ESCUCHARSin disponer de datos ciertos sobre la forma como cerrará el ejercicio 2013, se ha enviado a la Legislatura el proyecto para el año próximo, que sólo busca cumplir con el requisito legal pero no fija el rumbo de las políticas sectoriales. Por Salvador Treber
Al filo de la expiración del plazo legal para concretar la remisión del referido Proyecto, junto con otro destinado a modificar y actualizar el régimen tributario, dichos instrumentos fueron girados para su consideración en las últimas horas del viernes 7 de noviembre ppdo. Por lo tanto, recién el lunes 9 tuvo estado público y un día después, el ministro de Economía se presentó ante el plenario de la Unicameral para respaldar el contenido de ellos.
El Mensaje que acompaña comienza tratando de delinear el “contexto económico”, tanto nacional (fojas 3 a 7) como provincial (fojas 7 a 14 inclusive). En un párrafo (foja 11) se sostiene que “…para el cierre estimado 2013 se espera financiar el total de gastos corrientes con los ingresos corrientes” y falazmente se persiste en hacer aparecer el resultado final como equilibrado. Dado que, según la Cuenta de Rendición del período enero-septiembre, la Deuda Flotante había ascendido a $4.954,3 millones, resulta obvio que tal planteo resulta totalmente insostenible.
En cuanto al Gasto Total para el período próximo, ha sido estimado en $44.614 millones. Ello obliga a recordar que el del año precedente fue elevado originalmente por ese concepto con un total de $32.860,7 millones, lo que implica un muy significativo incremento básico de 35,7%. Al comenzar a desarrollar la parte específica de las “Políticas Presupuestarias para el año 2014” (foja 15), en forma muy grandilocuente se señala al efecto que “incluye 179 objetivos estratégicos”, los cuales “…están asociados a 232 categorías programáticas” que requieren se establezcan “528 iniciativas necesarias” con lo que anuncian “serán monitoreadas a través de 788 indicadores de producto que han sido establecidos para controlar el cumplimiento de los programas”.
En realidad, al margen de esta aparentemente sofisticada metodología, salvo la suba o actualización de las cifras el nuevo instrumento difiere muy poco del que está en ejecución. El párrafo se cierra advirtiendo que “…se pondrá énfasis en dar un salto cualitativo en la información que surge del sistema, mediante un completo seguimiento físico y financiero de todas las variables”; pero no se explicitan las nuevas vías que se utilizarán para convertir tales promesas en una realidad palpable.
Las funciones y asignaciones en materia de Gastos
En la foja 34 se presenta un detalle sintético de las erogaciones encolumnadas por separado. Las Corrientes suman $38.007,4 millones (86,5%); mientras las de Capital figuran con un total de $6.004,7 millones (13,5%). Lo atribuido a Inversión Directa sólo asciende a $ 4.388,4 millones y justamente en este aspecto, desde ya, se consignan Economías a Realizar por $650 millones (foja 25). Resulta muy significativo que el rubro Personal (Remuneraciones) se haya calculado en sólo $21.645 millones, lo que representa 49,2%, cuando en el actual dicho rubro cubre alrededor de 58,7% y no aportan razones o causas valederas al respecto para introducir esa merma.
También llama la atención lo a pagar por Intereses. En la proyección hasta fines de 2013 figuran con $294,1 millones y son elevados a $532,2 millones para el próximo año; es decir, con un aumento de 80,96%. De acuerdo con lo convenido en 2009 con la Nación, cuando se renovaron los plazos y se bajó la tasa de interés entonces vigente, el pago inicial parcial debería ser atendido en 2014, aunque se suponía una ampliación del término, lo que la mencionada partida revelaría como fracasada.
En cuanto a las principales finalidades de los Gastos de Capital, ubican en los primeros términos los rubros Transporte (rutas asfaltadas) con $2.729,3 millones (45,5%), seguido por los Servicios Sociales con $1.679,8 millones (28%) y $1.085,3 millones (18,1%) los previstos en el ámbito de la Administración Central. Al margen de la sistemática subejecución que se verificó en proporciones superiores a 41,6% durante los últimos ejercicios y, especialmente, en 2013, es muy improbable que se logren cumplimentar cifras que son 85,1% más elevadas que las originales de 2013.
La composición de los recursos
La posible recaudación propia de tributos para el ejercicio próximo se ha calculado llegaría a $15.438,6 millones (35,1%); con lo cual superarían en un muy modesto 21,8% respecto a los $2.767,8 millones más que esperan concretar en este año. En cuanto a los provenientes de la jurisdicción nacional, llegarían a $28.592,6 millones (64,9%), correspondiendo al régimen de la Ley de Coparticipación Federal Nº 23548 la suma más importante de $18.073,6 millones y otros regímenes obligatorios o discrecionales absorben los restantes $10.519 millones.
En la composición adjudicada a los de administración propia, el impuesto a los Ingresos Brutos con $12.322,4 millones cubre 79,8%, aunque el ajuste interanual es de apenas 22%. En segundo término, muy distante, con $1.409,8 millones (9,1%) se encuentra el impuesto de Sellos; el mpuesto Inmobiliario (Rural y Urbano) con $1.139,3 millones (7,4%) y el que recae sobre la Propiedad Automotor con $568 millones (3,7%).
