ESCUCHARPor José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)
Las consecuencias de la crisis socio-económica de 2008 aún son difíciles de evaluar. Los cambios políticos en países europeos calaron hondo; España no fue la excepción. Como en 1929, la contemporánea defección de las instituciones y partidos políticos tradicionales, alteró las democracias. Comenzada la década, una ola de movilizaciones populares fue la respuesta al deterioro de las condiciones de vida y de la incapacidad mostrada por la dirigencia para ofrecer soluciones. La aparición del fenómeno del 15-M -entre otras expresiones de una nueva cultura política- y las elecciones de 2011 en las que el Partido Popular (PP) consiguió mayoría absoluta, mostraron los primeros síntomas del derrumbe del sistema bipartidista español que predominó desde las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1977.
De la “transición” -al recuperarse la monarquía constitucional, tras la muerte de Franco en 1975- surgió un orden institucional federo-regional y un sistema articulado entre dos fuerzas políticas dominantes: la centroizquierda liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la centroderecha por el Partido Popular (PP), que tuvo algunas complicaciones para su consolidación en la década de 80 por la crisis de la Unión de Centro Democrático, reconvertida posteriormente en Alianza Popular y se refundó, en el actual PP (1989). Se produjo un bipartidismo imperfecto, por sumar expresiones de sesgo territorial subnacional: los llamados “partidos autonómicos”. En España coexisten partidos nacionales (extendidos en todo el país) con otros acotados jurisdiccionalmente (el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo), que adquieren gradualmente un papel estratégico en la política nacional. El principal objetivo durante la transición fue establecer un sistema sociopolítico que propendiera a la estabilidad gubernamental, a la descentralización territorial y la consolidación de un sistema de partidos, trascendental para el período fundacional de la democracia. Para ello se diseñó también un sistema electoral que sobrerrepresenta, en las circunscripciones internas de las Comunidades Regionales (denominadas provincias) más pequeñas, que aún hoy favorece al PP y al PSOE, facilitando el bipartidismo durante más de tres décadas.
Sin embargo, las elecciones de 2015 modificaron el escenario electoral. Irrumpieron en el Congreso español dos nuevos partidos “nacionales”: Podemos (izquierda) y Ciudadanos (derecha). El resultado de la elección dejó un reparto de bancas ceñido entre cuatros partidos políticos, lo que generó la imposibilidad de formar gobierno para esa Legislatura y un consiguiente llamado a nuevas elecciones a mediados de 2016. Recién en octubre de ese mismo año podría Rajoy formar gobierno, luego de 314 días.
España transita hacia un cambio de era política. Como en gran parte de los países europeos, la antigua división izquierda-derecha, basada en clases, se diversificó. Podemos, Ciudadanos y ahora el partido extremista Vox, son apoyados por electores que se alejan de la dimensión derecha – izquierda, erosionando las viejas escisiones sociales, ampliando la oferta a otras cuestiones transversales a ese espectro como las políticas de género o de inmigración.
Nuevas elecciones
Tras escasos ocho meses y medio de gobierno socialista -moción de censura de por medio al gobierno de Rajoy-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio obligado a convocar elecciones generales para el 28 de abril, tras perder el respaldo de los independentistas catalanes para aprobar los presupuestos generales de 2019. Tres elecciones en poco más de tres años marcan el escenario político español.
En este nuevo turno electoral del 28 de abril, el PSOE capitalizó su fracaso: Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños (38 más que las últimas elecciones), frente a los 66 del PP (71 menos). Ciudadanos pasó a ser la tercera fuerza política con 57 escaños (26 más) y Unidas Podemos retuvo 42 escaños (tres menos). Vox aprovechó la debacle del PP para irrumpir en el Parlamento español con 24 escaños. De nuevo se observa un arco partidario muy fragmentado pero a los socialistas con la posibilidad de ser investidos para gobernar los próximos cuatro años en la Moncloa.
El panorama que se le presenta al socialismo después de estas elecciones es mejor que el que tenían antes de convocarlas. A su izquierda puede pactar con Unidas Podemos, y con algunos partidos autonómicos, sin la necesidad de contar con el apoyo de los independentistas catalanes (aunque para ello necesitaría de, al menos, una abstención en segunda vuelta). A su derecha, puede plantear un acuerdo con Ciudadanos, aunque hoy existe un distanciamiento claro entre ambos líderes, y es muy probable que Rivera se niegue a pactar para constituirse en la primera alternativa en la oposición. Para esta nueva Legislatura deberá demostrar que es un líder de un partido liberal y moderno, y no un nacionalista español.
En cuanto a Podemos, Iglesias pudo aplicar un torniquete a la sangría luego de sus luchas internas y sórdidos egos universitarios. Pierde votos pero gana influencia como factor clave en la gobernabilidad. El PP se derrumbó. La apuesta por extremar sus posiciones y alejarse del centro fracasó estrepitosamente. Perdió votos por el centro (Ciudadanos) y por la derecha (Vox).
España comienza nuevo ciclo que requerirá de acuerdos, concesiones y diálogo, y que sigue mirando, detenidamente, a Cataluña. La legitimidad de la Constitución del 78, que garantizaba la formación de un gobierno y que contenía las distintas expresiones de un país tan plural como España, hace crisis. El laberinto político actual sólo deja claro que las bases constitucionales sobre las que reposó el sistema español durante más de 30 años, quizá merezcan una revisión y probablemente ajustes.
