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Estamos ya en tiempo de descuento para concluir 2020. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que no fue un año para nada ordinario. Acaso fue particular como ningún otro. La pandemia modificó los hábitos y comportamientos de las personas para mostrar lo mejor y lo peor de nosotros.
Entre tantas cosas sucedidas podemos marcar en primer lugar las dificultades que hubo para respetar los derechos individuales en medio de las medidas profilácticas que necesariamente se debieron tomar. En este sentido hubo distintas reacciones de los Estados ante “el temor a lo desconocido” que se presentaba en forma de un virus.
La cuarentena, el distanciamiento, y los imprescindibles cuidados propio y ajeno llevaron a las distintas autoridades a tomar muchas decisiones que limitaron en algunos casos de manera justificada y en otros de modo exagerado y hasta arbitrario las garantías ciudadanas. En nuestro país, tuvimos que lamentar tristes resultados consecuencia de los “excesos en el cuidado” que nuestros gobiernos (nacional, provincial y municipal) nos impusieron. La muerte de Solange sin que su padre pudiera verla antes del triste suceso, golpeó duramente a la sociedad cordobesa. Sin embargo, no fue el único caso: situaciones similares se vivieron en otras provincias, ocasionadas por el cierre de los accesos a las mismas.
La clausura continuada de las escuelas es tal vez uno de los daños más grandes que ha ocasionado la pandemia/cuarentena. Lamentablemente también se produjo lo mismo con empresas y comercios, generándose un daño educativo y económico muy difícil de dimensionar en estos momentos. Tales medidas, en algún momento razonables, dejaron de serlo sin que nadie modificara tal extremo.
En el ámbito judicial, al cierre temporal de los Tribunales le sucedió su apertura parcial de la mano de la informatización del servicio de justicia. La implementación de este modo de trabajar entendemos que era necesaria y ha sido un gran avance. Sin embargo, los abogados litigantes y los justiciables han sentido que ello ha traído un distanciamiento mediático que debe ser corregido a futuro. Una Justicia más cercana a las necesidades ciudadanas y que dé respuesta a los requerimientos profesionales sigue siendo una necesidad que debe ser satisfecha en nuestro Estado democrático de derecho.
En opinión de muchos, tampoco hubo un liderazgo a tono con la exigencia de la situación. Hasta las palabras del Presidente respecto a que no se gestionó “tan mal” la crisis parecen apuntar en tal sentido. Cabe recordar que los países institucionalmente robustos generan líderes de crisis. Generalmente, personas que no formaban parte hasta entonces de las grandes decisiones. Lo tuvo Gran Bretaña con Churchill o Francia con De Gaulle.
Pero no es un déficit sólo en el Estado sino también en las organizaciones intermedias. En este año, los profesionales autoconvocados tomaron una posta que sus entidades de referencia nunca debieron perder. Comerciantes, médicos, entre otros. Por nuestra profesión, lo vimos muy marcadamente en cuanto a los abogados. Si se reinició, a medias, la actividad en tribunales o si se retrotrajo la insólita rebaja del jus, no fue
por las autoridades colegiales sino por la acción, manifestación mediante, de los propios colegiados por la suya.
Las consecuencias de la pandemia/cuarentena afectaron asimismo las relaciones sociales-familiares. Sin embargo, como siempre el ser humano tiene respuestas para casi todos los problemas. Gracias a las redes sociales pudimos mantenernos en contacto con nuestros seres queridos y sostener nuestra actividad laboral. Paradójicamente, aquello que se sostenía desde la posmodernidad, de que los vínculos humanos se habían debilitado por culpa de las redes sociales, se vio desvirtuado por la realidad. Imaginemos que hubiese sido de esta pandemia sin internet. Tan importante fue que incluso en un exagerado mensaje gubernamental un funcionario del ministerio de salud de la Nación aconsejaba la mejor manera de tener ciber sexo. Una más de las actitudes bizarras que poblaron los menos, merced a un paternalismo mal entendido y por demás inoportuno.
En lo negativo, vivimos en un país cada vez más pobre con un proceso de pauperización que no es únicamente explicable desde la pandemia. Cuidado, de cara a las elecciones del próximo año, que a todas las incapacidades gubernativas, tanto de ayer como de hoy, se las quiera justificar desde ese tópico. El covid-19, en muchas áreas, no hizo sino acelerar de modo brutal procesos que ya estaban vigentes de larga data.
La gradual extinción de la clase media, la pérdida de nivel cultural, el declive de la educación y la salud públicas, la reducción de la pequeña y mediana empresa, el debilitamiento del valor de la moneda y los crecimientos de la inseguridad y del déficit fiscal no son cuestiones surgidas en el 2020. Tampoco, abarcan un único gobierno.
Quizás ese sea, de cara al futuro, el más grave de los riesgos: que se use en el año entrante la pandemia, para justificar lo injustificable.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
