Semanas atrás, a raíz de la marcha por las universidades públicas, escribíamos sobre la importancia de tomarse en serio la educación. En aquella oportunidad sosteníamos la necesidad de brindar una educación de calidad, lo que implica dedicar tiempo y esfuerzo a lograr una formación sustancial, a fin de no caer en discursos genéricos de defensa a la educación pública en general y a la universitaria en particular que terminan vaciándose de todo contenido por ausencia de propuestas.
Sucede que, como se repite tantas veces y en la misma proporción no se cumple con la idea, la educación es la herramienta fundamental para que la gente progrese y en la misma medida lo haga la sociedad.
Justamente, recibimos un informe sobre la evaluación de 2000 universidades que hizo el Center for World University Rankings (CWUR), el cual posicionó a algunas de nuestras universidades dentro de aquel número de casas de altos estudios testeadas.
Vale señalar que lo que se analiza para elaborar dicha tabla es, fundamentalmente el estado de las investigaciones y su contribución a la comunidad, para lo cual se usa como parámetros la reputación académica, las publicaciones y las citas de publicaciones individuales.
Así, dentro de las primeras 500 aparece la UBA en el puesto 390, mientras que debajo de ese número se ubican las universidades de La Plata (732) y Córdoba (974). Siguen las universidades públicas de Rosario (1.517), Litoral (1.675), Cuyo (1.747), Mar del Plata (1.763) y, finalmente la Universidad Nacional del Sur en el puesto (1.895).
Pero lo relevante a nuestro criterio de este estudio, que se podrá decir con algo de certeza que es uno de los tantos que habitualmente se publican, es el análisis cualitativo que realiza, en general y de nuestras universidades en particular.
En efecto, a través de lo concluido en el informe -que es del año 2023-, el presidente de la CWUR, Nadim Mahassen, manifestó: “La posición de Argentina en la educación y la investigación universitarias está sometida a una presión cada vez mayor. En los últimos cinco años, la participación de Argentina en la investigación científica mundial ha caído un 18%, mientras que la participación de China ha aumentado un 33%. Sin inversión gubernamental adicional en investigación y desarrollo (I+I), existe el riesgo de que Argentina se quede aún más atrás”.
Es decir, el problema no es nuevo y viene de arrastre. Para tener una educación universitaria de calidad, la inversión, como señaló Marcelo Rabossi, -profesor de la Universidad Torcuato Di Tella-: “Cuanto menos invirtamos, menos relevantes seremos, especialmente cuando comparamos el esfuerzo y los recursos invertidos por los países desarrollados. En este sentido, sólo nos salvan nuestra tradición histórica, los buenos investigadores y el esfuerzo humano. Pero hoy en día esto por sí solo ya no es suficiente¨.
Ahora bien, entendemos que la inversión debe estar destinada a donde debe tener razón de ser en un contexto de gran parte de la población con necesidades básicas insatisfechas (investigación que sirva a la comunidad y formación adecuada de profesionales) y no perderse en actividades que desvían a la universidad de su objetivo natural. Si el dinero, siempre escaso, que entra a sus arcas se usa, por ejemplo, para subsidiar de modo discrecional películas, obras de teatro, repartir objetos gratuitamente, o incluso, realizar investigaciones, viajes y actividades que solo sirven para engrosar el curricular del beneficiado y que poco y nada aportan a la comunidad, nunca va alcanzar para satisfacer la verdadera razón de ser de las universidades; lo que, lamentablemente termina contribuyendo a quienes están en contra de la educación pública.
Peor aún si se usa a la universidad pública para evitar procedimientos de selección transparentes y abiertos para obtener algún bien o servicio que son obligatorios en la administración pública.
En definitiva, como egresados y profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, defendemos la educación pública, pero con el mismo fervor que lo hacemos, sostenemos que se debe hacer una revisión permanente de su estado y funcionamiento con el solo ánimo de mejorar, algo que es natural en cualquier ámbito de la vida.
Dilapidar recursos no es defender la educación pública. Tampoco usarla para perseguir encubiertamente otros fines, nada universitarios. Eficientizar los recursos, transparentar los gastos, ceñirse a pautas científicas y de razonabilidad para ejecutar los presupuestos, sí.