ESCUCHARPor Salvador Treber
El Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), ha realizado un valioso aporte sobre este tema, que no ha sido atendido adecuadamente por ningún gobierno, pese a su enorme relevancia para la sociedad argentina. Para dar una idea, basta sólo con referir que en el año 2010 nada menos que 18,4% de la franja de niños y jóvenes entre 5 y 16 años, que comprende a 8,2 millones de infantes, 1,5 millón estaban sometidos prioritariamente a tareas de trabajo infantil e incluso una alta proporción sacrificando la oportunidad de concurrir normalmente a centro educativos.
Esa dramática situación se ha venido modificando de modo tal que al cabo de seis años, o sea hasta fines de 2016, dejaron de estar en esa situación alrededor de unos 500 mil, lo cual es una buena noticia pero requiere agudizar la gestión oficial para eliminar cuanto antes esta indignante forma de explotación. Si se verifica a qué ritmo se produjo esa baja, puede advertirse que entre 2010 y 2014 hubo buenos resultados pues la relación porcentual bajó en un tercio, y que durante el último bienio del lapso referido la reducción fue de un ínfimo -0,1%; virtualmente nada.
El hecho de que nadie entre las respectivas patronales haya sido sancionado, pese a que hubo varios cientos de denuncias, insinúa un clima de tolerancia gubernamental que no tiene justificación alguna. Es cierto que la mitad de los integrantes de ese colectivo realiza tareas en el ámbito familiar pero no por ello se justifica que queden privados de un nivel adecuado de instrucción. A ellos se deben sumar un tercio adicional que empresarios explotadores que han incorporado “en negro” por un pequeño salario y, obviamente, sin ningún tipo de beneficio social. Lo más irritante es que lo hagan como si cumplieran las normas pues esa franja de niños y jóvenes está condenada para siempre a vivir en la miseria.
Respecto a la baja habida, Unicef no le da demasiado crédito y señala que esperará analizar el trabajo para expedirse fundadamente. La coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia señala: “No podemos adjudicar este descenso a una sola causa. Fueron varias cuestiones en simultáneo. A partir de 2010 existe la Asignación Universal por Hijo, que tiene como prestación ir a la escuela y eso produjo una merma que nosotros podemos comprobar a través de estudios. Y también influye la recesión de la economía pues cuando hay menos trabajo para los adultos también hay menos trabajo para los chicos”.
En el próximo mes de noviembre, entre el 14 y 16, está convocada la IV Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil que tendrá como sede nuestro país, pero las autoridades locales pareciera que no se tratara de un tema relevante pues no han tratado de crear el “clima” para que nuestra sociedad se vea aludida y movilice en forma positiva a la opinión pública. La mencionada reunión internacional contará con unos 1.500 representantes no sólo de organismos gubernamentales, sino también de organizaciones privadas empresarias y de trabajadores que tratarán de impulsar acciones generalizadas para borrar esa penosa mancha de las sociedades en todo el mundo.
Al efecto de realizar un aporte al tema, varios entes internacionales coordinados por Unicef están preparando un trabajo con base en una encuesta especial que hará hincapié en poner en evidencia la situación en cada uno de los países asociados y promover convenios de colaboración para coadyuvar en el logro de las metas antes referidas. Lo curioso y poco reconfortante es que, en nuestro caso, no se hayan publicitado ni adoptado medidas efectivas para bajar sensiblemente el número de menores que siguen privados de educación e incluso del solaz que implica el juego y las distracciones, indispensables a tan temprana edad.
En cuanto a la información provista por la investigación de la UCA, en carácter de crítica, sostienen que “Ellos sólo miran aglomerados urbanos muy grandes y no pueden captar, más allá de una tendencia, lo que está sucediendo con el trabajo infantil, menos en el ámbito rural”. La primera investigación sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes data del año 2004 y se reiteró en 2012, pero las autoridades actuales no las considera idóneas. Al efecto, advierten de que “Es mucho más difícil medir el trabajo infantil que la inflación”. Una buena iniciativa adoptada es el flamante Programa Buena Cosecha, que atiende a niños y jóvenes en las horas que sus padres trabajan.
El titular de la Comisión para la Prevención del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresó con cierta complacencia al ver “un escenario que es favorable se generó soporte institucional, y existen comisiones en todas las provincias”. Sobre la localización de la referida problemática, no es ninguna sorpresa que la Provincia de Buenos Aires, con un 38,2% de la población total del país, sea donde se registra una proporción muy semejante de niños y jóvenes sometidos a trabajos tanto rurales como urbanos. En general hay coincidencia en que en el área rural los índices de trabajo infantil son mucho más elevados.
