El Indec y su “verdad” sobre el nivel de pobreza

 Por Salvador Treber

El tema es realmente muy trascendente y en este muy difícil momento de la coyuntura económica mundial se torna de máxima relevancia. En nuestro país se habían barajado índices bastante diversos que terminaban por desconcertar y contribuían a acentuar la angustia y preocupación de esa penosa faceta del escenario económico-social. Los datos publicados corresponden al segundo semestre del año 2016, pero sus autores advierten de que debido a los cambios metodológicos introducidos, no son comparables con los de períodos precedentes. De todas maneras, y sólo como referencia, debe tenerse en cuenta que a junio pasado, los especialistas privados más prestigiosos estimaron, casi coincidentemente, que el índice de pobreza ascendía a 32,9% frente al 29,6% de fines de 2015.
Al proveerse en abril pasado los mencionados detalles adecuadamente cuantificados, se advirtió que no son comparables con los índices reestimados por la actual administración federal pues han modificado sustancialmente la metodología con el propósito de expresar en lo más posible la verdad y poder apreciarla así en forma más fehaciente. Es que es indispensable programar un esquema efectivo para mejorar las condiciones de vida actuales de la población. Por ello, los técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señalan que esta segunda publicación de información es la que deben tomar como básica para la realización de cotejos y futuras comparaciones.

La Encuesta Permanente de Hogares, que realizó el mismo organismo, ha establecido que en el país hay 13,3 millones de pobres, cálculo elaborado sobre la base de evaluar los datos que surgen de 31 centros urbanos (no se consideran las zonas rurales, que incluyen poblaciones con menos de 2.000 habitantes). En cuanto a los que por sus aún menores ingresos permanecen en condiciones de indigencia, también al finalizar el año 2016, ascendían a 2,6 millones; es decir 6,1% del colectivo general considerado.
Esta problemática es muy preocupante. En el Gran Buenos Aires los pobres ascienden a 4.367 millones; mientras en la Región Pampeana suman 1.810 millones, en el Noroeste 826,7 mil y en Cuyo 590,7 mil. Tras ellos se escalonan el Noreste con 445,4 mil y la Patagonia con 236,8 mil. Es evidente que se trata de un tema crucial, aunque no se advierten acciones por parte de ninguna de las jurisdicciones gubernamentales para encarar dicha problemática con suficiente firmeza, como para disminuir sensiblemente su indudable y muy  penosa dimensión.

Pobres y desocupados
Una no menos preocupante característica de los datos antes mencionados es que revelan la existencia de alrededor de 4 millones de asalariados con los que no se han cumplimentado los requisitos vigentes sobre individualización e inscripción, o como se denomina “en negro”; situación irregular que se mantiene sin reducir pues sus remuneraciones son inferiores a las mínimas legales y representan 13,4% del colectivo total sujeto a análisis. Tal “economía en los costos” de las respectivas patronales no implica que se hagan para bajar precios y ser más competitivos ya que esos “ahorros” mal habidos pasan a acrecentar los beneficios de quienes lucran con su implementación.
Esa grave anomalía hasta ahora no ha sido eficazmente combatida y, obviamente, la morosa actitud oficial, que puede calificarse de “permisiva”, coadyuva a que continúe sin modificaciones en el tiempo. Si se comprara lo que sucede en las diversas jurisdicciones, puede advertirse que en la región noroeste del país esta situación abarca 39% de los asalariados que trabajan en el sector privado; seguida por el conurbano bonaerense, donde representan 37,9%; siendo la región patagónica donde menos se utiliza esa “autolicencia empresarial”, ya que representa 16%. No está demás señalar enfáticamente que los involucrados no tienen servicio de salud alguno, obra social y demás coberturas de que gozan los que están registrados o “en blanco”.

La experiencia nos enseña que tales asalariados, especialmente después de cumplir 50 años, empiezan a pensar sobre los eventuales riesgos que provoca tal desprotección social y buscan cómo lograrla. En cuanto a la franja de desempleados, abarca 20,4% del colectivo total de población económicamente activa y lo integran nada menos que 1,6 millón de personas que buscan diariamente trabajo (9,3%) sin concretar su contratación efectiva. Dentro de esta franja se puede establecer que el masculino equivale 8,5%, y ese índice sube en el femenino a 10,5%. Debe advertirse, además, de que los “subocupados” (pretenden trabajar más horas que las que están laborando pero no consiguen hacerlo) constituyen un escalón adicional que representa 11,1% dicho total.
Todos los referidos son penosos componentes de la casi tercera parte de la población económicamente activa, que revisten la condición de pobres. Al respeto se observa que, pese a su empeño, no han podido evitar o interrumpir esa tan dramática y penosa condición, lo cual en muchos casos genera no sólo desaliento sino abandono de la búsqueda. En la condición de máxima pobreza, la población santiagueña de
La Banda exhibe los peores índices entre los 31 centros poblados evaluados, ya que esa condición abarca 44% de la población activa, aunque seguramente el hecho de que 34% de los niños de hasta 14 años vivan en ámbitos de extrema pobreza debería ser el dato más preocupante.