Es evidente que esa estructura es altamente regresiva pues recae en gran proporción sobre el consumo de la población y muy levemente sobre sendas expresiones patrimoniales (inmuebles y rodados). No obstante, la presentación del ministro de Economía ante la Legislatura puso especial énfasis en aportar datos sobre la bastante moderada carga que pesa sobre los titulares de inmuebles. Dado que las alícuotas del primero en Córdoba son las más altas en el cotejo con las otras 23 jurisdicciones locales y que la variación en los precios ajusta automáticamente los montos potencialmente recaudables, el titular de la cartera pretendió explicarlo como una concesión subrayando que “No se aumenta Ingresos Brutos y se mantiene un presupuesto equilibrado para bajar los costos financieros”; lo cual, en ambos casos no se ajusta a la realidad.
Mediante su exposición puso especial énfasis en que “el 77 por ciento de la población que paga Impuesto Inmobiliario Urbano (733.000) pagan entre 250 y 300 pesos anuales de incremento”; a lo cual agregó “que esto representa unos $25 mensuales”. Insistiendo sobre el particular subrayó “que para el 52% de esa población el aumento del impuesto que pague por el Inmobiliario sea de entre 100 y 150 pesos anuales y así no sea tan gravoso”. Lo más llamativo es que sobre la propiedad rural haya preferido guardar total silencio y no hacer correcciones de ninguna índole.
Resulta muy sintomático que frente a una cosecha récord 2013/14, tanto en el país como en Córdoba, respecto a la propiedad de los campos no hayan introducido cambios de ninguna índole y se insista, tal como se supo convenir hace varios años con que ese subsector, lo que se recaude sea exclusivamente volcado a las mejoras de dichas áreas, desatendiendo todas las finalidades sociales; con lo cual incluso pierde el carácter para transformarse en una “contribución de mejoras”.
Según datos expuestos en la foja 25, la elaboración prospectiva para 2014 se hizo introduciendo un incremento global de 26,14% sobre la Proyección de la ejecución final 2013 pero esta estimación no es confiable. Ajustada a la realidad y siguiendo las normas vigentes en la materia, para ser homogénea la comparación debió efectuarse considerando los dos proyectos iniciales, en cuyo caso implicaría una suba real de 37,8% que se trató falsamente de disimular.
Igualmente errónea es la forma que presentan las siete agencias y ocho organismos descentralizados que, sistemáticamente, se omite exponer en las rendiciones trimestrales y aparecen muy escuetamente mencionados en un parco párrafo final de la foja 29 bajo un equívoco título “Presupuesto de Otros Entes Estatales de la Provincia”. Lo que correspondería es proporcionar la misma información que de la Administración Central pues todos son parte de su sector estadual; pero respecto de ellos lo que se oculta no es sólo la gestión sino, muy especialmente, su pasivo.
Presupuesto plurianual
A partir de la foja 30 se incorporan estimaciones por rubros que corresponden al período 2014-2016 mediante diez fojas. En los tres casos se presentan cuentas equilibradas, lo cual no es real y la prueba de ello es la existencia de una crecida “deuda flotante” que también se ignora. La evolución de los Ingresos Corrientes se presenta con sendos sucesivos incrementos de apenas 16,4 y 15,8% para los dos últimos ejercicios expuestos a futuro. Es obvio que estos índices nada tienen que ver con lo vivido hasta ahora y que surge de las ejecuciones completas, no parciales, tal como se “dibujan” en el Ministerio de Economía. Dado que los respectivos Ingresos de Capital son poco significativos ($1.524,8; 1.756,4 y 2.018,2 millones), registrando subas muy escasas (15,2% y 14,9%) que optimizan la presentación.
En cuanto al total en que figuran las erogaciones, de los $44.032,5 millones previstos para 2014 se pasa a $51.856,9 millones en 2015, que representa un aumento interanual de 17,8%. Respecto al ejercicio 2016, se calcula que ascendería a $59.176 millones; es decir, apenas 14,1% por encima del previsto para el año precedente. Aun aceptando que fueran fidedignos y expusieran la más probable situación futura, habría motivos para preocuparse pues estarían extendiendo a todo un trieño funciones sólo consuntivas que no alcanzarían para restaurar las proporciones de bienes de capital que se pierdan por el simple transcurso del tiempo, la mera actividad y, menos aún, cubrir en mejor medida áreas críticas.
El rubro unitariamente más importante, en todos los casos, es el de pago al Personal y la previsión tanto en 2015 como 2016 es, en cada caso, apenas 16,8% mayor que la del año anterior. Aun admitiendo que no haya nuevas incorporaciones ni mejoras de escalafón, nadie puede siquiera suponer que lograrán conformidad gremial y habría que esperar múltiples desencuentros de creciente importancia. Todo esto está condicionado a la solución que tengan los variados frentes abiertos en el último mes de 2013.
Como además, la proporción de los mismos respecto al gasto total ha sido ubicada en 49,2% para 2014; 47,4% en 2015 y 48,5% para 2016, unos diez puntos porcentuales por debajo de la ejecución de 2013, debe admitirse que ni siquiera en un concepto de tanta conflictividad potencial se trabajó con una cuota adecuada de seriedad. Si esto sucede con un tema crucial, nada bueno se puede esperar de estos cuadros de trieños mal “dibujados”…
