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César Arese, presidente de la Asociación Argentina del Trabajo y la Seguridad Social, advierte de que la elevada litigiosidad de los tribunales laborales y la falta de políticas para agilizar la resolución de los conflictos deja sin respuestas reales a los trabajadores.
La reforma judicial -hoy tan en boga en nuestro país- está lejos de resolver los problemas de una justicia cada vez más sobrecargada de trabajo, burocrática y limitada en sus recursos.
Un poder judicial rápido y eficiente parece no estar en la agenda pública, al menos no en lo que se refiere al fuero Laboral argentino. Catorce millones de trabajadores deben ser atendidos en sus conflictos laborales y previsionales. La reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, impulsada por el Ejecutivo, no ha venido a mejorar la alta demanda de los tribunales laborales.
En Córdoba hubo un intento por reformar el Código Procesal laboral: una comisión de expertos trabajó en esa iniciativa, que quedó cajoneada en el despacho de algún ministro.
El camarista y profesor universitario César Arese fue elegido recientemente presidente de la Asociación Argentina del Trabajo y la Seguridad Social. Comercio y Justicia dialogó con él y éstas son algunas de las reflexiones que le dejó a este medio.
-Se ha estado debatiendo la reforma de la justicia, se hicieron cambios pero poco se ha hecho para agilizar los procesos judiciales. ¿Qué balance hace sobre la actividad jurisdiccional en los tribunales del trabajo?
-Hay datos contundentes. En el último lustro se ha duplicado la cantidad de juicios iniciados y elevados a la Cámara del Trabajo de Córdoba y tan solo en 2012 ingresaron 22.816 y se celebraron 23.322 audiencias de conciliación.
Salvo la creación de dos juzgados de Conciliación, prosecretarías y aumento de personal, la estructura orgánica es la misma de hace dos décadas. La consecuencia es la demora en la resolución de los casos que no se concilian y que puede estimarse en un promedio superior a dos años.
En el ámbito federal y en otras provincias el panorama no cambia demasiado.
En lo nacional el proceso es escrito, con trámite administrativo previo, dos instancias y ahora un tribunal de casación, es decir, cuatro instancias, sin contar el recurso ante la Corte Suprema. Puede imaginarse el resultado.
– Hubo en Córdoba un anteproyecto de ley para reformar el Código Procesal laboral que nunca llegó a la Legislatura. ¿Por qué cree no prosperó?
– Se trató de un esfuerzo importante de los actores del fuero Laboral, pero bajo el principio de que no se concretarían inversiones importantes para esa reforma. Se pensó en mantener la doble etapa actual (conciliación y cámara), el mismo proceso y la misma cantidad de tribunales. Por lo tanto, se trabajó en un proyecto que debía mejorar lo existente. Fue archivado por el Gobierno sin ninguna explicación.
– Una reforma en el Código Procesal puede descongestionar los tribunales del trabajo y acelerar los juicios laborales?
-Es imprescindible. Sólo una reforma profunda puede modificar el panorama y alcanzar una Justicia laboral eficaz y moderna. El objeto central es que garantice el acceso a tutela judicial-laboral efectiva según los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El proceso laboral que se extiende indebidamente es desregulador o flexibilizador, priva de derechos alimentarios y deja sin respuestas reales a los trabajadores.
El nuevo sistema procesal debe poseer tribunales suficientes con expediente digital, simplificación del procedimiento y la prueba, de instancia única, oral y concentrada, dictado de sentencia en no menos de cuatro a seis meses de interpuesta la demanda y una instancia de casación a cargo de un tribunal especializado. A lo sumo, el proceso total puede durar un año.
-¿Pero es posible?
Por supuesto. Mire Brasil. Existe gran litigiosidad y la respuesta fue inversión en el fuero Laboral de carácter federal, con despapelización y tribunales en todo su inmenso territorio. Mire España, Francia, Chile, Uruguay o Venezuela, ejemplos muy diversos, como puede verse, donde se dictan sentencias laborales en unos pocos meses al igual que en Brasil.
-¿Qué otras medidas deberían implementarse para brindarle a los ciudadanos una respuesta ágil y eficiente en el fuero Laboral?
-No debería aislarse la cuestión. Es preciso atacar las fuentes del litigio laboral, las condiciones y medio ambientes de trabajo siniestrantes, el trabajo irregular y el desconocimiento del derecho del trabajo. Esto se logra con autorregulación, pero también con control sindical y administrativo de cumplimiento de la legislación laboral.
La inspección de trabajo ha crecido, pero no se encuentra debidamente integrada y profesionalizada. Luego, producido el conflicto, debería acudirse a su encausamiento con la conciliación laboral autónoma por convenios colectivos y la autoridad administrativa. En ese punto hay déficit, especialmente en materia de siniestros laborales, porque debe garantizarse al trabajador accidentado o enfermo por causas laborales atención médica inmediata, rehabilitación, recalificación y reparación directa, justa y suficiente.
Sigue luego facilitar el acceso y atención del conflicto en sede judicial con una conciliación humanizada, personalizada, experta y con infraestructura para atender a las partes. Finalmente, la primera palabra final de la sentencia en forma pronta y justa y un recurso de revisión final bien próximo.
-¿Qué hace falta para alcanzar ese objetivo?
-Primero, lograr la conciencia sobre la necesidad de una “Nueva Justicia Laboral”. Después, lograr la decisión política, partidas estatales suficientes y poner en marcha las reformas de los sistemas administrativo y judicial de trabajo. El objetivo final es que se responda democrática y socialmente a los principales demandantes de esos sistemas: los trabajadores en conflicto con necesidades médicas, alimentarias o reparatorias urgentes.
