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La causa por violencia que involucra al ex presidente Alberto Fernández comenzó formalmente el pasado martes 6, cuando su ex pareja Fabiola Yáñez llamó al juez Ercolini y le informó que quería hacer la denuncia por malos tratos.
La cuestión se había iniciado antes, como derivación de otra causa judicial, en la que Fernández se halla imputado por delitos contra la administración pública por contratación indebida de seguros, a partir de una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, su ex secretaria. Allí, en un chat, Yáñez le relataba a Cantero varios actos de violencia, acompañando fotos.
La investigación se halla delegada en el fiscal Carlos Rívolo, quien -entre otras medidas- solicitó el allanamiento del departamento de José Albistur -que desde hace muchos años presta a Alberto Fernández para que viva allí-. Albistur es publicista y conocido por un reel difundido en las redes, en el que aparece en la playa comiendo pochoclos, a comienzos de este año.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal, quien secuestró -conforme trascendió y publicó Infobae- 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias. También la Justicia, mostrando la celeridad debida, ordenó otras medidas investigativas y de protección a la víctima, entre ellas el secuestro del celular del ex presidente.
Si bien la causa se inició en los tribunales de Comodoro Py, Silvina Carreira, la abogada designada por Fernández, pidió a fines de la semana pasada que la causa no prosiga en esa sede judicial y que se la remita a la justicia federal de San Isidro.
Yáñez, por su parte, designó abogada a Mariana Gallego, a fin de hacer valer sus derechos como víctima en el proceso y eventualmente presentarse como querellante. Ha trascendido que se baraja la idea de no declarar hasta estar determinado qué tribunal actuará, para evitar hacerlo dos veces.
En una entrevista dada al medio Infobae el pasado día 10 en un salón del hotel Emperador situado en la Gran Vía de la capital española, Yáñez expresó -visiblemente conmovida- que teme por su hijo y que el hostigamiento que denunció continúa en el presente. “Yo hoy no podía salir. Pusieron inhibidores que hacían que el auto se apagara”. Desconoce al autor de tales hechos y pide que la justicia se encargue de investigar.
No es la primera vez, conforme sus palabras, en que pidió ayuda por la situación de violencia crónica que sufría. En tal sentido expresó que nadie le brindó auxilio durante el gobierno de Fernández, ni siquiera el Ministerio de la Mujer que supuestamente se encargaba de lidiar con tales asuntos. Además, que todos en el círculo del ahora ex presidente sabían lo que pasaba y no hacían nada. “Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Sólo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”.
Es una de las cuestiones que puede abrir el abanico de imputaciones. Se trata de funcionarios públicos y, como tales, si se comprueban que omitieron actuar, la figura penal del incumplimiento de deberes puede ser un hecho procesal cierto.
Todo apunta que la causa quedará en el mismo juzgado federal que trató el denominado Olivosgate. Recordemos a este respecto que, pese a las reiteradas solicitudes de sus abogados, Fernández nunca fue sobreseído por la “fiesta en Olivos”. El único impedimento para que eso ocurra es un recurso de queja ante la Corte Suprema, todavía pendiente, de los padres de Solange Musse, que no pudieron ver en Córdoba a su hija enferma antes de morir por la cuarentena, para ser aceptados como querellantes. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a cargo del proceso, ha manifestado en diversas oportunidades que no dará una resolución al respecto hasta que no estén decididos y firmes todos los recursos.
Como puede deducirse claramente, llevar a la justicia a estas situaciones pasa más por la existencia de mecanismos ágiles para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos, antes de por conferir facultades y poder a organismos que, en el mejor de los casos, poco sirven para mejorar el estado de cosas, y que -en el peor de los casos- se convierten en una suerte de policía o control ideológico que se usa con condenables fines políticos. Sobre todo, contra los opositores o quien moleste al poder de turno.
La violencia en las relaciones de pareja e intrafamiliar existe. Debe abordarse de un modo serio, profesional, conforme a derecho. No desde la ideología o el cálculo político de ocasión, ya sea dentro o fuera de tribunales. Es algo más que obvio para decir pero que, a la luz de los acontecimientos, debe necesariamente expresarse.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
