ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Las fronteras de nuestro país o de cualquier otro no son sólo un límite turístico. Son la puerta de entrada a la casa de todos. O de salida.
El declive de calidad en los servicios estatales alcanza también a las cuestiones fronterizas. Que todavía no haya pasado nada grave no quiere decir que no pase nada. O que no haya riesgos en el asunto. Y de magnitud.
Convengamos que es un problema de larga data. Nuestro país sufrió en los 90 dos terribles atentados terroristas: las voladuras de la Embajada de Israel, primero, y de la AMIA, después. En ambos casos la célula responsable entró, permaneció y salió sin mayores problemas. En el caso de la embajada, ni siquiera se cerró ninguna frontera, puerto o aeropuerto.
Luego del atentado a las Torres Gemelas, en 2001, el gobierno de Estados Unidos cerró el espacio aéreo de toda la nación, un lugar que concentra la mayor actividad aérea del mundo, por varios días.
Las muertes de las personas de ambos hechos en Argentina hablan a las claras del costo que trae aparejado comportarse como amateurs en un mundo peligroso, violento y sangriento. Es decir, justo como en el que vivimos. Confiando, más por derroche de vitalismo que por racionalidad, en que “no va a pasar nada”. Ya pasó dos veces. Y lo que es peor: puede volver a ocurrir.
Desde hace años las fronteras argentinas representan un problema para la seguridad interna y global. Circunstancia manifestada por la comunidad internacional en varios informes, en los que se ha advertido sobre la presencia de células terroristas que buscan financiamiento mediante actividades delictivas o, en otros casos, que procuran un lugar de refugio.
Por si faltaran pruebas de ello, a inicios de marzo pasado dos iraníes ingresaron al país con identidades falsas de ciudadanos israelíes. Al ser detenidos, se encontraron en su poder cuatro pasaportes falsos. Uno de ellos con el nombre exacto de un personal diplomático israelí destacado en Argentina en el pasado. Habían usado dos para salir de España en un vuelo de Air Europa y con los restantes ingresaron a Argentina.
En estos días, la payasesca fuga de Alberto Samid, primero a Paraguay y luego a Belice vía Panamá, pone nuevamente en el tapete el tema de la seguridad de nuestras fronteras. Argentina tiene una excelente fuerza de seguridad militarizada, la Gendarmería Nacional. Pero ella es empleada para reforzar la seguridad “de calle” en el Gran Buenos Aires.
Similar cuestión ocurre con la Prefectura Naval, de gran nivel también, y que debe encargarse de resguardar los espacios lacustres, fluviales y marítimos de nuestro país en lugar de patrullar por Puerto Madero o el conurbano bonaerense. En este caso, a la cuestión de seguridad se le suma la depredación sostenida de nuestros recursos en la plataforma económica exclusiva.
No decimos que no deba atenderse la inseguridad en los distintos cordones del conurbano bonaerense. Pero son cuestiones policiales de base que entran más bien dentro de la órbita de competencia de la policía federal. Si es que se quiere comprometer a alguna fuerza federal en el tema.
Como de costumbre cada área del Estado tiene que atender algo para lo no que no ha sido establecida con el precio de descuidar aquellas funciones que sí le son propias.
No hay que ser un genio de la seguridad para poder apreciarlo. Basta con sintonizar alguna señal de cable que pasa documentales respecto de la labor de las fuerzas de seguridad fronteriza en Canadá, Estados Unidos o España para ver que las mismas se ocupan de eso: controlar las fronteras y no actuar como policías de calle en Harlem o el gran Madrid. Debería pensar en ello. Sobre todo, los funcionarios que privilegian encuestas antes que políticas de fondo.
Si bien en los últimos años algo se ha intentado hacer, es poco lo que se ha avanzado. Tal vez porque no se empieza por donde se debe: poner las cosas en su lugar y que cada organismo se ocupe de sus funciones naturales. Posiblemente una vez que se logre eso éste, como tantos otros problemas que padecemos, inicien un camino de solución.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.
(**) Abogado. Magister en Derecho y Argumentación Jurídica.
