ESCUCHARPor Gustavo Laprovitola (*)
Publica el diario Comercio y Justicia el 5/2/2019: “Se analiza radicar en Córdoba el segundo Hospital de Derechos del país”.
Si bien se describe algo así como una ventanilla única de atención de unas 20 reparticiones estatales, lejos está de ser un nosocomio legal, por más esfuerzo publicitario que se haya buscado en la nominación.
Porque no existe hospital sin tomógrafos jurídicos o vacunas contra la vulneración de derechos. Esto, por cuanto el correr de los años nos ha demostrado que el Estado no cumple las previsiones básicas para una buena salud jurídica de los ciudadanos.
En este sentido, los distintos gobiernos se han encargado de inocular bacterias de vulneración de derechos (corralito, incumplimiento de sentencias, flexibilización de derechos y una larga lista de etcéteras), no han destinado recursos a los laboratorios de solución de conflictos (tribunales, asesorías públicas, centros de mediación, y otra larga lista de etcéteras) ni han realizado las campañas de prevención, que implican difundir y empoderar todos los sectores sociales de sus derechos básicos, pues el “acceso a la justicia” comienza por este escalón.
Este diagnóstico me lleva a pensar que nuevamente el Estado pretende utilizar una aspirineta para frenar el cáncer de la imposibilidad de acceso a justicia en nuestro país.
La experiencia nos indica que el Estado asume el asesoramiento legal sin tomógrafo, utilizando sus servicios administrativos para realizar el diagnóstico legal del caso planteado por el ciudadano sin el respaldo científico o técnico que implica un abogado.
¿Así funcionará este hospital? Sólo basta darse una vuelta por los “centros de actividades juveniles (CAJ) de la ciudad de Córdoba (“los dispensarios”) para advertir la falta de insumos.
Personalmente celebro toda iniciativa que permita acceder a justicia y realizar sus derechos a las personas en condiciones de vulnerabilidad con necesidades jurídicas insatisfechas. Pero esta vez descreo del sistema.
Sí puedo contraponer a ello la experiencia del Colegio de Abogados de Córdoba y su iniciativa “Abogados cerca”, que vincula a la institución con la sociedad cordobesa trabajando sobre el acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad.
De esta manera, la entidad colegial, mediante su Consultorio Jurídico Gratuito con casi 60 abogados, brinda asesoramiento a personas impedidas de acceder a justicia por barreras económicas o culturales. Y expande derechos de personas vulnerables per se por intermedio de sus áreas de Mediación, Responsabilidad Social, Adultos Mayores, Discapacidad y Niñez, con el norte puesto en las 100 Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia para los operadores jurídicos, asentada sobre el Rol Social de la Abogacía y la Responsabilidad Social Profesional.
El consultorio funciona diariamente en la sede de calle Duarte Quirós 545, asesorando en todo tipo de derechos a personas en condiciones de vulnerabilidad que personalmente realicen su consulta.
Brinda orientación legal de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y también atiende un miércoles al mes en los CPC Argüello, Empalme, Villa El Libertador y Centro América, en el intento de derribar las barreras territoriales de acceso a los centros donde se concentran los operadores jurídicos.
Las actividades del consultorio se encuentran apoyadas por la Comisión de Responsabilidad Social, compuesta por un padrón de 80 abogados probono. Estas áreas del colegio hacen jornadas de extensión, como las realizadas en las carpas instaladas en las plazas de la Intendencia y de Villa El Libertador.
En fin, ni a modo de dispensario ni de clínica u hospital la abogacía de Córdoba pretende ser un engranaje más del sistema de acceso a justicia brindado con calidad y responsabilidad por los operadores del derecho.
(*) Secretario Institucional – Colegio de Abogados de Córdoba