Los especialistas se esfuerzan en subrayar que el trabajo infantil siempre perjudica a los niños ya sea en la fase psíquica o física, los retrae de toda relación social perjudicando su evolución y deteriora los resultados de los que concurren a clase, incluso impulsándolos a abandonar la escuela tempranamente. Los padres son quienes inducen a trabajar a sus niños y, muy habitualmente, procuran repetir con ellos la forma como ellos fueron perdiendo sus propias expectativas de progreso y de acceso a otras actividades no sólo más rentables sino que coadyuvaran a elevar su formación intelectual. Las tareas manuales y rutinarias, en especial como las que se verifican en el área rural, no estimulan en ningún sentido positivo.
Los propios padres no deberían llevar a sus hijos a trabajar pues sería muy importante para asegurar el futuro de ellos y la sociedad toda que se estimule primero la asistencia y luego la “retención escolar”. En ese sentido, el Plan Nacional de Primera Infancia en nuestro país no asegura nada de lo justifica su existencia. Su absoluta falta de eficiencia queda patentizada por el número de niños y jóvenes que trabajan y así pierden perspectivas y oportunidad de superarse, que es muy elevado pues se mantiene desde 2014 en delante virtualmente sin cambios de alguna significación. Por otra parte, el avance científico-técnico en el mundo e incluso en el país no los favorece sino que se transforma en una valla insuperable que los posterga y desalienta aún más en forma definitiva.
No se debe olvidar que el propio Indec ha establecido que ocho de cada diez jóvenes en nuestro país, de entre 14 y 29 años, están desocupados o situación de precarización laboral. Ello significa que entre los varones lo sufre el 17,2% y en el caso de las mujeres trepa al 20,1%. En cuanto al índice de desocupación plena llega al 25% computando incluso los que se desempeñan en un trabajo no registrado que incluye al 80% de toda esa franja que integra la Población Económicamente Activa (PEA). Por supuesto, los más jóvenes están en peor condición y no hay nadie que registre un puesto estable.
Los analistas suelen elogiar los avances logrados respecto a la reducción de la mano de obra infantil en el período 2010/14, pero omiten señalar que no ha habido nuevos avances en su erradicación posterior; interrumpiéndose así un proceso que aparecía en toda América como ejemplar. La llamativa discontinuidad de las encuestas en esta materia se verifica en forma fehaciente pues entre la primera y segunda encuesta pasaron ocho años (2004 y 2012) y con tales virtuales “lagunas” en materia informativa, entre dichos años el tema no fue motivo de una acción como lo exige.
Esa situación no puede ser adjudicada a un “descuido”, aunque es sintomático que no haya habido una acción conjunta de las tres jurisdicciones estatales y fuera muy esporádico el accionar de la Comisión Nacional de Trabajo Infantil, creada en 2004. Esta comisión no exhibe una gestión continuada y eficaz e incluso muy sospechosamente hasta 2010 marca un período de fuerte crecimiento del trabajo infantil. Recién en ese último año se desarrolló una gestión oficial efectiva que tuvo sus resultados al generar una baja de la explotación infantil que liberó a nada menos que 500 mil niños y/o jóvenes de hasta 16 años.
El titular del área en materia de trabajo infantil de la OIT, en reciente visita a nuestro país, ha hecho una evaluación desconcertante que no condice con la realidad al sostener que ve “un escenario que es favorable, se instaló el tema en la agenda pública, se generó un soporte institucional, y existen comisiones en todas las provincias”. Sin embargo, si se investiga sobre la acción de estos supuestos organismos especializados locales, se llega a una conclusión desilusionante pues no hay expresiones positiva de una actividad que aparece como nula. No debe olvidarse que el servicio educativo en los tres primeros niveles está a cargo de las provincias pero los niños y jóvenes a que hacemos alusión no concurren regularmente a clase. En consecuencia cabría preguntar ¿que se ha hecho para corregir esa grave irregularidad?.
El desempleo en Argentina en 2013 alcanzaba 8,8% de la PEA, y hasta 2016 se elevó a 9,9%; mientras los trabajadores sin cobertura de salud abarcan 71,5% de ese colectivo y los no asalariados ascienden a 33,3%, por ello no es posible pensar que en la franja totalmente ilegal, que incluye a los niños entre 5 y 14 años, la situación que afrontan sea mejor. La ausencia total de control y la falta de acciones para que concurran al colegio más de un millón de ellos se convierte en una gravísima anomalía social.
El autor de la presente nota, docente con 55 años de ejercicio en esa actividad, plantea el penoso cuadro actual en la esperanza de coadyuvar a que los funcionarios tanto nacionales como provinciales opten por actuar en forma efectiva y dejen de ignorar esta alarmante situación.
