ESCUCHARPlanteó institutos legales castrenses que luego se extendieron al mundo y rigen aún hoy
La coronación de Luis Felipe de Orleans como primer rey constitucional de Francia planteó no pocos desafíos de aggiornamento jurídico. Debía reorganizarse al Estado dentro de los conceptos de la Charte constitutionnelle de 1830.
No por nada al soberano se lo apodaba el “Rey ciudadano” (Roi citoyen), quien incluyó la novel constitución en el centro de su escudo de armas, para escándalo de los monárquicos de medio continente.
Con un cuerpo electoral reducido, propio del sufragio censitario, pero con una gran participación, se llevan a cabo las elecciones legislativas de Francia. La Cámara de Diputados se convierte así en el corazón de la vida política gala.
Uno de los primeros frutos de dicha asamblea, con figuras como François Guizot y Louis Adolphe Thiers fue la loi sur l’état des officiers de 1834. Jean Saglio, en su trabajo “Le droit à la carrière des officiers de la marine”, publicado la Revista Francesa de la Administración Pública Nº 116, entiende dicha ley como uno de los primeros textos en los que aparece el derecho a la carrera, formulado en el marco de un moderno sistema de la función pública.
Como un antecedente podemos también citar la creación, en el reino de Prusia, en 1794, de la categoría de los funcionarios. Se trataba, al decir de Almut Schoenfeld, en el artículo sobre las pensiones alemanas publicado en The Wall Street Journal en abril de 2004, de un servicio al Estado en el que, a cambio de una estabilidad en el empleo y una paga regular, debían cumplir sus funciones “dónde y cómo el gobierno les mandara”.
Es asimismo la conclusión del proceso de reformas jurídicas militares, que se inicia con la ley Gouvion-Saint-Cyr del 10 de marzo de 1817, relativa a la contratación y la promoción castrense, y continúa con las modificaciones de la ley Soult del 14 de abril de 1832.
Laurent Gouvion, marqués de Saint-Cyr, antiguo mariscal de Napoleón apodado por su trato distante “el hombre de hielo” (Homme de glace) así como “el mal dormido” (le mauvais coucheur), fue una persona fiel a sus convicciones y de acciones polémicas, como la entrega de Napoleón a los ingleses o la disminución del ejército imperial, así como uno de los oficiales más ilustrados del ejército.
Uno de los frutos de esa intelectualidad, siendo ministro de Guerra del régimen de la restauración, luego de la caída de Bonaparte, fue la norma que lleva su nombre, superadora de las costumbres del Antiguo Régimen, en el que la nobleza reservaba los grados de oficiales y poseía regimientos o compañías, para establecer un sistema modernos de promoción en los grados. Así, se debía tener una edad mínima para el ingreso como oficial o suboficial, así como cierta antigüedad en años en el grado para ser promovidos. Los suboficiales deben contar con al menos 20 años de edad y haber sido soldados durante al menos dos años. Los oficiales deben haber servido durante un mínimo de dos años como suboficiales, si bien también pueden ser nombrados después de completar los cursos y ejercicios de la escuela militar y aprobar los exámenes.
Los ascensos se hacen en parte por mérito (un tercio de los subtenientes se toman de entre los suboficiales) y otras dos terceras partes de los grados de tenientes capitanes se otorgan por antigüedad y es necesario haber permanecido al menos cuatro años en un grado para ascender al siguiente. Solo el reemplazo en el campo de batalla para compensar las pérdidas o el heroísmo en operaciones militares permite acortar los plazos.
Después de la Revolución de julio de 1830, con la asunción de Louis-Philippe como rey, el mariscal Jean-de-Dieu Soult fue designado ministro de Guerra y siguió con la reorganización del ejército de línea. Soult escribió un informe al rey, presentado luego a la Cámara de los Diputados el 20 de febrero de 1831, en el que critica la ley de su predecesor por no haber podido incrementar los efectivos y cuyos procesos de ascensos contribuyen a sobrepoblar los grados. Propone los ejes principales de una nueva política militar encaminada a incrementar el número del ejército, reducir el exceso de personal y asegurar su abastecimiento.
Una parte de dichas reformas, que duplican el efectivo militar y crean la Legión Extranjera, son las leyes del 11 de abril de 1831 sobre pensiones militares, del 21 de marzo y 14 de abril de 1832 sobre reclutamiento y ascensos en el ejército y, por último, del 19 de mayo de 1834 sobre el estatuto de los oficiales.
Se considera a la loi sur l’état des officiers de 1834 como la expresión “canónica” de posiciones jurídicas respecto de la naturaleza jurídica del vínculo del militar en un Estado de derecho, estando no sólo activas algunos de sus aspectos al presente, sino que continúa siendo tomada como referencia de las evoluciones en la materia, tal como refirió explícitamente el ministro de Defensa francés al presentar a la Asamblea Nacional el texto que posteriormente se convirtió en ley Nº 2005-270 de 24 de marzo de 2005 sobre el estatuto general de los militares, que actualmente rige las fuerzas armadas galas.
Como nos dice Saglio en su trabajo, la norma buscaba dar solución al problema de implementar un sistema de gestión democrático (un système de gestion démocratique des officiers), respecto de los oficiales militares.
Supuso también, el nacimiento del derecho militar moderno con no pocos nuevos institutos y reglas. Pero esa es ya otra parte de la historia.
