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Cuando hablamos de daño ambiental, hablamos de derechos humanos. Sin embargo, en Argentina, los tiempos judiciales parecen jugar siempre en contra del ambiente y de quienes reclaman por él. El caso de contaminación con hidrocarburos en Villa de las Rosas es un claro ejemplo de cómo la demora judicial favorece a los responsables y perjudica a los afectados.
Hace más de diez años, los vecinos de la zona detectaron que el agua de sus pozos estaba contaminada con nafta e hidrocarburos. Se realizaron estudios, se recopilaron pruebas y la evidencia fue clara: una estación de servicio YPF había filtrado combustible al subsuelo, afectando el acuífero y poniendo en riesgo la salud de la población.
Apenas se conoció el hecho, la Secretaría de Ambiente la Provincia clausuró el establecimiento y, tras confirmar la responsabilidad de YPF, impuso una multa por la contaminación. Pero, pese a la contundencia del expediente administrativo, el proceso tomó un rumbo insólito, a cargo de un tribunal que, en lugar de garantizar el acceso irrestricto a la justicia ambiental, terminó obstaculizándolo.
El tribunal que primero frenó el juicio y luego exoneró a YPF
En 2014, los damnificados presentaron una acción de amparo ambiental para que se ordenara la recomposición del daño. Pero el Juzgado Federal N° 3 Córdoba, en lugar de resolver con la urgencia que exige un caso de contaminación, rechazó la demanda de entrada, impidiendo el inicio del juicio.
El argumento fue que la vía del amparo no era la adecuada porque el daño ya había cesado y el caso requería mayor amplitud probatoria. Lo que no se tuvo en cuenta fue que, mientras la justicia discutía si debía o no intervenir, los vecinos seguían consumiendo agua contaminada.
La Cámara Federal de Apelaciones revocó el fallo y ordenó dar trámite a la causa. Sin embargo, lo que siguió fue un juicio interminable que se prolongó por ocho años, para que finalmente, en su sentencia, el juez de primera instancia terminara exonerando a la petrolera con un argumento insostenible: la estación de servicio no era de la bandera YPF.
La contradicción era innegable: YPF había sido sancionada administrativamente, pero en el ámbito judicial se la liberó de toda culpa.
Por eso la Cámara Federal revocó nuevamente la decisión del juez inferior y extendió la condena a la empresa de hidrocarburos.
Derechos humanos: una visión parcializada
La defensa del ambiente no es un reclamo menor, sino un derecho humano fundamental, reconocido y garantizado en tratados internacionales, la Constitución y las leyes. Sin embargo, sigue siendo abordado como un derecho humano secundario, cuando en realidad es esencial para la calidad de vida presente y futura.
Si los jueces entienden que la memoria, la verdad y la justicia son valores esenciales, también deberían entender que el ambiente y la salud de las generaciones futuras lo son.
Una respuesta tardía para un daño que sigue sin resolverse
Este caso refleja cómo ciertos tribunales pueden transformarse en verdaderos obstáculos para la justicia ambiental cuando no actúan con el compromiso que la causa amerita.
Los principios de prevención y precaución, pilares del derecho ambiental, exigen actuar con rapidez. Pero en Villa de Las Rosas, pasaron más de diez años sin una solución efectiva, mientras los damnificados enfrentaban un proceso largo y desgastante.
La justicia tardía termina favoreciendo a quienes buscan evadir su responsabilidad, mientras que los afectados deben soportar el impacto ambiental y sanitario de la contaminación.
La necesidad de tribunales que garanticen el acceso a la justicia
Hoy el fallo está en ejecución y se espera que los responsables cumplan con las medidas de remediación. Pero el tiempo perdido no se recupera. Si algo deja en evidencia este caso, es la necesidad de que los tribunales actúen con mayor compromiso frente a los conflictos ambientales.
Cuando los jueces no aplican el derecho ambiental con la urgencia y rigurosidad que corresponde, el acceso a la justicia se torna una ilusión y se convierte en un camino lleno de trabas.
El desafío ahora no solo es ejecutar la sentencia, sino asegurar que en el futuro el Poder Judicial llegue a tiempo y no vuelva a darle la espalda al ambiente.
(*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
