ESCUCHAREl juego online que supuestamente pretende ser regulado por el proyecto presentado días pasados en la Legislatura de Córdoba, genera confusión entre sus objetivos y sus mecanismos, lo que me dejó pensando.
Los legisladores en sus fundamentos expresaron que la regulación de los juegos en línea representa hoy una oportunidad para el Estado provincial por múltiples motivos; entre ellos se seleccionaron cuatro: 1) otorga herramientas necesarias para garantizar que la actividad se desarrolle con transparencia y control, atada a la ley y amparando los derechos de sus usuarios; 2) permite desplazar y eliminar la oferta ilegal ya existente, de plataformas clandestinas que funcionan sin respetar ninguna normativa, sin ningún tributo ni beneficio para el Estado provincial, que hoy los usuarios utilizan por ausencia de alternativas debidamente autorizadas; 3) ofrece tecnologías necesarias para que los entes de contralor realicen un control fiscal detallado, en línea y en tiempo real, de cada transacción en las plataformas autorizadas en su jurisdicción; y 4) aprovecha otras tecnologías de control de registro y de geolocalización para asegurar el respeto del principio de jurisdicción que tiene cada provincia.
Para el cumplimiento del primer objetivo, el proyecto de ley debió detallar cómo hará para que la autoridad de contralor, es decir la Lotería de Córdoba, garantice la transparencia del juego en las pocas plataformas habilitadas. No hace mención alguna de, por ejemplo, la creación de una área de seguimiento informático o de la asignación de partidas presupuestarias específicas para fortalecer alguna área ya existente a quien se le asigne tan desafiante tarea. Controlar a unos pocos es lo que mejor sabe hacer el Estado argentino en todas sus jerarquías; como se dice en la jerga, caza en el zoológico. Ahora, lo difícil es controlar y desactivar las plataformas clandestinas, las cuales los legisladores reconocen su existencia. No sólo tecnológica sino también legislativamente, nada se ha previsto en el proyecto. Toda plataforma rechazará la potestad de Lotería de Córdoba para controlarlas.
El segundo objetivo se fundamenta en que, como no hay una opción legal, los usuarios terminan en la ilegalidad. Mientras más controla el Estado, más expulsa de la legalidad, en cualquier ámbito del comercio. En el articulado no se explica “cómo” se logrará eliminar la oferta clandestina; tampoco se asigna a Lotería herramientas para lograr esa fuerza coercitiva, desalentadora de la ilegalidad.
Las tecnologías que describe el tercer motivo realmente existen en el mundo, no necesariamente en Argentina. Se deduce que el Estado les hará invertir a los privados que exploten las plataformas licenciadas en soluciones informáticas que permitan al Estado controlarlos. Sería algo cercano a un autocontrol porque el que proveerá la tecnología será el controlado.
Del cuarto beneficio se rescata la geolocalización, una herramienta muy poderosa al igual que peligrosa. ¿A quién se va a geolocalizar? ¿A cada usuario o al prestador del servicio? Si del resultado de la geolocalización surge que el apostador está en otra provincia, no se debería tributar sobre esa participación porque sólo habilitaron el juego en Córdoba. No hay analogía con el extranjero que juega en nuestros casinos porque en este último caso el hecho imponible se genera en Córdoba. En el primer caso, tanto el jugador como la jugada se materializan en otra jurisdicción.
En estos días liberan animales de nuestro histórico zoológico cordobés, mientras crean otros nuevos zoológicos… tecnológicos.
* Abogado, especialista en derecho informático