Las graves falencias de la gestión pública
Hasta ahora no se encarado tal problemática con la decisión e intensidad que deberían tener los funcionarios que mal atienden la gestión. Tan inexplicable falta de sensibilidad es inaceptable e incluso, con el transcurso del tiempo, se ha tendido a aceptar esa situación como “normal”, lo cual contribuye a agudizar cada vez más esa tan dramática circunstancia que jaquea y origina una sensación de inseguridad en el seno del pueblo pues parece que esa lacra no requiriera ser combatirla. La desigualdad en materia de ingresos lamentablemente hace a la esencia del sistema capitalista y en ese contexto constituye un éxito lograr una atenuación de la denominada “brecha”.
Según la elaboración los datos consignados, el Indec ha establecido que para un grupo familiar básico de dos adultos y dos niños, en promedio, se necesitaban ingresos mensuales de $5.798,57 para no ser considerados “indigentes”; y para no caer en la línea de la pobreza es indispensable percibir mensualmente, como mínimo, $14.090, según información oficial de fines de abril pasado. En cuanto a los que pretenden dejar de ser “pobres” e incorporarse a la franja “media-baja”, necesitan incrementar tales ingresos en $5.156 mensuales, lo cual en una economía en recesión o muy leve crecimiento no es nada fácil.
Frente a semejante situación se ha formulado el interrogante sobre la real factibilidad de mejorar esa situación en el corto plazo. Si se apela a la experiencia al respecto de otros países que, en ponderable grado, lo han conseguido, debe concluirse en que si dispone fijar tal objetivo lealmente se puede corregir y hasta revertir el retraso. A la vanguardia y como ejemplo, se encuentran varios países como Holanda, Noruega, Suiza, Finlandia e incluso uno de los “grandes”, Japón. En cambio Estados Unidos presenta un escenario con importante nivel de polarización y una amplia cuan injustificada franja de pobres que para la primer potencia mundial constituye una imperdonable lacra.

La situación en nuestro país
En Argentina, el Coeficiente de Gini, que se usa para medir el grado de equidad distributiva, al efecto de evaluar este aspecto es de 0,426, bastante semejante al de Estados Unidos, 0,417; aunque en la década de los años 70 (siglo XX) fue bastante más favorable, con un coeficiente de 0,364, muy similar al de Francia para los mismos años. La búsqueda de una mayor justicia distributiva requiere, sin excepción, una enérgica acción en tal sentido de sector público, que además de un sistema tributario concebido para que coadyuve a ese fin, debe proveer servicios sociales y educativos de calidad en todos los niveles, combinado con una muy activa gestión que se proponga firmemente captar la máxima proporción de jóvenes que componen la franja entre 5 y 23 años.
Resulta indispensable que lo que se ponga a disposición, además de eficiente, sea gratuito. En este sentido, Argentina exhibe una tradicional gestión vanguardista pero muestra sus falencias al no haber dado el énfasis indispensable a la captación de todos los jóvenes y a la gestión de reducir el abandono prematuro que asume porcentajes muy elevado. La provechosa acción del Gran Maestro Sarmiento, la ley nacional Nº 1.420, y el movimiento que impulsó la Reforma Universitaria en 1918 constituyen muy trascendentes escalones de ascenso en el campo de la educación popular que requieren una continuidad más comprometida del Estado.
Resulta obvio que cerrar las brechas de indigencia y pobreza plantean muy serias dificultades, pero en el éxito de esta misión se juega el futuro de nuestro país. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo advierte de que hay demasiada gente en situación de alta vulnerabilidad pues ello “impacta sobre aproximadamente un cuarto de la población del país que implican unos 10,6 millones de personas”. La concreción de esta vital actividad en las tres jurisdicciones ha comprometido hasta 6,2% del gasto público consolidado, aunque con ello no se ha alcanzado el deseable nivel de eficiencia.
No obstante, aún más preocupante es el hecho de que la actual administración nacional, en su intención de bajar sensiblemente el actual del gasto público, ha introducido elevados “recortes” en esta área tan estratégica, que ascienden a más de 15%. Lo cual debe ser rechazado por la toda la población, pues ello nos condenaría a un retroceso que parece no ser adecuadamente evaluado por los máximos funcionarios del área que no miden las negativas consecuencias que ello puede generar. Por el contrario, la realidad actual exige fijar el centro de la gestión en mejorar la calidad del servicio educativo tanto en las provincias como en el ámbito nacional.