¡Es el Estado bobo, estúpido!

Por Marcos A. Sequeira. (*)

El Estado, decía Alberdi, obra en oportunidades “como un ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor” (Alberdi, 1920: 163). Hace ya algunos años, tuve el honor de ser invitado a las “Segundas Jornadas de Teoría Política” celebradas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, evento organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y su homólogo de la Universidad de San Pablo (Brasil). El tema de las jornadas fue “Ciudadanía, civilización y civismo: la teoría política ante los nuevos desafíos”. El común denominador de esas jornadas, celebradas en 2002, fue el rechazo hacia el creciente activismo del Estado. Los académicos allí presentes temíamos que, invocando los mejores ideales (salvaguardar a los sectores más desaventajados, por ejemplo), el Estado terminara involucrándose en los asuntos de cada uno, ahogando las iniciativas personales y –finalmente- oprimiendo a los individuos. Según estas ideas rectoras, a partir de su esencial falta de información, el Estado iba a tender a convertirse en un “gigante bobo”, bienintencionado pero incapaz de actuar.

En ese cuento maravilloso que es “El Aleph”, Jorge Luis Borges describe a un personaje con mucho humor. Se trata de Carlos Argentino Daneri. Dice Borges respecto de él que “era autoritario, pero también era incompetente”. ¿Pero cómo? ¡Si era autoritario, se espera que al menos sea competente! Sin embargo, Daneri era no sólo “autoritario” sino, también, “incompetente”. Se espera que los gobiernos autoritarios sean, por lo menos, competentes.

Del “Estado bobo”, o ingenuo, o ausente o irresoluto, se comenzó a hablar mucho en nuestro país, en la década de los 90, cuando el ex presidente Dr. Carlos Menem comenzó a privatizar todas las empresas públicas, en procesos en los que éstas se “regalaban”. Además, había una industria de juicios, en los que el Estado siempre terminaba pagando de más (cifras varias veces millonarias), perdiendo plata u obsequiándola. Con el tiempo, fuimos descubriendo que el Estado, en realidad, además de “bobo”, era un Estado “corrupto”. No era sólo ineficiencia, mala administración, impericia, inutilidad o estupidez. Había robo, gente que en el medio de toda esta situación “de excepción” hizo suculentos negocios.

Estas situaciones han sacudido a la República Argentina. Antes y después de Menem. Si nos referimos a épocas actuales, podremos observar que los problemas estructurales de Argentina pasaron a profundizarse a partir de la pandemia de covid-19; evidenciando que, en momentos en los que las sociedades son acosadas por una situación extrema, que además implica muchos muertos, hay una tendencia a hacer una gran delegación de poder en alguien de quien se espera que lo resuelva casi todo. Algo parecido sucedió ya en el mundo como consecuencia de las guerras. Empero, ni en ese entonces, ni ahora, la emergencia da derechos a hacer cualquier cosa. La torpeza de un “Estado bobo”, que paga alimentos a precios que no valen, en un país que produce alimentos y donde los valores son fácilmente contrastables; que confunde la imposibilidad de pago con la evasión, que constantemente comete errores de gestión y arbitrariedades, ¿es un Estado bobo? ¿o un Estado cómplice? No le achacamos todo esto al Gobierno actual (solamente). Desde hace mucho tiempo -acentuado en este momento, por la pandemia-, el Estado argentino tiende a crecer, a ser más grande, pero a la vez más autoritario e ineficiente.

El pensador italiano Giorgio Agamben habla de cómo la política cada vez entra más en “estados de excepción”. Tanto que la “regla” pasa a ser la “excepción”: normas extraordinarias, decretos de necesidad de urgencia, suspensión de las reglas generales; en definitiva, confinamiento de la ley. Cuando pasan estas cosas, la “ley” empieza a ser reemplazada por la “gestión”. Es entendible que quien gobierna debe poseer un cierto margen de maniobra y las manos libres para hacerlo, pero el problema se presenta cuando ese límite se corre y la gestión reemplaza a la ley.

