ESCUCHAREn un contexto de ebullición social en el que se viene de condenar a doce dirigentes catalanes con penas por “sedición”, este tipo de hechos cobran una dimensión particularmente especial
Por Gonzalo Fiore Viani
Especial para Comercio y Justicia
Finalmente, después de años de idas y vueltas, se exhumó el cuerpo de Francisco Franco con el objetivo de trasladarlo desde el Valle de los Caídos al panteón privado de su familia en el cementerio de El Pardo.
El Generalísimo, dictador de España desde el final de la Guerra Civil, a partir de 1939, hasta su muerte en 1975, había mandado a construirse un fastuoso monumento que alberga a las víctimas del conflicto que azotó al país entre 1936 y 1939.
El dictador hizo trasladar, en aras de la “reconciliación”, en 1950, los cuerpos de sus partidarios muertos en la guerra pero también los de varios republicanos, sin informar a sus familias. Sin embargo, el grueso de los caídos integrantes del bando republicano aún se encuentra en fosas comunes, muchas veces se sabe el lugar de éstas pero no pueden ser desenterrados los cadáveres. Uno de los casos más famosos es el del poeta granadino Federico García Lorca, fusilado durante el conflicto, cuyo cuerpo al día de hoy se encuentra aún desaparecido. Mientras tanto, partidos políticos como el ultraderechista Vox o, de manera más velada, el mismo Partido Popular (PP), reivindican abiertamente parte de la herencia franquista.
En España, ni durante la Transición democrática se juzgó a los verdugos franquistas. De hecho, fueron muchos exfuncionarios del viejo régimen quienes encauzaron al país en el rumbo democrático. Entre ellos el mismo presidente Adolfo Suárez, primer mandatario de la democracia española recuperada, quien había sido integrante de las filas de la Falange y gobernador civil de Segovia bajo el mandato del mismo Franco. Suárez en primer término fue elegido por el rey Juan Carlos I, sin embargo fue capaz de llevar adelante el proceso de autoliquidación de las cortes franquistas, de legalización de los partidos políticos, entre ellos el del Partido Comunista, y de celebrar los comicios generales de 1977, cuando resultó electo presidente. No obstante, como parte de la política de “reconciliación nacional”, se acordó no juzgar los crímenes de la dictadura de Franco. Ello continúa, con algunas pequeñas excepciones, hasta el día de hoy. A diferencia de otros países que sufrieron genocidios, como Camboya o Argentina, España nunca saldó su memoria histórica ni juzgó a los victimarios.
El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recibió críticas tanto por izquierda como por derecha por la medida de trasladar el cuerpo. Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, dijo que “esto habría que hacerlo en período no preelectoral y, sobre todo, no apuntarte medallas”. Mientras que el candidato presidencial del PP, Pablo Casado, dijo que no va a “gastar ni un minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50”. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, calificó la decisión directamente como la “profanación de una tumba”.
En tanto, la vicepresidenta Carmen Calvo hizo hincapié en que este hecho debería servir para “reflexionar sobre lo que significa para la propia imagen del país y para la democracia”. Sánchez, por su parte, lo puso en términos de una “gran victoria de la dignidad, de la memoria, de la reparación y de la justicia española”. La decisión fue tomada en 2017 por el Parlamento. Se pudo llevar adelante sólo ahora debido a distintos recursos de amparo interpuestos por los descendientes de Franco. Su bisnieta, incluso, llegó a visitar al papa Francisco para solicitarle que intercediera al respecto.
Aunque en 2007 el gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero promulgó una ley de “memoria histórica”, ésta ha tenido pocas consecuencias en lo concreto. Mariano Rajoy (PP) se ufanaba de “no haber gastado un solo euro” en su cumplimiento. La derecha considera revisar los acontecimientos del pasado como una forma innecesaria de “reabrir heridas” en el pueblo español. Paradójicamente, en el mismo cementerio donde fue enterrado el cuerpo de Franco, reposa el cadáver de otro dictador tristemente célebre: el dominicano Leónidas Trujillo. Ambos tuvieron una estrecha relación durante sus mandatos. Lo cierto es que sería inimaginable una tumba con las características del Valle de los Caídos que albergara a exdictadores como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia o Salazar en Portugal. Sin embargo, han tenido que pasar varias décadas para que el Estado español tomara la decisión de modificar esta situación.
España es el segundo país del mundo con más fosas comunes sin desenterrar, después de Camboya. Los muertos de la dictadura son aproximadamente 150.000. Las viejas heridas de la Guerra Civil parecen reabrirse de vez en cuando con este tipo de medidas. Reaparecen los nostálgicos del régimen, los familiares de las víctimas o algunos viejos perseguidos.
En un contexto español de ebullición social en el que se viene de condenar a doce dirigentes catalanes con penas por “sedición”, este tipo de hechos cobra una dimensión particularmente especial. Con la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, a menos de veinte días de las elecciones, se ha avanzado retirando a Franco de un sepulcro con honores que claramente no merece. Más allá de esto, uno de los grandes déficits del Estado democrático español sigue siendo un resarcimiento concreto a los descendientes de las víctimas de la dictadura. Como cantaba Ismael Serrano en Al bando vencido, la verdadera deuda que aún tiene España es honrar a quienes perdieron, quienes construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero.
