica que han asumido los pasivos y el tan acelerado incremento que hace vislumbrar sus límites ya que ellos no estarían muy lejanos pero, a juzgar por la actitudes en los ámbitos ministeriales, no parecen tenerlo suficientemente en cuenta y ello es muy peligroso, tanto para el país como para sus empresas e incluso la población en general. A todo ello se debe agregar la situación que coexiste en las 23 provincias y la Capital Federal, donde sus respectivas autoridades locales vienen asumiendo nuevas deudas de magnitud casi totalmente en moneda extranjera que, en conjunto, superan holgadamente US$70 mil millones.
En cuanto a la deuda que se ha calificado precedentemente de intrasectorial, ésta ha sido emitida en letras y bonos expresados en pesos, dólares y euros de diversos vencimientos que han receptado y figuran como un importante rubro de sus respectivos activos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Anses. Como no se pagan y se renuevan sistemáticamente, sumándoles los intereses, e incluso se vienen ampliando por ser los acreedores más accesibles, dicha deuda trepa cada vez a más elevados niveles. Cabe advertir que estas entidades, para preservar su existencia y funciones, deberían evitar correr excesivos riesgos como lo están haciendo.
Esta forma de gestión se ha intensificado durante los dos últimos años. Para el BCRA, esta operatoria, si excede ciertos límites, puede impulsar una eventual y peligrosa pérdida de liquidez al restar al mercado una masa de crédito al sector empresarial e impone una fuerte cuan continua emisión.
En el caso de Anses, puede hacer peligrar la estabilidad e incluso la mismísima vigencia de los regímenes de seguridad social que actualmente cubren a alrededor de ocho millones de jubilados y pensionados. Por otra parte, el principal motor que impulsa este tipo de endeudamiento es la permanencia, incluso en continua suba, del déficit fiscal, el cual, lejos de irse reduciendo, mes a mes crece en forma incesante.
También las cuentas derivadas del comercio exterior que deberían ser proveedoras naturales de divisas, se han venido reduciendo, especialmente las exportaciones que en el lapso de un quinquenio se redujeron en nada menos que -27,4%. En este aspecto es muy notoria la actitud de Brasil que virtualmente ha frenado el nivel de sus compras pues ascendieron a apenas 0,7%, mientras sus ventas a nuestro país se han elevado 24,2%; con lo cual los desequilibrios negativos exhiben las cifras más elevadas de los últimos 20 años. El rubro más importante es el derivado de la producción de automotores y autopartes que fue originalmente concebida por medio de una integración de las 11 empresas que operan en el área.
Éstas están instaladas en ambos países pero actualmente dicho esquema ha sido violado sin que nuestro gobierno reaccione ante el desequilibrio que implica pues por cada cuatro unidades que se importan de ese origen se logra exportar apenas una. Resulta evidente que la balanza de pagos bilateral exhibe saldos crecientes “en rojo” que también surgen de la contratación de servicios y pago de intereses regalías, y viajes al exterior que requieren realizar importantes remesas que para 2017 están estimadas en no menos de US$112 mil millones, es decir, 70,4% por encima de lo erogado por igual naturaleza en el año precedente.
El equívoco manejo de un esquema neoliberal
La realidad es que en un mundo donde reina un severo control de las importaciones, el actual equipo gobernante argentino responde con una modalidad propia de la concepción neoliberal y ello condiciona seriamente al país.
Si faltara un ejemplo para verificar esa dispar realidad se pueden citar como tal las gestiones para exportar una carga de limones por alrededor de US$60 millones a Estados Unidos que se han venido negociado durante dos años y que, en última instancia, requirió admitir por semejante valor la introducción de carne de cerdo pese que ella no falta en el país.
Esto no sorprende pues en casi todos los países del orbe prima un severo control y limitaciones de las importaciones que nuestro gobierno parece desconocer. Pero que en Washington se haya establecido ahora una carga que oscila entre 50,29% y 64,17% para frenar la importación de biodiésel argentino -lo que equivale a prohibir virtualmente esa actividad- y, además, nos hace perder US$1.200 millones de divisas, suena a una burda revancha.
Las estimaciones oficiales anticipan que el déficit fiscal será, contrariando los anuncios de mediados de año, bastante mayor y superará seis por ciento, pues la suba del rubro intereses excede holgada e inusitadamente los muy publicitados “ahorros” que se han hecho en materia de subsidios; logrados mediante fuertes incrementos de las respectivas tarifas de servicios públicos que deben afrontar los usuarios e impactan muy negativamente en el poder adquisitivo salarial.
A ese cuadro debe agregarse la importante “fuga de divisas” que pasan a ser incorporadas a los activos líquidos depositados en el exterior por particulares y empresas que, aún después de vencido el régimen de “blanqueo”, se calcula que en función de esa modalidad, mantienen fuera del país una cifra superior a los US$250 mil millones.
El continuado agravamiento de esa situación se aprecia claramente al considerar que en el primer semestre de este año el déficit de la balanza comercial llegó a US$2.613 millones y que para fin aquél podría ubicarse en alrededor de US$4.200 millones.
Por supuesto, la cuenta corriente del balance de pagos, que incluye servicios e intereses, puede incrementar en otros por vía de dichos rubros en una cifra semejante a la que se agrega la creciente “fuga de divisas”. Debe advertirse que la deuda pública que figura en carteras privadas asciende a 69,3% del total aunque medida en términos de PBI, se haya reducido en 18,7% respecto a la que se estimó vigente a fines de 2015.
En tal situación el total de pagos de intereses equivale a dos por ciento del PBI y los analistas más respetados registran sin disimulo alguno un alto grado de preocupación por el creciente monto de intereses y por el ritmo anual de crecimiento de dicho rubro pues para el año 2019, de continuar la misma tendencia, llegarían a duplicarse y hacerse totalmente impagables, con peligro cierto de volver a reiterar una situación semejante a la que se afrontó en 1999/2003; la cual obligó a apelar a un virtual concurso de acreedores y concretar una fuerte quita para poder afrontar los compromisos resultantes e incluso ello sería mas problemático si la economía no crece adecuadamente en los próximos años.
Por tanto, será indispensable superar ese letargo sufrido y comenzar a crecer a tasas anuales de no menos de cinco por ciento; lo cual será un objetivo que se puede calificar de “nada fácil” pero “no imposible”; aunque requerirá modificar el esquema de “apertura” que se ha implementado hasta ahora pues es incompatible reiterar la vigencia de este desequilibrado sistema dentro de un contexto internacional de creciente contralor que limita estrictamente el ingreso de importaciones no imprescindibles.
En las actuales condiciones nuestro país corre riesgos que recuerdan a boxeadores que bajan la guardia y, por ello, obviamente, terminan irremisiblemente en la lona knock out.
