ESCUCHARPor Armando S. Andruet (h)*
twitter: @armandosandruet
No resulta ningún hallazgo especial, como tampoco habrá de generar un atormentador dato de la realidad efectiva, señalar que el sistema de administración de justicia en la República Argentina está deteriorado.
De ello, todos los días existen muestras elocuentes. Y remedios que se ponen en marcha que a nadie se les escapan como cosméticos, ocasionales y que al fin de cuentas hacen de placebos institucionales. Lejos de cooperar a la sanidad de lo institucional, agravan la desfalleciente realidad del sistema de administración de justicia de la República.
Debo aclarar, para ser justo en mis dichos, que cuando señalo el sistema de administración de justicia de la República fundamentalmente considero la imagen que la Justicia federal tiene en la percepción de los ciudadanos y que, como sistema judicial de excepción que ella es, supone una competencia en cuestiones en las que se juzga, antes que bienes privados, bienes públicos. Y por ello es que importa mucho más a toda la ciudadanía su práctica judicial.
De cualquier manera, también debo señalar que ello no excluye que diferentes justicias provinciales también tengan una percepción ciudadana debilitada y por lo tanto el desprestigio les alcance de igual manera. Mas ello es una cuestión que no podría ser seguida cuidadosamente sino por quienes tengan un diagnóstico más cercano a cada una de ellas, que yo no poseo.
Por tal razón es que siempre resulta conveniente que los propios ámbitos locales de administración de justicia formulen sus estudios de relevamiento, investigación y difusión que permitan hacer la trazabilidad del sistema de administración de justicia en el tiempo. Para, con ello, salir de los meros aportes -bien o mal intencionados- que desde la coyuntura siempre es posible efectuar y enarbolar otros, que sean de matriz científica y metodológicamente constatados.
Ellos permiten hacer una línea de tiempo respecto a las coordenadas de percepción social y confianza pública en la justicia, de independencia de los jueces y responsabilidades éticas asumidas por ellos, así como de capacidad operativa e instrumental para alcanzar resultados efectivos a la promoción de la paz, la concordia y la armonía socio-política de los ciudadanos.
En dicho marco reflexivo, hay que señalar que en el ámbito del sistema de administración de justicia de Córdoba, al menos existen tres investigaciones importantes cumplidas en diferentes momentos de la vida institucional de la Provincia y de su sistema judicial, que permiten tener una aproximación, con los claro-pintos propios, a más de las lecturas sesgadas e intencionadas que todo instrumento investigativo puede permitir referir. Una base de acción documentada acerca de la calidad y eticidad del sistema de administración de justicia local, que podrá gustar mucho o poco a sus actores institucionales, pero es la que existe.
Dichos campos de trabajo han sido los siguientes: 1) Año 1993, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba encargó la encuesta de opinión “La imagen de la ley y la justicia en la opinión pública”.
2) Años 2009-2010, el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba realizaron la investigación “Imagen de la Justicia de Córdoba”.
Y por último, 3) Año 2017, el Colegio de Abogados de Córdoba encargó a una agencia privada el estudio “Imagen del Poder Judicial de Córdoba”.
De todos ellos han resultado elementos persistentes y otros circunstanciales que afectan la imagen del sistema de administración de justicia y de los cuales, en algunos casos, se han producido mejoras y en otros éstas todavía se aguardan.
Realizada esta diferenciación, que no podía ser soslayada, quiero volver a las percepciones sociales del sistema de justicia de la República, para lo cual los últimos resultados de investigaciones de percepción han devuelto guarismos por demás alarmantes y totalmente vergonzantes para el colectivo judicial.
Así, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, vinculado con la Universidad Católica Argentina, reconocido por su credibilidad, señala que el índice de ésta entre los ciudadanos en la justicia en los últimos dos años ha descendido de 19,7% a 11,7% (diario La Nación del 31/3/18).
Sin embargo, el sistema judicial parece leer con denodada fruición los avatares políticos que en suerte le pueden afectar su estado de equilibrio, y muestra un total descuido por los resultados que delatan que detrás de números fríos y sin espíritu existen ciudadanos dolientes por un sistema que aprecian y desearían que mejore. Porque en la mejora del sistema estará la propia de cada quien.
No obstante, las voces que se levantan para hacerse escuchar no son oídas. La reflexión de naturaleza sociopolítica es inevitable: ¿hasta dónde los ciudadanos estarán dispuestos a levantar el tono de sus quejas y cuándo abandonarán ese camino y pasarán a la acción?
Obviamente que ello no es lo deseable, pero alguien debe pensarlo como una posibilidad no querida pero posible.
En los días pasados, al menos tres acontecimientos importantes merecen ser apuntados como instrumentos que al fin de cuentas intentan hacer navegaciones profundas en el proceloso, convulsionado y siempre interesado mundo judicial. Entiendo que con ello se aspira a poder alcanzar algún grado de visibilización de los problemas severos que existen en el sistema de administración de justicia, superando la cómoda actitud de la sobre-diagnosticación del problema, y pasar entonces a gestiones instrumentales para la transformación de un circuito vicioso y opaco, en otro virtuoso y transparente.
En uno de ellos se aspira a la búsqueda de los anclajes para mediciones futuras respecto al funcionamiento del sistema de justicia nacional, como también a poder visualizar bolsones de opacidad en ciertas prácticas judiciales; además de ubicar responsables directos o indirectos de ello.
Obviamente que esto será posible siempre y cuando el trabajo que se ha cumplido para la obtención de los resultados haya cumplido con una cuidadosa sucesión de momentos metodológicos adecuados y propios de cualquier tipo de investigación empírica.
Si ello no es así, ninguno de sus resultados podrá ser convalidado. En tal sentido, apuntamos a los resultados de la “Auditoria sobre la Justicia Federal”, requerida y cumplida por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El segundo de los acontecimientos adelantados se ubica en un registro provincial de Buenos Aires titulado “Reforma integral de la Justicia” que, pese a que nos referimos ahora a la Justicia federal, tiene un importante valor simbólico y absolutamente emulable. Además, para marcar diferencias sustantivas si acaso deviene comparado con el pomposo título de “Lineamientos de una política de Estado para la transformación de los poderes judiciales” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por boca de su presidente, anunció el 6 de marzo.
El programa de reformas que el Poder Ejecutivo provincial bonaerense ha formulado y comienza a ejecutar se vincula con el proceso de selección de magistrados y la formación permanente de los abogados.
El último de los acontecimientos que se ha producido, del cual haré una apostilla exclusiva, se vincula con una actividad académica científica cumplida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los días 12 y 13 pasados, organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia de CABA y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Paradójicamente, hay que decir que el día 12 los ciudadanos realizaban marchas que mostraban su anhelo de una “justicia mejor” y repudiando mucho la existente.
Dicha “Jornada de Ética Judicial” es continuidad de otra anterior, realizada en Córdoba en el año 2017, co-organizada junto al ministerio nacional mencionado por el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba.
Huelga señalar que las consideraciones que se realizaron no son sintetizables en un párrafo. Se consideraron perspectivas graves sobre el estado de la administración de justicia nacional, como también se propusieron acciones objetivas para las transformaciones reales. Quieran las circunstancias que el importante plexo de actores públicos e institucionales que estuvo asuma la responsabilidad de ser consecuente, en la acción, con lo dicho en el discurso.
Sólo para culminar el aporte, recordamos las últimas palabras escritas en una de las meditaciones de John Donne, la Nº 17, en el siglo XVII: “…nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”.
Ojalá que nunca sea por la justicia.
