ESCUCHAR
El reciente paquete de reformas enviado por el oficialismo, al Congreso, denominado “ley ómnibus” por la cantidad de materias en él incluidas, no deja afuera la Ley de Propiedad Intelectual, lo que ha desatado un intenso debate en el ámbito artístico y cultural argentino.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la descentralización de entidades emblemáticas como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) o la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), lo que podría transformar radicalmente la dinámica de la gestión colectiva de derechos de autor.
La norma afectada, la 11723, actualmente es la columna vertebral que protege los derechos de los autores en el ámbito científico, literario, artístico o didáctico. Esa ley permite la exposición, reproducción, traducción y explotación comercial de obras, siempre y cuando sea autorizada por los titulares de los derechos. Sin embargo, las entidades de gestión colectiva, hasta ahora monopólicas en Argentina, se encuentran bajo la lupa de una posible transformación.
En el esquema actual, entidades como Sadaic, Argentores, Asociación Argentina de Intérpretes (ADDI) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) tienen la exclusividad de gestionar los derechos autorales en sus respectivos segmentos. Sin embargo, la propuesta de Ley ómnibus busca desmantelar esta centralización, permitiendo que artistas individuales o nuevos colectivos asuman la gestión de sus derechos.
La modificación propuesta no implica la derogación de las leyes o decretos que respaldan a las actuales entidades de gestión, pero introduce la posibilidad de elección para los artistas. Ahora, cada creador podrá decidir entre gestionar de manera independiente o confiar en las entidades existentes. Además, se habilita la creación de nuevas entidades de gestión colectiva, reguladas y auditadas por la dirección nacional de derechos de autor, dependiente del Ministerio de Justicia.
Este cambio brinda a los artistas la opción de la gestión individual o colectiva, pero no ambas simultáneamente. Establece plazos claros para la redistribución de regalías, evitando demoras mayores a un año. Sin embargo, surgieron críticas que advierten sobre posibles fraudes, ya que la dispersión en la gestión colectiva podría facilitar la representación indebida de artistas por parte de terceros no autorizados.
El debate se centra en el equilibrio entre la descentralización para promover la autonomía de los artistas y la necesidad de salvaguardar contra posibles abusos y fraudes. Mientras algunos aplauden la apertura a nuevas formas de gestión, otros expresan su preocupación por la vulnerabilidad del sistema frente a prácticas ilícitas.
La propuesta de la “ley ómnibus” abre un capítulo crucial en la evolución de la protección de la propiedad intelectual en Argentina.
El destino de esta reforma y su impacto en el sector artístico dependerán de la capacidad de legisladores, artistas y entidades de gestión para encontrar un equilibrio que promueva la creatividad, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales de los creadores.
La descentralización propuesta busca otorgar mayor autonomía a los artistas, permitiéndoles elegir entre gestionar individualmente o a través de nuevas entidades. Aunque se espera fomentar la diversidad y flexibilidad, las preocupaciones sobre posibles fraudes y abusos destacan la necesidad de un equilibrio cuidadoso en la implementación de estas reformas.
El desafío radica en encontrar un modelo que proteja los derechos fundamentales de los creadores, al tiempo que promueva la innovación y la pluralidad en el ámbito artístico. La evolución de esta propuesta y su impacto en la industria cultural serán determinantes para el futuro de la protección de la propiedad intelectual en Argentina.
(*) Agente de la propiedad industrial
(**) Abogada. Agente de la propiedad industrial