La falta de ley, de reglas generales, la preeminencia “de lo operativo” -siempre “urgente- por sobre “lo institucional” nos colocan en una grave situación de indefensión. Empero, sería incorrecto e injusto echarle todas las culpas al Presidente.

El Poder Legislativo, que se debate en grotescas discusiones acerca de si puede o no sesionar virtualmente, y el Poder Judicial, que prácticamente no trabajó en lo que va del año 2020; fueron creados para limitar el ejercicio del Ejecutivo. Pese a ello, permanecen “cerrados”.

Su actividad, aunque parezca mentira, “no es considerada -en los hechos- esencial”. Es más importante (y “esencial”, según uno de los tantos decretos de necesidad y urgencia que se vienen dictando desde que se desató la pandemia) una “ferretería”.

No estamos ante una cuestión dogmática ni basada en una defensa ingenua de la libertad individual. Es, sin lugar a dudas, incomprensible, que el Congreso y nuestros Tribunales, que precisamente fueron concebidos para garantizar las libertades de los ciudadanos, permanezcan inertes. Más grave aún, resulta en un país donde el “estado de excepción” ya se ha transformado en un “estado de excepción cuasi permanente”.

La excepción, en Argentina, ya es la regla. Veamos un ejemplo: la Ley de Emergencia Económica que se aprobó por la crisis del año 2001, estuvo vigente desde 2002 hasta 2018, 16 años que incluyeron el mayor apogeo de la economía argentina probablemente de su historia.

La historia del país nos evidencia un Poder Ejecutivo que se expande cada vez más. Acumulación de poder que va diseñando la arquitectura de un Estado que despliega la idea de patrullar las redes sociales, establecer el toque de queda en algunos municipios, delegar en los intendentes el control de precios, la implementación de la ley de abastecimiento (ley 20680), o la iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que después volvió atrás, de restringir el movimiento de los personas mayores de 70 años.

Medidas excepcionales que son “detalles”, si se los compara con el “megarrégimen de excepción” en el que, quizás sin saberlo, estamos desarrollando nuestras vidas. En ese enorme Estado de excepción, el Estado es incapaz de coordinar un simple cronograma de pagos a jubilados u organizar el pago de servicios en efectivo en una economía que se mueve así porque sencillamente la mayoría de economía nativa se mueve “en negro”.

Como dijo Borges de Daneri, no sólo vamos a un Estado con un sesgo cada vez más autoritario sino también incompetente. Y como si esto fuese poco, cruzado por la corrupción.

Es decir, un Estado que no puede comprar ni comida ni barbijos. El ministro Arroyo atribuyó a la bobera del Estado pagar 700 millones de pesos por una compra que -si se realizaba en el súper de la esquina- salía 400 millones. No hay bobos en una compra de 700 millones. El presidente Fernández, fiel a su estilo, exculpado de todo en una complaciente nota con el periodista Jorge Fontevecchia sostuvo que la culpabilidad estaba solamente del lado de los empresarios.

El Estado, al parecer, no posee ninguna responsabilidad. Como vemos, la política ha sido convertida en un negocio. Un gran y jugoso negocio. No es la manzana que está podrida, el cajón todo está podrido. Reiteramos, para que no queden dudas, que el entramado incompetente y corrupto en la República Argentina no nació con la pandemia del coronavirus. El país que habitamos se viene gobernando desde un “gigante bobo”, bien intencionado (en el mejor de los casos), pero incapaz de actuar con una mínima eficiencia.

“La falta de ley, de reglas generales, la preeminencia ‘de lo operativo’ -siempre ‘urgente’-, por sobre ‘lo institucional”  nos coloca en una grave situación de indefensión. El ‘estado de excepción’ ya se ha transformado en un “estado de excepción cuasi permanente”

(*) Profesor titular de posgrado en las materias Finanzas Públicas, Derecho Tributario, Procedimientos Tributarios, Régimen Penal Tributario y Derecho Penal Aduanero, de distintas facultades en Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Sociales de Argentina