El problema de la imputabilidad penal

Por Patricia Coppola (*) 

A diferencia de otros problemas sociales, con relación a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, son muy pocas las cifras capaces de dar cuenta de la realidad y, cuando excepcionalmente aparecen, un sector de medios de difusión y de la clase política lleva adelante un alto nivel de manipulación de la opinión pública. A partir de frases sin sustento empírico como “aumento alarmante de los crímenes cometidos por menores de edad”, o “entran por una puerta y salen por la otra”, en referencia a la impunidad, se pretende construir una política criminal que, en general, solamente redunda en proponer la baja de la edad de imputabilidad, como una solución mágica que no sólo no reviste ninguna novedad sino que ha demostrado su permanente fracaso. 

A pesar de la evolución normativa de la legislación referida a niños, niñas y adolescentes, en la práctica, los sistemas de administración de Justicia no parecen haber superado la vieja doctrina de la situación irregular, según la cual la infancia se divide en, por un lado, aquellos infractores, generalmente pobres y en situación de abandono y, por el otro, aquellos socialmente adaptados. Esta concepción da lugar a la selectividad, arbitrariedad e impunidad del funcionamiento de la justicia para niños, niñas y adolescentes. 

Para la construcción de un sistema adecuado y eficaz con relación a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, se requiere la producción de información cuantitativa confiable. Es el único modo de comenzar a desmitificar el problema. Los menores de 18 años, constituyen más de la mitad de la población; sin embargo, su participación en la totalidad de las estadísticas criminales es sustancialmente menor, no guardando ningún tipo de proporcionalidad con sus números absolutos. Además, se requiere rechazar la simplista patologización de los problemas sociales, por un lado, y, por el otro, la existencia del vínculo automático entre pobreza y criminalidad, la que resulta injusta tanto con los pobres que no delinquen como con los ricos que sí los hacen. 

En ese sentido, en la provincia de Córdoba, recientemente, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, difundió algunas cifras relevantes. Del total de jóvenes punibles (16 y 17 años) sólo 0,4% (530 jóvenes) se encuentra dentro del sistema penal juvenil; sólo 0,01% dentro de la franja de no punibles (entre 13 y 16 años) están acusados de cometer delito y sólo tres habrían cometido delitos de gravedad. Según datos del Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura del año 2022, en Córdoba, sólo 0,7% de los homicidios fue perpetrado por menores de 16 años de edad, es decir, un solo caso. 

Sólo en el marco de la democracia es posible pensar en un proyecto de seguridad respetuoso de los derechos. De eso se trata la seguridad ciudadana: tanto derecho tiene la sociedad a su seguridad colectiva, como todos y cada uno de sus ciudadanos, niñas, niños, adolescentes y adultos, ya sean respetuosos de la ley o en conflicto con ella, al respeto de sus derechos individuales.

Consideraciones

Asistimos a un momento político en el que el Gobierno dinamita las políticas públicas que tienden a atender los aspectos sociales. La historia siempre ha mostrado que, cuando el Estado se retira en ese ámbito, crece el estado penal, esto es, su intervención violenta.

El Gobierno, al presentar el proyecto, asume la existencia de aproximadamente dos mil adolescentes alcanzados por la ley penal en todo el país y marca una progresión de delitos cometidos por esa franja entre los años 2021 y 2023. Lo que no dice es que en el año 2015 la cifra era de aproximadamente cuatro mil.

Nadie sensatamente afirma que, frente a los delitos cometidos por adolescentes, el estado tenga que permanecer inerme; lo que se afirma es que lo que debe hacerse es por fuera del sistema penal. Se requieren intervenciones estatales en el ámbito de la salud (adicciones), de la educación, de la familia, etcétera.

¿Es que acaso otro tipo de políticas públicas no pueden atender a dos mil adolescentes en todo el país? ¿Es que lo único, o lo mejor que se les ocurre, es ampliar el ámbito del sistema penal?

La inseguridad no es “un problema” sino que es el resultado de varios y complejos problemas: los adolescentes constituyen uno de ellos y -sin duda- son el eslabón más débil de los grupos delictivos y empresas criminales y las principales víctimas de las políticas neoliberales.

Insólitamente, el Gobierno nacional considera que los adolescentes están en condiciones de votar, trabajar, jugar en línea e ir presos, mostrando total desconocimiento e insensibilidad frente a todos los estudios serios y recomendaciones realizados en torno a la adolescencia en todo el mundo.

Por último, no terminamos de asumir que la sanción de leyes no soluciona, mágicamente, los problemas sociales. La referida ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen los derechos a los que son acreedores todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Lo que se necesita no son más leyes sino jueces que las apliquen y funcionarios que las ejecuten.

Todas estas consideraciones no pretenden romantizar ni la niñez y adolescencia, ni la pobreza ni mucho menos abonar la impunidad sino aportar argumentos para una política criminal democrática. Decisiones tales como la baja de la edad de imputabilidad, el endurecimiento de las penas, el desentendimiento por las personas de todas las edades privadas de su libertad y, en definitiva, el ensanchamiento del derecho penal, siempre han respondido a un oportunismo político falaz y, más allá del pretendido respeto a los derechos que declaman, responden a un modelo autoritario de política criminal.

Por su parte, un modelo democrático y eficaz de política criminal supone la defensa de los derechos de todos y cada uno de los habitantes de este país que bien sabe de frivolidades, corrupción y violencia y constituye una condición necesaria de una paz que no se sustente en el paradigma del orden, del miedo y de la sumisión.

(*) Abogada, integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)