ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Como pocas veces, se ha visto en Latinoamérica una reacción social e institucional contra la corrupción. Parece que, finalmente, se despertara de un largo e inexplicable letargo. La corrupción ha golpeado duramente nuestro continente, no sólo mediante sus dictaduras sino también, lamentablemente, por gobiernos elegidos por el voto popular.
Seguramente, la operación Lava Jato sea el paradigma de la lucha contra la corrupción por estos lados, calificada por la prensa brasileña como la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil, la que por sus ramificaciones ha “salpicado” a muchos gobiernos y empresarios latinoamericanos.
Este caso comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (capital de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. La investigación llevó hasta el cambista Alberto Youseff -experto en blanqueo de dinero- quien, junto con la declaración de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, constituyó la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales.
El caso es conocido como “Lava Jato” (lavado rápido de autos, a vapor) porque en tal investigación se constató que políticos y directivos de Petrobras utilizaban una red de lavaderos de autos y estaciones de servicio para “blanquear” dinero de coimas.
Precisamente, nos visitó hace unos días el juez brasileño encargado de la investigación, Sergio Moro (foto), quien hizo manifestaciones no sólo sobre el problema de la corrupción sino sobre la importancia que asume para el sistema democrático que sea debidamente combatida.
En una conferencia dada en la ciudad de Buenos Aires aludió a la naturalización que en parte se hace de este fenómeno, cuando expresó que la operación Lava Jato era un caso de “corrupción sistémica”, que tenía a ésta como una regla de comportamiento. Destacó que “el avance de la causa Lava Jato sobre importantes personalidades políticas y empresariales de Brasil sirvió para fortalecer un gobierno de leyes, de derecho, la idea de un imperio del derecho, que nadie existe por encima de él”.
Señaló también que casos de corrupción como éste requieren de una gran transparencia en su investigación y una debida publicidad ya que “Al tener impacto fuera del mundo judicial es importante que la sociedad civil y la opinión pública tengan conocimiento de lo que sucedía dentro del proceso”; esto porque “la misma opinión pública funcionó como una protección del proceso, ya que juicios donde están involucradas personas poderosas corren riesgo de ser obstruidos”.
Varias veces desde esta columna hemos tratado la necesidad de una lucha frontal contra la corrupción. Nunca es redundante volver sobre ello. Tal necesidad se funda en varias razones. La primera, que una sociedad libre es incompatible con prácticas corruptas.
Hoy por hoy, el peor enemigo de la democracia resulta la corrupción, que socava las instituciones hasta hacerla implosionar. En segundo término, por su perverso efecto social, que induce en nuestras sociedades a la pobreza y marginación de muchos, mientras que aumenta la desigualdad al beneficiar enormemente a unos pocos. En tercer término, porque a más de ser en sí misma un delito, brinda el caldo de cultivo ideal para prácticas criminales aberrantes como el narcotráfico o la trata de personas.
Por todo ello, actualmente la necesidad de preservar el sistema institucional y de fortalecer la democracia pasa por estas tierras, por enfrentar decididamente las prácticas corruptas y sacarlas “fuera de la cancha”. Y no basta para ello con abstenerse de llevarlas a cabo sino intervenir para hacer cesar las de otros. Ya que como dijo el juez Moro, la corrupción socava la credibilidad en las instituciones cuando se produce pero también cuando los funcionarios o la sociedad se muestran cómplices o incapaces de enfrentarla.
Pues, como dijo Edmund Burke -pensador inglés-, en tiempos de la Revolución Francesa: “Para que el mal triunfe, sólo basta con que los hombres buenos no hagan nada”.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
