Un escándalo de proporciones y derivaciones impensadas está sucediendo en la ciudad de Río Cuarto. No referimos al caso de narcolavado en el que se encuentran involucrados empresarios, sindicalistas y policías. Tal vez, porque no se produzca en la ciudad de Córdoba no tenga la repercusión que debiera tener (el centralismo no solo es una característica porteña).
Es que en la ciudad del sur de nuestra provincia desde hace casi cinco años se viene desarrollando una investigación a través del Juzgado Federal de Río Cuarto que lleva casi cinco años y que no solo tiene a 16 detenidos, sino que está vinculada con el reciente homicidio de Claudio Torres.
El occiso, señalado por diversas fuentes como “zar de la droga” y al que se indicaba como uno de los más grandes distribuidores de Córdoba, fue asesinado con una ráfaga de disparos de grueso calibre el 16 de enero pasado en la puerta de su casa en Río Cuarto, al bajar de su Audi TT pasadas las ocho de la noche. Dos personas que lo esperaban y luego huyeron en una Renault Kangoo fueron los autores, filmados por las cámaras de seguridad de la propia vivienda. Torres estaba armado con una pistola que no llegó a utilizar.
El hecho derivó en el apartamiento del exjefe de investigaciones de aquella localidad y actual detenido en la causa.
La causa preocupa por varios motivos. Por un lado por la relevancia de los personajes involucrados, por otro por las vinculaciones políticas que se van vislumbrando de a poco, junto a ello por la peligrosidad que se van evidenciando y que se pueden ejemplificar en las amenazas que sufren los investigadores, especialmente el Juez Carlos Ochoa, De hecho, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ha realizado un procedimiento en el mismísimo edificio donde funciona la jefatura de la Unidad Departamental Río Cuarto.
No es la primera vez que hechos así suceden por estos lados. Cada tanto nos vemos sacudidos por estas noticias que vinculan al crimen con el poder y el dinero, y donde suele mezclarse la droga y miembros de las fuerzas policiales.
Cuando ello pasa la opinión pública reacciona con indignación y los gobernantes para tratar de calmar las aguas, empiezan a dar discursos con lenguaje enérgico, hacen algunos cambios como para mostrar poder de reacción, expresan públicamente su apoyo a las investigaciones que lleva adelante el Poder Judicial (¿extraño sería que dijeran lo contrario?). Pero al poco tiempo todo vuelve a ser como era entonces.
Esta actitud de nuestros representantes se extiende a todos los casos en los que personal policial es descubierto participando en un crimen. Mediante discurso o declaraciones públicas nuestros políticos y representantes expresan con dureza que se debe expulsar a “estos delincuentes disfrazados de policía”, y hablan recurrentemente de profesionalizar a la policía, de capacitarla de dotarla de mejores medios, etc.
Un discurso que lleva años y las cosas siguen igual. De la declamación a los hechos, la distancia en nuestra provincia parece siempre sideral.
Todo esto nos lleva a preguntar en relación a la Policía de la Provincia ¿no será necesario, en relación a la conducta de sus miembros realizar cambios, que impliquen procesos de selección y capacitación más profundos y serios que vayan acompañados de un sistema de control interno y externo más eficiente? Esto implicaría trabajar en las causas más que en los resultados del comportamiento de las fuerzas policiales. Mientras escribimos estas líneas recordamos la advertencia que nos hacía un viejo profesor de procesal penal en la Facultad de Derecho, -también miembro de la policía de la provincia-, respecto al peligro que significaba que la política trasforme a las fuerzas policiales en su guardia pretoriana. Es decir, que deje de brindar seguridad a todos los ciudadanos para pasar a ser los custodios de la impunidad de los poderosos.
Entendemos que sin decisión política todo seguirá igual. La vigencia de la democracia, en el día a día, depende en no poca medida de la fortaleza y eficiencia de sus instituciones. Y el debilitamiento de estas, su desnaturalización, más a la corta que a la larga, se traduce en una consecuente pérdida de calidad de vida de todos nosotros.